La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este jueves una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por su implicación en la guerra en Gaza. También contra Mohamed al Masri, el comandante del brazo militar de Hamás. La fiscalía de la Corte había solicitado la orden de arresto contra Netanyahu y Gallant el pasado mayo, acusándolos de crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo el exterminio, la “inanición de civiles como método de guerra” y ataques contra la población civil.
Este paso se suma a otras acciones judiciales contra Israel por la guerra en Gaza. A raíz de una acusación de Sudáfrica, en enero la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —tribunal de la ONU no relacionado con la CPI— reconoció indicios de que se está cometiendo genocidio en la Franja e impuso a Israel medidas cautelares mientras prosigue la investigación. En un caso distinto, la CIJ rechazó emitir medidas contra Alemania por suministrar armas a Israel.
Si Israel no reconoce a la CPI, ¿cómo puede la Corte actuar contra Netanyahu?
Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y nunca ha ratificado su tratado fundacional, el Estatuto de Roma. Además, ante el temor de una inminente orden de arresto contra él, Netanyahu rechazó en abril toda cooperación: “Bajo mi liderazgo, Israel no aceptará ningún intento de la CPI de limitar nuestro derecho a la legítima defensa”, llegó a decir.
Sin embargo, eso no impide que la Corte ordene la detención de Netanyahu y Gallant. La CPI puede juzgar crímenes cometidos en el territorio de un Estado firmante del Estatuto, aunque los acusados sean ciudadanos de países no firmantes. Israel no ha ratificado el Estatuto, pero Palestina lo hizo en enero de 2015 pese a las protestas del Gobierno israelí y de Estados Unidos. Por tanto, la Corte puede investigar casos en los territorios palestinos: Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este.
De hecho, ya lo está haciendo. En 2019, la Corte anunció que estaba investigando crímenes cometidos en Palestina desde la guerra de 2014. Estas pesquisas se han ido ampliando con los sucesivos conflictos en Gaza hasta incluir el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la respuesta israelí contra la Franja. Por tanto, la investigación incluye tanto a israelíes como a miembros de Hamás u otras facciones palestinas.
¿Será Netanyahu detenido? ¿Qué más implica?
Pese a la orden de arresto contra Netanyahu, nada parece indicar que él o Gallant vayan a ser detenidos. La CPI no tiene una fuerza policial propia: depende de los Estados firmantes para hacer cumplir sus órdenes. Israel, por supuesto, no va a entregar a su primer ministro al Tribunal de la Haya. Con todo, la orden tendrá otras implicaciones graves para el Gobierno de Israel.
La primera es la mancha a su imagen pública: Netanyahu y Gallant quedan al nivel de los dictadores y criminales de guerra juzgados por la CPI. También al nivel del presidente ruso Vladímir Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la CPI desde marzo de 2023. La segunda es que una orden de arresto aísla a Israel de la comunidad internacional por otra razón: los acusados tendrán problemas para viajar al extranjero. Los 124 países firmantes del Estatuto tienen la obligación de cooperar para capturar a los acusados por la CPI.
Entre los firmantes están socios de Israel como la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Australia o Canadá, además de casi toda América Latina y buena parte de África. Si Netanyahu o Gallant pisan uno de estos países, deberían ser detenidos y entregados a la Corte. Además, la orden de arresto pone en una situación incómoda a los Gobiernos de Alemania o Austria, reacios a tomar medidas contra Israel. Quien no es firmante del Estatuto de Roma es Estados Unidos, el aliado histórico del Estado hebreo, lo que significa que Netanyahu sí podría viajar a su territorio.
Sin embargo, para frustración de la Corte, los países firmantes no siempre se adhieren a esta regla. El entonces dictador de Sudán, Omar al Bashir, estaba perseguido por la CPI desde 2009 por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio en el conflicto de Darfur. Sin embargo, viajó a países firmantes como Kenia, Chad o la República Democrática del Congo sin ser detenido. Lo mismo sucedió recientemente con Putin, que viajó en septiembre a Mongolia, país miembro de la Corte, y no fue arrestado. No obstante, los acusados procuran no arriesgarse con viajes innecesarios. En agosto de 2023, el propio Putin evitó acudir a la reunión anual de los BRICS celebrada en Sudáfrica. El líder ruso canceló su asistencia a la cumbre para no poner a Sudáfrica ante el dilema de tener que detenerle.
Tengo varias dudas. Vistos los casos de países firmantes que no cumplieron con la órdenes de detención emitidas por la Corte, entiendo que la ‘obligación’ de cumplimiento no es tal, es decir, no hay ningún tipo de sanción a los que no cumplan con ello, ¿es así? En el caso de Netanyahu, que tuviese que pasar por el espacio aéreo de países de la Unión que sí hayan mostrado su predisposición a cumplir con la orden de arresto ¿podría llevarle ante el tribunal? ¿Podría actuar la Europol? Gracias