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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está contra las cuerdas políticamente, pero por ahora no será juzgado por crímenes en Palestina. La última muestra la ha dado Estados Unidos. El pasado 8 de diciembre volvió a vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía el alto el fuego en Gaza tras el llamado del secretario general, António Guterres. Como respuesta, la Asamblea General ha votado a favor de un alto el fuego inmediato en una sesión extraordinaria, pero no es vinculante.
El asedio israelí sobre Gaza tras el ataque de Hamás en octubre ha dejado más de 17.000 civiles muertos, incluidos periodistas y trabajadores humanitarios. También 1,5 millones de desplazados forzosos. Frente a ello, la Corte Penal Internacional (CPI) es el único tribunal internacional permanente que puede juzgar individuos por crímenes graves. Aunque Israel no acepta su jurisdicción, la CPI declaró en 2021 su competencia sobre Palestina. La entonces fiscal Fatou Bensouda abrió una investigación por crímenes de guerra cometidos desde 2014. Su sucesor, Karim Khan, abordará también los hechos actuales, pero será sólo el primer paso.
A Netanyahu no le preocupan los precedentes
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