La solución en Israel y Palestina es un nuevo Estado plurinacional

Donald Trump ha resucitado el fantasma de la solución de dos Estados para Israel y Palestina. Como los Acuerdos de Oslo de 1993, la propuesta del presidente estadounidense para la Franja de Gaza reconoce las “aspiraciones del pueblo palestino” para su autodeterminación. Sin embargo, también condiciona la creación del Estado palestino a una indefenida reforma política y a una inverosimil retirada parcial del Ejército israelí. Por si fuera poco, la hoja de ruta omite el futuro político de Cisjordania y somete a los palestinos a la tutela de una élite internacional que evoca al sistema colonial del Mandato británico.

Lo cierto es que la solución de dos Estados no se implementará hasta que así lo quiera Israel, que continúa siendo armado por Estados Unidos y Alemania. Varios Gobiernos celebraron la noticia, Hamás ha aceptado parte del plan y hasta 157 miembros de la ONU reconocen a Palestina. Sin embargo, las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca o el anuncio de un macroasentamiento en Cisjordania para “enterrar la idea del Estado palestino” invitan a descartar tal cambio a corto plazo.

Reputadas voces del antisionismo plantean otra solución, que evitaría el genocidio y la anexión: un Estado plurinacional en todo el territorio histórico de Palestina, que dé cabida por igual a israelíes y palestinos. Como la propuesta de los dos Estados, esta pasa por el visto bueno de Israel y sus aliados internacionales. Aunque idealista, al menos expone las contradicciones del sionismo y hace justicia a un territorio de facto interconectado espacial, económica y demográficamente, donde las fronteras de 1948 ya no tienen sentido. 

La solución de dos Estados ya no es viable

Cuesta imaginar que en Palestina aflore un Estado. En Gaza, Israel ha matado a más de 60.000 personas, que podrían ser hasta diez veces más (un cuarto de la población), y ha destruido dos tercios de los edificios desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. En Cisjordania, donde hay tres millones de palestinos, los colonos han aumentado de manera imparable desde la victoria israelí en la guerra de 1967, y ya son más de 700.000 repartidos en trescientos asentamientos, incluyendo Jerusalén Este. Aunque el término “asentamiento” parece remitir a fanáticos religiosos atrincherados en colinas, casi todos son ciudades de mediana envergadura con medio siglo de antigüedad y redes de energía, agua y carreteras. En el Área C —el 61% de Cisjordania, acorde a los Acuerdos de Oslo— ya hay más israelíes que palestinos. Además, el territorio es gobernado de facto por el sionista radical y ministro de Finanzas Bezalel Smotrich.

Sería improbable integrar a estos colonos como nacionales de un hipotético Estado palestino, pero también que regresasen a Israel. Aunque hay precedentes de repatriación masiva de colonos, como los 800.000 pied-noirs franceses tras la independencia de Argelia, esta posibilidad choca con la principal exigencia internacional al nuevo Estado palestino: que esté desarmado. Sin siquiera una policía efectiva, la Autoridad Nacional Palestina no tendría nada que hacer frente a miles de civiles que llevan años recibiendo material militar de Israel. Sólo el Estado hebreo podría poner fin a la colonización, bien con incentivos o presiones para la repatriación. Sin embargo, es un escenario impensable con los sionistas radicales en el Gobierno y con un líder de la oposición que tampoco se ha opuesto a los asentamientos. Además, según una encuesta publicada el pasado septiembre, el 63% de los israelíes rechaza la solución de dos Estados.

El otro gran escollo para la creación de un Estado palestino es su falta de liderazgo político. De nuevo, es una debilidad en parte atribuible a Israel: desde la división del movimiento palestino facilitando la financiación de Hamás y, más recientemente, de facciones tribales en Gaza, hasta la moneda única, el control de los impuestos en Cisjordania y de las fronteras con Jordania y Egipto. Con todo ello Israel ha debilitado un liderazgo que no podría tutelar un Estado independiente. Además de revertir sus privilegios, consolidados en Oslo y en el Protocolo de París de 1994, la solución impensable para Israel pasaría por conceder al Gobierno palestino el monopolio de la violencia, incluso frente a las incursiones israelíes.

Otros obstáculos para la solución de dos Estados son geográficos. La Palestina histórica abarca 27.500 kilómetros cuadrados —frente a los 500.000 de España, por ejemplo— y alberga a catorce millones de personas. Es una bomba demográfica que se agrava por el cambio climático, lo que explica por qué Israel busca más agua y territorio para su población. Si la sequía y el calentamiento global amenazan la habitabilidad de Israel a largo plazo, mucho más de la un Estado palestino aún más pequeño y fragmentado, sin recursos hídricos ni suelo arable. Todo ello mientras la economía globalizada exige más interconexión.  

¿Un Estado plurinacional en la Palestina histórica?

Frente a todo ello, en las últimas décadas varias voces han propuesto otra salida: la creación de un Estado plurinacional. Está la rocambolesca “Isratina” del dictador libio Muamar el Gadafi, pero también las ideas de influyentes pensadores palestinos como Edward Said o Rashid Khalidi, o el israelí Gideon Levy. En primer lugar, el nuevo Estado debería enfatizar la equidad de todos sus ciudadanos por encima de cuestiones étnico-religiosas. También debería reconocer la importancia por igual de Tierra Santa para cristianos, judíos y musulmanes, y Jerusalén tendría un estatus especial, como la ONU había previsto en los años cuarenta. Sería volver a la convivencia pacífica que paradójicamente ya existía, con matices, antes de la irrupción del colonialismo sionista, cuando más de 850.000 judíos vivían entre los musulmanes en ciudades como Túnez o Fez, mientras que en Europa el antisemitismo campaba a sus anchas. 

