Israel no quiere que se juzguen los crímenes que ha cometido en Palestina

El pasado 3 de marzo, la jurista gambiana Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) durante los últimos nueve años, anunció que la Corte investigará los supuestos crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos. La CPI, creada en 1998 mediante el Estatuto de Roma y que entró en vigor en 2002, es el único tribunal internacional permanente que juzga crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Bensouda será sustituida en junio de 2021 por Karim Khan, abogado y criminalista británico especializado en derechos humanos. Khan tendrá que asumir esta investigación, fruto de otra preliminar de cinco años para que la Corte pudiese determinar si había motivos para investigar posibles crímenes. Por tanto, el nuevo fiscal se verá envuelto en grandes tensiones políticas, aunque quizás su mayor desafío será trabajar en un tribunal puesto en constante duda. La Corte recibe críticas por haber tratado casi exclusivamente crímenes cometidos en África y por su lentitud, con nueve condenas en diecinueve años.

En la investigación sobre Palestina están implicadas tanto las fuerzas militares israelíes como grupos armados palestinos. Por un lado, se acusa a Israel de haber lanzado ataques desproporcionados a civiles durante la guerra en Gaza de 2014 y de haber transferido parte de su población civil a Cisjordania, lo que puede constituir un crimen de guerra, pues se impide a la potencia ocupante colonizar el territorio que mantiene ocupado. Se investigará también la denominada Gran Marcha del Retorno, manifestaciones masivas en marzo de 2018 en la Franja de Gaza en las que las fuerzas israelíes usaron “medios no letales y letales” contra civiles palestinos, causando más de doscientos muertos y miles de heridos. Por otro lado, el partido-milicia islamista palestino Hamás será investigado por haber cometido también ataques contra la población civil durante el conflicto en Gaza.