La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido hoy su tercera ronda de medidas cautelares contra Israel por la acusación de que está cometiendo genocidio en Gaza. La CIJ ha exigido al Gobierno israelí que detenga “inmediatamente” su ofensiva sobre Rafah y permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja. Las órdenes son vinculantes, pero la Corte no tiene medios para aplicarlas, e Israel las está incumpliendo.
Los incumplimientos de Israel han llevado a la Corte a elevar el tono de sus exigencias desde que emitió las primeras medidas cautelares el pasado 26 de enero. Entonces, la CIJ reconoció el derecho de los palestinos a ser protegidos frente a actos de genocidio y obligó al Estado hebreo adoptar “todas las medidas a su disposición” para impedir el genocidio en la Franja, aunque no llegó a ordenar un alto el fuego explícitamente. El 28 de marzo, la CIJ volvió a reclamar que el Gobierno israelí evitase una hambruna en la Franja. Ahora llega al extremo de exigir que Israel detenga su ofensiva.
Para imponer estas medidas cautelares la Corte no necesitaba probar aún que Israel ha cometido genocidio. Bastaba con determinar que los actos cometidos pueden entrar en esa definición y que es preciso actuar con urgencia porque el riesgo “plausible” de que se cometan “daños irreparables”. Por tanto, la Corte todavía no ha determinado si Israel ha cometido o no genocidio: la resolución definitiva del caso tardará años en llegar. Pero esta decisión ya supone una importante derrota judicial para Israel que, sin embargo, no parece dispuesta a detener sus ataques.
¿Qué es la CIJ y qué está juzgando?
La CIJ es el tribunal internacional que dirime disputas entre Estados. Forma parte del sistema de Naciones Unidas y se ocupa, entre otras cosas, de reclamaciones territoriales. Por ejemplo, resolvió en 2012 una disputa entre Colombia y Nicaragua, enfrentadas por la soberanía de una zona del mar Caribe. También juzga otros casos, como la invasión rusa de Ucrania, y puede emitir opiniones legales a consulta de los órganos de la ONU.
La CIJ no debe confundirse con la Corte Penal Internacional (CPI), un órgano independiente, no parte de la ONU, que juzga a individuos por crímenes graves como el genocidio o los crímenes contra la humanidad. La CPI tiene abierta su propia investigación por crímenes cometidos en territorio palestino desde marzo de 2021, a pesar de que Israel no ha reconocido la jurisdicción de esta corte. El pasado 20 de mayo, el fiscal de la CPI solicitó una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.
El caso que juzga ahora la CIJ se inició cuando Sudáfrica acusó a Israel de estar cometiendo genocidio contra los palestinos en la guerra de Gaza. Afirman que los actos y omisiones del Gobierno israelí en Gaza “están calculados para provocar la destrucción física de los palestinos”. El documento, de 84 páginas, incluye menciones a frases de altos cargos israelíes como la del ministro de Defensa, Yoav Gallant, cuando dijo que Israel está luchando “contra animales”.
Además, Sudáfrica enmarca estos actos en “75 años de apartheid, 56 años de ocupación de Palestina y 16 de bloqueo” israelí de la Franja. Según la acusación, todo ello contraviene la Convención contra el Genocidio de 1948, que tanto Israel como Sudáfrica han ratificado. En su dictamen del 26 de enero, la Corte consideró que al menos algunos de los actos cometidos por Israel en la Franja “parecen” encajar con lo establecido en la Convención del Genocidio de 1948.
Israel ha calificado estas acusaciones de infundadas y ha acusado al Gobierno sudafricano de ser “el brazo legal” de Hamás. El Gobierno israelí se ha defendido afirmando que actúa en defensa propia como respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre y ha desclasificado documentos que supuestamente refutan la versión del genocidio. Estados Unidos, Reino Unido o Alemania han apoyado a Israel. Otros países y organizaciones han secundado la acusación, incluidos Brasil, Turquía, Irán, Indonesia, la Liga Árabe o el Movimiento de Países No Alineados.
El genocidio, uno de los crímenes internacionales más graves, consiste en cometer actos orientados a destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Al menos 25.000 palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra, la mayoría mujeres y niños. El 85% de la población de la Franja ha tenido que dejar su hogar y la ONU alerta de una crisis humanitaria sin precedentes por su escala, severidad y velocidad.
