La situación de la minoría uigur en la región noroccidental china de Xinjiang capta cada vez más atención internacional. Periodistas, investigadores y refugiados han acumulado evidencias durante años sobre vigilancia masiva, campos de detención y torturas. Países como Estados Unidos también han puesto el foco en ello. En los últimos días de la Administración Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo declaró que China cometía un genocidio contra los uigures. Poco después, el Gobierno de Joe Biden se unió a la Unión Europea para imponer sanciones contra oficiales chinos por las “violaciones y abusos de los derechos humanos”.
Estas acciones contrastan con la posición de los países musulmanes. Estados como Pakistán, Arabia Saudí o Egipto se unieron en 2019 a más de treinta países en una carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que afirmaba que China estaba en un “proceso de contraterrorismo y desradicalización” en Xinjiang y que respetaba los derechos humanos. El silencio de los Gobiernos de países musulmanes sobre las acciones de China contra el islam en su territorio, que incluye la destrucción de mezquitas o la confiscación de coranes, llama la atención a la luz de su firmeza en contra de las ofensas de Occidente, India o Myanmar.
Ese silencio, sin embargo, revela el peso de China en Asia Central, Oriente Próximo y el subcontinente indio. Pekín es el principal socio comercial de la mayoría de los países musulmanes y muchos forman o formarán parte de su proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, así que temen perder acceso a la inversión y el mercado chinos. Además, la comunidad uigur está lejos del núcleo político, religioso y económico del mundo musulmán.
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