Un amplio grupo de países no aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, entre ellos Estados Unidos, China, Rusia, Israel, India o Arabia Saudí. Esta corte es la encargada de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión entre Estados. Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y cualquier Estado pueden remitir asuntos a la CPI en cualquier momento.
Sin embargo, la Corte tiene importantes limitaciones a la hora de juzgar. Para empezar, carece de una fuerza policial propia que le permita detener a los investigados: depende de que los Estados se los entreguen. Pero el principal impedimento es que su jurisdicción se aplica solo a los países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado constituyente de la organización. Es decir, la Corte solo puede investigar a ciudadanos de esos países o crímenes cometidos en su territorio.
Y la Corte Penal Internacional está muy lejos de tener una aplicación universal. Solo 123 países han ratificado el Estatuto de Roma. La mayoría se concentran en América Latina, Europa y África subsahariana. Por el contrario, la mayoría de Asia no forma parte, ni muchas de las grandes potencias ni los regímenes autoritarios del mundo. La lista de los países que no reconocen a la CPI incluye también a Irán, Turquía, Corea del Norte, Azerbaiyán o Pakistán.
Estados Unidos, el país que impulsó la CPI pero no la acepta
Estados Unidos destaca entre los países que no reconocen a la CPI porque, de hecho, su Gobierno formó parte de la negociación y redacción del Estatuto de Roma y lo firmó, pero después nunca lo ratificó. Es más, en los últimos años Washington ha sido incluso hostil hacia el tribunal. Durante el mandato de Donald Trump, el Gobierno estadounidense llegó a denegar el visado a la fiscal de la CPI, que investigaba posibles crímenes cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán.
En un primer momento, Estados Unidos se mostró muy activo en las negociaciones para crear la Corte. No obstante, su propuesta original de que la CPI quedara supeditada al Consejo de Seguridad de la ONU fue rechazada: dado que Estados Unidos tiene poder de veto en este órgano, habría podido bloquear el trabajo de la Corte. Ante la negativa del resto de naciones a aceptar este sistema, la superpotencia norteamericana se fue distanciando del proyecto.
Desde entonces, aunque EE. UU. ha mantenido diversas posiciones respecto a la CPI —desde la cooperación hasta la aversión pasando por la indiferencia— ninguna Administración se ha decidido a integrarse en la institución. La entrada del país en la Corte es muy improbable: Estados Unidos es muy reticente a ceder competencias a organismos internacionales, pues teme que las leyes internacionales pongan en peligro su seguridad nacional y que sus ciudadanos sean juzgados por un organismo no estadounidense.
Rusia, China o Israel tampoco forman parte
La Federación Rusa también firmó el Estatuto pero no llegó a ratificarlo. Entre otras cuestiones, la tensión afloró debido a las sugerencias del tribunal de que la anexión de Crimea en 2014 es un conflicto internacional. Esto se suma a las acusaciones que se han proferido contra el Gobierno ruso por su actuación en la guerra siria, dando lugar a que el país haya retirado su firma del Tratado de Roma en 2016. Con la invasión de Ucrania en 2022 volvieron los llamamientos a juzgar a los líderes políticos y militares del país, incluido el presidente, Vladímir Putin. Sin embargo, dado que ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, este extremo parece improbable.
China tampoco es parte de la Corte, lo que impide juzgar sus supuestos crímenes contra la humanidad en su represión al pueblo uigur o sus conflictivas acciones en el mar de China Meridional. Para desplazar la atención sobre esos asuntos, el Gobierno chino ha criticado la supuesta parcialidad de la CPI. Con todo, es que ONGs como Amnistía Internacional también han apuntado a la excesiva atención, casi exclusiva, que el tribunal presta a África.
Israel es otro país que no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pretende así evitar que se juzguen sus acciones en los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, la Autoridad Nacional Palestina, el Gobierno del proto-Estado palestino, firmó el Estatuto de Roma en 2014, con lo que confía que la Corte pueda investigar los crímenes cometidos en los territorios palestinos por parte de Israel y los grupos armados palestinos. El fiscal de la CPI, que abrió una investigación en 2021, ha lanzado un llamamiento para recabar datos en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás iniciada en octubre de 2023.