En segundo lugar, el nuevo Estado debería atajar las sangrantes diferencias sociales: hoy en día, el salario medio israelí es veinticinco veces más alto que el de los árabes en los territorios ocupados. También debería compensar a los miles de desplazados de la Nakba (1948) y la Naksa (1967), incluyendo el “derecho a la vuelta” de los seis millones de palestinos expatriados. Para ello, desde su creación en 1949, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha jugado un rol clave, conservando los archivos familiares de cientos de miles de personas y que sentarían las bases para este proceso. De ahí también que el Gobierno de Netanyahu intenta deslegitimar a este organismo.

El tercer pilar sería la rendición de cuentas ante la justicia internacional. Netanyahu tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad, y Hamás no podría jugar ningún papel en el futuro del territorio. Como en la desnazificación o los tribunales ad hoc de Ruanda y la antigua Yugoslavia, el periodo transicional debería ir más allá de los responsables directos, combatiendo el sionismo o islamismo radical que legitimaron la violencia, incluyendo comisiones de la verdad. Además, el hipotético nuevo Gobierno tendría que institucionalizar garantías de no repetición.

Aunque esta propuesta parezca inalcanzable, en 2021 era la opción preferida para los cisjordanos. El principal representante político de los palestinos ha sido Fatah, una organización secularista y de izquierdas, más que el islamismo político excluyente encarnado por Hamás. Según una encuesta del pasado mayo, el preso político Marwán Barguti, de Fatah, sería el candidato preferido por los palestinos en unas hipotéticas elecciones presidenciales, por encima de Jaled Meshal, de Hamás. Los israelíes, por su parte, tendrían que imaginar su identidad nacional en términos no excluyentes. Para muchos esto pasaría por enfatizar sus raíces sefardíes y mizrajíes que les unen al resto de países de la región. A ellos se unirían los ultraortodoxos contrarios al sionismo, muchos de ellos askenazíes, y, en general, los israelíes cosmopolitas. 

Existen precedentes para una nueva convivencia. Con muchas dificultades, Sudáfrica es una sociedad posapartheid con un 7% de población blanca, un ejemplo considerando que la Corte Internacional de Justicia sostuvo en 2024 que Israel lleva a cabo un apartheid contra los palestinos. En Oriente Próximo, un 8% de población cristiana convive en Jordania con la mayoría musulmana, mientras que la violencia sectaria en Siria y Líbano no se entiende sin el éxodo masivo de palestinos a sus territorios y las consiguientes invasiones de Israel. Este 2025, además, un sirio judío concurrirá en las primeras elecciones legislativas tras la caída del regimen de Bashar al Asad. Por su parte, en Irán viven 3.000 y 10.000 judíos,  y Emiratos Árabes Unidos construyó en 2023 el primer templo para todas las religiones abrahámicas.

Israel no da su brazo a torcer 

Sin embargo, por prometedor que suene, Israel tampoco dará su visto bueno a un nuevo Estado plurinacional. Pese a las protestas propalestinas, el Estado hebreo no enfrenta demasiada presión internacional, como prueban el débil embargo de armas implementado por España o la no suspensión de la Asamblea General de la ONU, como sí ocurrió con Sudáfrica en 1974. Con el apoyo de Estados Unidos y el único arsenal nuclear de Oriente Próximo —incluso contemplando una hecatombe atómica si su continuidad se viera seriamente amenazada—, Israel no renunciará a sus privilegios. Lo que nació como un movimiento de emancipación judía en el siglo XIX se ha convertido en uno por el supremacismo étnico. 

Con diez millones de israelíes frente a quince millones de palestinos, la reunificación del territorio supondría renunciar al carácter judío del Estado, como se consagró en la Ley Fundamental de 2018, o impedir el sufragio universal. Hoy, el “Estado judío” otorga beneficios étnicos, como el acceso preferente a la vivienda o un sistema penal parcial que contempla la pena de muerte sólo para los palestinos. Mientras tanto, la mayoría de las “investigaciones” por crímenes de guerra contra soldados israelíes se han archivado o han quedado irresueltas, y el Gobierno de Netanyahu ha profundizado la colonización de Cisjordania y en Siria ante la pasividad de la comunidad internacional. En sentido contrario, el sistema de permisos de trabajo para los palestinos facilita a Israel el acceso a una mano de obra barata y desprotegida.

El otro gran impedimento para un Estado plurinacional es Estados Unidos. El vínculo con Tel Aviv permite a Washington proyectar su fuerza en Oriente Próximo: con su apoyo militar, Israel ha guerreado contra todos los rivales de Estados Unidos en la región, desde el socialismo árabe de Egipto en la órbita soviética hasta el fundamentalismo religioso de Irán. Pero cuesta imaginar que un Gobierno electo popularmente en la Palestina del postsionismo mantuviera las actuales lealtades exteriores de Israel. Por eso, Washington se afana en moldear el mapa de la región, ya sea alimentando durante décadas el fantasma de los dos Estados o, en paralelo, apuntalando a las dictaduras árabes aliadas con Israel. Mientras mantengan esa alianza inquebrantable, los israelíes seguirán con su agenda territorial maximalista. Cualquier promesa de negociación o hacia la solución de Estados será una cortina de humo, como el propio Netanyahu reconoce.