Brasil celebra elecciones generales este 4 de octubre, cuando se celebrarán de forma simultánea comicios presidenciales, legislativos y estatales. Las elecciones que elegirán al próximo presidente del país, sin embargo, no tendrán un claro ganador hasta la segunda vuelta, que se celebrará el 25 de octubre.
Aunque hay trece candidaturas para la presidencia, en la práctica se la disputarán Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, candidato de extrema derecha del Partido Liberal (PL), tras la inhabilitación e ingreso en prisión de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, a raíz del intento de golpe de Estado de principios de 2023.
El país más poblado y principal potencia económica de América Latina se enfrenta a sus décimos comicios en democracia con una geografía política muy dividida y un desafío adicional para la gobernabilidad: ningún presidente ha contado con mayoría en el Congreso desde 1990. Para gobernar, el presidente debe manejar un sistema presidencial,l pero en el que está obligado a negociar con bloques de interés transversal —como la bancada ruralista o el frente evangélico— que cruzan diferentes formaciones políticas.
A sus 80 años, el presidente Lula da Silva busca la reelección con una izquierda en retroceso en todo el continente. Para ello apela a su fórmula histórica de políticas públicas de redistribución de la riqueza, acceso a la vivienda y expansión de la educación y mantiene una diplomacia pragmática de no alineamiento desde los BRICS. Sin embargo, tras tres mandatos, el modelo lulista —que logró sacar a millones de personas de la extrema pobreza— muestra hoy síntomas de agotamiento con una economía que depende en exceso de las materias primas y un declive industrial que no ha podido revertir.
En el otro lado, Bolsonaro busca movilizar a un electorado cada vez más evangélico y conservador con una agenda volcada en la mano dura, la desregulación ambiental y la alineación con Estados Unidos, con sus principales feudos en el sur del país y en el corazón agropecuario del centro-oeste. En la elección presidencial de 2026, que decidirá el rumbo del país hasta finales de 2030, confluyen todas estas dinámicas históricas, sociales y políticas. Estos cinco mapas y gráficos ofrecen las claves para entender los comicios.
No se gobierna Brasil sin la costa
Ningún candidato ha llegado a la presidencia sin ganar la franja atlántica, especialmente la que se extiende por el sudeste del país. La razón es demográfica: Brasil es una república federal de veintiséis estados y un distrito federal, pero sus 213 millones de habitantes están repartidos de forma muy desigual.
Los estados y el distrito federal se organizan a su vez en cinco macrorregiones muy distintas en tamaño, población y economía: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sur y Sudeste. La macrorregión Norte ocupa casi la mitad del territorio nacional y coincide con la masa forestal del Amazonas, pero apenas reúne al 8,8% de la población; el Sudeste, cuatro veces más pequeño, concentra al 42% de los habitantes.
El Nordeste, por su parte, cuenta con una alta densidad poblacional y una herencia afrodescendiente muy marcada, con fuertes desigualdades entre la costa turística y el interior. Es precisamente uno de los feudos del Partido de los Trabajadores, en oposición a un Centro-Oeste escorado a la derecha, que constituye el corazón agroexportador del país. El Sur y Sudeste, por su parte, son regiones más desarrolladas y que concentran el motor industrial y financiero del país.
Ese contraste entre un interior amazónico vacío y una fachada atlántica saturada es la estructura sobre la que se construye todo lo demás. En esta franja costera se concentran las grandes megaciudades y conglomerados urbanos del continente, como São Paulo (con 21,5 millones de habitantes en su región metropolitana), Río de Janeiro (12,6 millones) o Belo Horizonte (5,2 millones), centros demográficos que concentran el grueso del electorado.
Un país a dos velocidades
Brasil es un país desarrollado. Así lo señala el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, que mide el progreso de las sociedades más allá del simple crecimiento económico, ponderando tres dimensiones básicas: salud (esperanza de vida), educación y nivel de vida (renta per cápita).
Sin embargo, este indicador aplicado a nivel interno (IDHM) muestra fuertes desigualdades entre regiones: Alagoas, en el nordeste, roza el 0,75, mientras que São Paulo o el distrito federal cuentan con un IDHM de 0,84 y 0,87, respectivamente.
Las fuertes disparidades encuentran su origen en la singular construcción del Estado brasileño. Ya independiente, Brasil mantuvo una monarquía unitaria en el siglo XIX y fue de las últimas naciones en abolir la esclavitud (1888). Aquel modelo de latifundio agroexportador, apoyado en la mano de obra esclava y con la riqueza concentrada en manos de una oligarquía terrateniente, dejó una profunda grieta de desigualdad social, racial y territorial que se ha mantenido hasta hoy.
De hecho, la brecha de desarrollo entre la población blanca y la negra es hoy una de las grandes cuestiones pendientes. Tanto es así que el índice de desarrollo exclusivo de la población blanca alcanza 0,85 puntos, mientras que el de la negra —concentrada en el Norte y Nordeste— se queda en 0,77.
El agro, base del bolsonarismo
Una parte importante de la riqueza de Brasil y su potencial provienen de sus recursos naturales. Su modelo productivo está profundamente anclado en la exportación de commodities. El sector agropecuario representa el 48,5% de las exportaciones nacionales, donde destacan el cultivo de la soja y las ventas hacia Asia, aunque el país también encabeza los mercados globales de carne bovina, café o azúcar.
En aquellos estados del interior donde se concentran los grandes cultivos —Mato Grosso, Goiás o Río Grande del Sur— y en aquellos del sur y sudeste donde se ubica la industria de procesamiento agroalimentario, la desregulación ambiental, la negativa a la redistribución de tierras y la infraestructura de transporte son los temas electorales clave que mueven el voto.
