En los últimos dos días, entre 50.000 y 60.000 personas han cruzado la frontera entre Marruecos y la Ciudad Autónoma de Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes. No es la primera vez que ocurre: en mayo de 2021, unas 10.000 personas cruzaron la frontera del enclave en una de las crisis migratorias más graves que ha vivido España en los últimos tiempos.
En ambos casos, los sucesos han tenido lugar poco después de un movimiento diplomático de España contrario a los intereses de Marruecos: en 2021, la crisis fronteriza tuvo lugar apenas un mes después de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fuera hospitalizado en España. La crisis actual sucede diez días después de la visita de Pedro Sánchez a Argelia para retomar las relaciones bilaterales con el país magrebí, enemigo regional de Marruecos.
A esto se suma la reciente decisión del Tribunal Supremo español de vetar las devoluciones en caliente de migrantes interceptados en alta mar, una medida que podría ser una de las razones por la que miles de personas se han decidido ahora a cruzar a nado el espigón del Tarajal, donde ya han muerto varias decenas. Pese a ello, el Gobierno asegura que la mitad de las cerca de 50.000 personas que han cruzado a España ya han regresado a Marruecos de forma voluntaria.
En los últimos tiempos, las relaciones entre España y Marruecos han seguido la línea de altibajos que las ha caracterizado históricamente, pero sobre todo han destacado por los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de normalizar la relación con la monarquía alauí, con concesiones impensables hasta hace poco. A finales de 2022, en concreto, España pasó a apoyar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, legitimando de forma tácita la ocupación del territorio y desentendiéndose aún más de sus responsabilidades históricas con la población saharaui.
Aun así, Marruecos ha continuado con su estrategia de presión política, con una maquinaria de influencia sobre España que abarca desde el lobby hasta la guerra híbrida, pasando por las reclamaciones territoriales.
A través de estos cinco mapas y gráficos, exploramos la convulsa relación de los dos vecinos y qué hay detrás de esta nueva crisis migratoria.
Ceuta y Melilla, la excepción española
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —de 19 y 12 km², respectivamente— constituyen la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África. Las dos cuentan con alrededor de 80.000 habitantes censados, que son ciudadanos españoles y europeos. Sin embargo, ambas tienen un régimen especial de pertenencia a Schengen, el tratado que rige la libre circulación de personas dentro del territorio comunitario, que ha buscado compatibilizar la protección de la frontera exterior de la Unión con la intensa relación transfronteriza que tradicionalmente ha existido con el norte de Marruecos.
En la práctica, incluir a Ceuta y Melilla en Schengen supondría imponer una frontera dura con las provincias limítrofes de Nador y Tetuán, y el traslado del control de personas y mercancías de los puertos de Ceuta y Melilla al paso con Marruecos. Esto haría que el visado fuera obligatorio para todos los marroquíes, incluso aquellos que trabajan diariamente en el territorio español —y supondría un fuerte golpe económico en ambos lados de la valla—.
A las singularidades legales de las ciudades autónomas se suma una cuestión de fondo que nunca ha desaparecido de la agenda bilateral: Marruecos considera Ceuta y Melilla vestigios del colonialismo europeo y reclama su soberanía desde su independencia en 1956.
España, por el contrario, sostiene que ambas forman parte de su territorio desde hace siglos. Ceuta fue conquistada por Portugal en 1415 y permaneció bajo soberanía española tras la separación de las coronas ibéricas, reconocimiento que quedó plasmado en el Tratado de Lisboa de 1668. Melilla, por su parte, fue incorporada a la Corona de Castilla en 1497, varios siglos antes de la creación del Estado marroquí moderno. Para Madrid son innegociables, al igual que el resto de plazas de soberanía en el norte de África que componen el territorio español. Además, la ONU le da la razón: ninguno de los dos enclaves está incluidos en la lista de territorios pendientes de descolonización de la organización.
El irredentismo marroquí y el apoyo estadounidense
La política expansionista marroquí no es nueva. El país, desde su independencia en 1956, ha sido la excolonia africana que más ha crecido en territorio. Entre 1956 y 1987 incorporó Ifni, Cabo Juby (Tarfaya) y cerca de tres cuartas partes del Sáhara Occidental, hoy delimitadas por un muro defensivo e incorporadas de facto en su mapa político a través de las provincias de Dajla-Río de Oro y El Aaiún-Saguía el Hamra.
Esta expansión territorial se sustenta en la idea irredentista del Gran Marruecos, una concepción histórica según la cual el Estado marroquí heredaría los espacios de influencia del sultanato precolonial. Bajo esta narrativa, no solo el Sáhara Occidental, sino también zonas de Mauritania, el oeste de Argelia y precisamente Ceuta y Melilla formarían parte de una misma continuidad histórica y política.