¿Qué ha ordenado la Corte a Israel?
La CIJ primero se pronunció el 26 de enero sobre si cree que es plausible que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza. Esto no supondría una sentencia firme, solo una admisión de que tienen jurisdicción para estudiar el caso, que este es admisible y que la Corte lo va a estudiar. La CIJ, además, debía decidir sobre las medidas cautelares reclamadas por Sudáfrica, que proponía ordenar a Israel que suspenda “inmediatamente sus operaciones militares contra Gaza”.
El caso se inició el 29 de diciembre de 2023, con la acusación sudafricana. Poco después, el 11 y 12 de enero, se celebraron sesiones orales en las que cada parte expuso sus posturas. Aunque los primeros pasos hayan sido ágiles, la CIJ puede tardar años en decidir sobre las acusaciones de genocidio. De ahí que Sudáfrica haya reclamado medidas cautelares.
Concretamente, Sudáfrica ha propuesto nueve medidas para Israel. Estas incluyen suspender las operaciones militares en la Franja de forma inmediata, detener la matanza de civiles y hacer lo posible para prevenir el desplazamiento forzoso de población, la incitación a actos de genocidio y la destrucción de pruebas. También exigen que Israel informe a la Corte de las medidas adoptadas, evite cualquier acto que pueda agravar la situación y, en general, haga lo posible para evitar el genocidio. Israel afirma que estas medidas le dejarían “indefenso” en la guerra contra Hamás.
Finalmente la Corte aceptó, por abrumadora mayoría, los argumentos de Sudáfrica e impuso medidas cautelares a Israel. Las medidas han sido aprobadas con entre quince y dieciséis votos a favor de los diecisiete jueces del tribunal. Estas medidas incluían ordenar a Israel que se asegurase “con efecto inmediato” de que no comete actos que puedan contravenir la Convención contra el Genocidio, proteger las pruebas de posibles crímenes de genocidio, prevenir y castigar incitaciones al genocidio y tomar medidas para mejorar la situación humanitaria en Gaza. Además, Israel debía informar a la Corte de las medidas adoptadas. Dos meses, el 28 de marzo, exigió a Israel que evitara una hambruna en Gaza.
Pero hasta ahora, la CIJ no había llegado al extremo de ordenar a Israel que detenga su ofensiva: podía continuar con la guerra en Gaza siempre que cumpla con el resto de medidas. Sin embargo, ante el incumplimiento de las medidas y la agravada crisis humanitaria en la Franja, la Corte ha dado el paso: ordena a Israel parar los ataques contra Rafah.
¿Qué implicará la decisión, servirá para parar la guerra?
Las decisiones de la CIJ son de obligado cumplimiento para los países afectados. Sin embargo, la Corte carece de herramientas para imponerlas: depende de la buena voluntad de los Estados, lo que ha limitado su efectividad. Por ejemplo, la CIJ ordenó a Rusia detener su invasión de Ucrania en octubre de 2022, pero Moscú no la ha cumplido y la guerra continúa.
Israel podría reaccionar de la misma manera: hasta ahora ha ignorado las medidas cautelares impuestas por la Corte. Netanyahu respondió a la decisión de la CIJ diciendo que “Israel seguirá defendiéndose”. Además, dado que el caso tardará años en juzgarse y no se ha ordenado un alto el fuego, no cabe esperar que este dictamen logre acabar con los ataques a Gaza.
Con todo, las órdenes de la CIJ son un duro golpe simbólico para Israel. Hará que se cuestionen sus métodos en esta guerra y manchará su imagen todavía más. Sobre todo, da fuerza al argumento de que Israel comete genocidio contra los palestinos, el mismo crimen que ayudó a justificar la creación del Estado de Israel tras el Holocausto. Aumentará la presión contra el Gobierno israelí dentro del país y a nivel internacional, incluido desde Estados Unidos. Quizá eso sea lo único que puede forzar al primer ministro Netanyahu a parar la invasión.
Lo de Israel acusando a Sudáfrica de ser el brazo político de Hamas, me recuerda demasiado al “todo es ETA” que hemos vivido hasta hace poco, o mejor dicho, seguimos viviendo, por aquí.
Gran artículo.