Las demandas del sector se articulan en el Congreso a través de la bancada ruralista (Frente Parlamentario da Agropecuaria). Este bloque, una de las bases del bolsonarismo, agrupa a más de la mitad del Congreso y se compone de diputados y senadores vinculados a la propiedad de la tierra, patronales del sector y multinacionales de la agroindustria.
Al no haberse realizado nunca una reforma agraria ni alterado la concentración del capital, esa vieja oligarquía blanca y dueña del suelo que viene del siglo XIX preservó su poder, y se reconfiguró en un sector líder en la región. El avance de este modelo productivo se asienta sobre el “eje de la soja”, que conecta las regiones de Centro-Oeste con la de Sur y avanza progresivamente sobre la Amazonía. La estructura es la de un interior muy rico en recursos que abastece de materias primas a los puertos costeros para su salida al mercado mundial.
En la esfera internacional, esta hiperespecialización agraria sitúa a Brasil en el centro de un complejo tablero geopolítico. Por un lado, busca diversificar y se acerca comercialmente a Europa (con tratados como el UE-Mercosur), pero sigue dependiendo de China, que compra alrededor del 28% de las exportaciones del país. Mientras, la élite del agronegocio es el principal sustento electoral del bolsonarismo, que aspira a un alineamiento mayor con Washington pese a que Estados Unidos impuso en julio un arancel del 25% a multitud de productos brasileños.
La religión, el nuevo frente político
Uno de los grandes cambios recientes en Brasil ha sido la transformación de su mapa religioso. El país tenía una mayoría católica muy destacable a finales del siglo pasado, pero su número se ha ido reduciendo hasta representar el 57% de la población, y se espera que siga cayendo. La causa es el aumento de la fe evangélica (denominativo que, en Brasil, se emplea como sinónimo de protestante, cubriendo las iglesias protestantes tradicionales y las iglesias evangélicas de pentecostales y neopentecostales), que ya cuenta con más de 47,4 millones de fieles —lo que supone más de una quinta parte de la población nacional— repartidos entre el norte amazónico, el centro-oeste y de forma masiva en las periferias urbanas.
Más allá del cambio sociocultural, la fe evangélica tiene su traducción en las urnas. Los pastores pentecostales y neopentecostales contemplan una participación más activa y abierta en política, con preceptos que alimentan el individualismo y se acercan a la agenda conservadora y ultraliberal. Este mensaje de prosperidad individual cala con fuerza entre aquellos de menor renta y nivel educativo, donde la aspiración de prosperar sin depender del Estado conecta con el discurso conservador. Si a esto se le suma la respuesta de mano dura y valores tradicionales que ofreció el bolsonarismo frente a la violencia y la corrupción, se entiende cómo la derecha logró arrebatarle a la izquierda el control de las clases populares. De hecho, en 2018, cerca del 70% de los evangélicos votó por Bolsonaro, lo que fue clave para su victoria. Aunque en 2022 el porcentaje se redujo, sigue habiendo una gran distancia entre los evangélicos que votan al PT (en torno al 30%) y los que optan por Bolsonaro.
Elecciones: pasado y futuro
Desde las primeras elecciones tras la vuelta de la democracia en 1989, el mapa electoral de Brasil se ha articulado en torno a dos feudos regionales consolidados. Por un lado, el Nordeste, con un peso demográfico determinante de población afrodescendiente, constituye el bastión inexpugnable de la izquierda desde la llegada de Lula en 2002. Ese año, el PT cosechó en la región el 70% de los votos.
Esta fidelidad responde a un entramado de políticas públicas de redistribución, como la Bolsa Família —transferencia directa de renta— u otras infraestructuras de inclusión, como son la apertura de universidades y centros educativos en el interior.
Por otro lado, el bloque del Sur y el Centro-Oeste representa la trinchera del bolsonarismo y la derecha tradicional, alimentada por el poder económico del sector agropecuario, el electorado evangélico y una clase media que respalda agendas de seguridad y libre mercado.
Sin embargo, la irrupción del bolsonarismo alteró profundamente las dinámicas de voto en varios territorios intermedios: estados del Sur y del Norte como Paraná o Pará —que a principios de los años 2000 votaron activamente al PT de Lula— se han convertido en plazas de la extrema derecha en los comicios más recientes.
Como consecuencia, en las elecciones de 2022 Lula da Silva se impuso a Jair Bolsonaro por el margen más estrecho de la historia reciente (50,9% frente al 49,1%), apoyado en una holgada victoria en el Nordeste y en el avance en la periferia urbana de las grandes metrópolis.
Para las elecciones de 2026, las principales batallas volverán a estar en la franja urbana del Sudeste (Río de Janeiro, São Paulo) y, muy especialmente, en el estado de Minas Gerais, que funciona como microcosmos socioeconómico del país: un norte agrícola similar a la región Nordeste y un sur industrializado alineado con São Paulo. De hecho, este estado ha votado ininterrumpidamente por el candidato ganador en cada segunda vuelta desde 1989.
En las elecciones presidenciales de 2026, los brasileños deberán elegir entre la continuidad del modelo de Lula —fiel a la redistribución social y al desarrollismo estatal— y la alternativa ultraderechista del bolsonarismo, pero sin su fundador.
La cita electoral promete ser un verdadero plebiscito sobre el rumbo socioeconómico del país y condensa muchas de las grandes dinámicas que atraviesan al resto del continente. Desde debates estructurales como la dependencia comercial de las materias primas, atravesada por la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, hasta el auge de la extrema derecha populista afín a Donald Trump en el continente, que viene de cosechar importantes victorias electorales en Colombia y Chile.