Y las reivindicaciones funcionan. Si bien el Sáhara sigue siendo un territorio pendiente de descolonización para Naciones Unidas, de facto es ya parte de Marruecos. El apoyo de aliados como Estados Unidos ha sido clave: en 2020, el presidente estadounidense Donald Trump se refirió durante su primer mandato a la autonomía del Sáhara bajo la soberanía de Marruecos “como la única opción realista” para la resolución del conflicto.
Después, en 2022, España contradijo su postura tradicional y apoyó también dicho plan de autonomía, alegando una “nueva fase de relaciones bilaterales con Marruecos”. El pasado año, ese cambio de postura quedó constatado en la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada con once votos a favor, tres abstenciones (China, Rusia y Pakistán) y ningún voto en contra.
En el caso de Ceuta y Melilla, el irredentismo marroquí ha sido más sutil, pero empieza a sumar apoyos en el escenario internacional. En el Congreso de Estados Unidos, voces como el congresista Mario Díaz-Balart comienzan a asumir la tesis alauí sobre la legitimidad marroquí respecto de las ciudades autónomas. También en Israel, donde su embajador ante las Naciones Unidas, Danny Danon, ha cuestionado la legitimidad de las ciudades autónomas a raíz de la actual crisis migratoria.
La presión marroquí continuará
Sin embargo, el Sáhara Occidental es un asunto y Ceuta y Melilla otro muy distinto. Ni España ni la Unión Europea permitirán una amenaza a la integridad territorial de uno de los Estados mpraaiembros, e intentarán solucionar el asunto aumentando la seguridad y por la vía diplomática.
Pero eso no cerrará el problema. La presión marroquí probablemente continuará, porque ha demostrado ser una herramienta eficaz para obtener concesiones políticas. Tras la crisis migratoria de 2021, Marruecos recibió una cuantiosa partida de dinero (30 millones de euros solo por parte de España) para mejorar la gestión migratoria, y pocos meses después Rabat celebró el mencionado reconocimiento español a su plan de autonomía para el Sáhara Occidental.
Ese apoyo económico no fue una excepción. Durante la última década, la Unión Europea ha convertido la externalización del control migratorio en uno de los pilares de su política fronteriza. A través de acuerdos y financiación a países vecinos como Marruecos, Turquía, Túnez o Libia, Bruselas busca contener los flujos antes de que alcancen territorio comunitario. En ese modelo, Marruecos se ha consolidado como uno de los principales guardianes de la frontera sur de Europa.
El cambio de posición español respecto al Sáhara Occidental, sin embargo, tuvo un elevado coste geopolítico. Argelia, principal apoyo del Frente Polisario y gran rival regional de Marruecos, respondió suspendiendo unilateralmente el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación con España en junio de 2022, lo que congeló las relaciones políticas y comerciales entre ambos países.
La competencia entre Rabat y Argel no se limita al Sáhara: ambos aspiran a consolidarse como socios estratégicos de Europa y como grandes plataformas energéticas del Mediterráneo occidental. Si Marruecos ha utilizado en distintos momentos la migración como instrumento de presión, Argelia ha hecho lo propio con el factor energético. El cierre en 2021 del gasoducto Magreb-Europa, que atravesaba Marruecos, obligó a España a aumentar las importaciones marítimas de gas, en un contexto de fuerte incertidumbre energética y dependencia del suministro argelino.
En los últimos meses, Madrid ha tratado de reconstruir el equilibrio entre ambos vecinos. En marzo de este año, el ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel Albares visitó Argel, reactivando el Tratado de Amistad y consolidando el aumento de los envíos de gas.
Sin embargo, la nueva crisis migratoria demuestra que ese equilibrio sigue siendo frágil. Para Rabat, el acercamiento de Madrid a Argel es un movimiento hostil dentro de la competición estratégica por la influencia en el Mediterráneo occidental, mientras sigue de cerca la evolución de la política española y sabe aprovechar los momentos de mayor vulnerabilidad para reforzar su capacidad de presión y desestabilizar a su vecino.
Sin embargo, y a pesar de que la presión migratoria sigue siendo un instrumento eficaz de negociación, cada vez resulta más difícil utilizarlo sin asumir un coste reputacional. Las imágenes de miles de ciudadanos marroquíes tratando de abandonar el país contrastan con el relato de estabilidad, modernización y liderazgo regional que Rabat lleva años construyendo para atraer inversión y consolidar su papel como socio privilegiado de Europa.
Además, esas imágenes y la cortina de humo de que los cuerpos de seguridad marroquíes no han sido capaces de enfrentar el asunto chocan con sus planes de convertirse en ese país seguro capaz de albergar un evento multitudinario como es la final del Mundial de 2030.
