Bulgaria y Rumanía son miembros de la Unión Europea desde hace 17 años, pero hasta hace poco los ciudadanos de ambos países estaban obligados a pasar controles fronterizos si querían viajar dentro del territorio comunitario. Esto se debe a que la integración europea tiene varios niveles de asociación, y al igual que la eurozona no coincide al completo con la UE, la zona Schengen —el tratado de libre circulación de personas— no incluye aún a los 27 socios comunitarios, pero sí a países que no pertenecer a la UE.
Esta situación ha dado un cambio en enero de 2025, ya que Rumanía y Bulgaria se han convertido en miembros de pleno derecho del acuerdo de libre circulación, que pasará de 27 a 29 miembros. El primer paso, en marzo de 2024, fue incluir las fronteras marítimas y aéreas de ambos países en la zona Schengen, quedando las terrestres pendientes de negociar con el resto de socios hasta finales de ese año.
Schengen, una pequeña ciudad luxemburguesa, fue el lugar dónde nació el tratado homónimo en 1985, hace casi cuatro décadas. Hasta 2023, más de 400 millones de personas disfrutaban de la libre circulación: los habitantes de 23 países de la UE, junto con los de Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, se encontraban bajo el paraguas de la zona Schengen antes de la incorporación de Rumanía y Bulgaria. Por su parte, los pequeños territorios de Mónaco, San Marino y la Ciudad del Vaticano forman de facto parte del tratado gracias a los acuerdos de control de fronteras que mantienen con países de la Unión Europea.
Si bien el acuerdo fue firmado inicialmente fuera del marco de la Unión Europea, con el Tratado de Ámsterdam de 1997 las normas de Schengen se incorporaron al marco jurídico comunitario. En la actualidad, la libre circulación forma parte del ordenamiento jurídico comunitario y está regida por sus instituciones. De esta manera, si bien se espera que todos los estados miembros de la UE acaben incorporándose a la zona Schengen, estos deben someterse primero a la aprobación del resto de socios del tratado.
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Con la incorporación de Rumanía y Bulgaria, los únicos dos miembros de la Unión Europea que faltan en la zona Schengen son Chipre, la isla dividida, e Irlanda, que se acoge a una cláusula de exclusión voluntaria con la intención de evitar un férreo control fronterizo con Irlanda del Norte.
En la práctica, lo que significa ser o no parte de la zona Schengen para un ciudadano son los controles fronterizos a los que estará sometido. Si vuelas desde Chipre a otro Estado de la zona Schengen, ese vuelo se considerará exterior y se deberá realizar un control fronterizo a los pasajeros.
Aun así, los ciudadanos europeos tienen derecho a la libre circulación una vez superadas las fronteras, por lo que si eres ciudadano europeo y entras en Chipre, en principio serás sometido a una revisión mínima de los documentos de identidad pertinentes, y no a un control fronterizo como tal.
Pese a las nuevas incorporaciones, en los últimos años se han registrado varios incumplimientos del tratado, que no atraviesa su mejor momento. A la pandemia de coronavirus en 2020, que provocó el cierre de las fronteras internas de manera excepcional, se suman las peticiones de varios miembros, como Francia, Italia o Hungría, de incluir disposiciones relacionadas con la migración que permitan a los Estados implementar controles.
De hecho, la tardanza en el levantamiento de los controles fronterizos por tierra con Bulgaria y Rumanía responde a esa alerta antimigratoria. Así, tanto Hungría como Austria, que mantuvo su veto a la plena incorporación hasta finales de 2024, exigieron medidas adicionales para evitar la entrada de migrantes sin autorización en el territorio comunitario.
Por otro lado, y si bien ya hay 25 países de la Unión Europea que forman parte del espacio comunitario, no todos los territorios de dichos Estados pertenecen a la zona Schengen. Los territorios de ultramar franceses, como la Guayana Francesa o Nueva Caledonia, no forman parte del acuerdo. En el caso de España, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también tienen un régimen especial de pertenencia.
Cuando España se integró en la zona Schengen en 1991, Ceuta y Melilla no fueron incluidas del todo en el acuerdo para facilitar la interacción fronteriza y el tráfico de mercancías y personas con Marruecos. Fue un acto basado en el interés mutuo de las comunidades fronterizas a ambos lados. Así, esta decisión, que se tomó para mantener la excepción de visados que tradicionalmente había existido con los ciudadanos marroquís de provincias fronterizas de Tetuán y Nador, es una rareza en las exigencias de Schengen para con las fronteras exteriores.
