Cuando los arquitectos franceses Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal recibieron en 1996 el encargo de reformar una plaza a las afueras de Burdeos, decidieron no hacer nada. Bueno, no exactamente. La visitaron y vieron que los vecinos del barrio la usaban. Era un espacio de reunión donde era agradable sentarse bajo la sombra de sus árboles. Así que, en lugar de gastar dinero público en reformarlo, decidieron evitar las molestias y la pérdida de vegetación que la obra provocaría en el entorno. Propusieron solo reparar desperfectos, cuidar los árboles y destinar presupuesto a mantenerlo en buenas condiciones.
No es habitual que un equipo de arquitectos salga en medios porque ha ahorrado dinero a un cliente. Mucho menos si ese cliente es una administración pública. La arquitectura y el urbanismo conllevan tiempo, materiales y recursos humanos. Hay mucho presupuesto en juego. Proponer la construcción de un edificio o el diseño de un nuevo barrio permite a los políticos hacerse fotos desde cuando se presenta la maqueta hasta que se corta la cinta de inauguración. Esto los convierte en herramientas electorales de primer orden que muchas veces reciben grandes sumas de fondos públicos.
El caso de Lacaton y Vassal podría haber quedado en anécdota. Pero siempre han procurado emplear el dinero público con eficiencia y, aunque parezca contraintuitivo, construir lo menos posible. Cuando el Gobierno francés lanzó un gran programa de reforma de los barrios de la periferia de las grandes ciudades, estudiaron las cifras económicas y el número de viviendas afectadas por la operación. Detectaron que se destinaba mucho dinero a demoler edificios y reemplazarlos por otros que reducían las viviendas disponibles. Según los arquitectos, el Gobierno había destinado desde 2003 casi 3.000 millones de euros para demoler 113.200 viviendas y 12.700 millones en construir 105.000 nuevas. Casi 16.000 millones para perder 8.200 hogares. Una decisión política bienintencionada escondía un despilfarro.
Lacaton y Vassal decidieron estudiar cómo eran las barriadas que se habían construido en Francia durante los años sesenta y setenta, el principal objetivo del plan de rehabilitación. Eran bloques de viviendas realizados en hormigón transformados sin especial cuidado, lo que hizo perder gran parte de sus virtudes y acentuó sus defectos. Eran grandes barrios que habían resuelto el problema de acceso a la vivienda, pero también se habían convertido en zonas marginadas por el mal mantenimiento de los edificios y del espacio público. Por eso junto a Frédéric Druot analizaron cómo aprovechar y mejorar esas miles de viviendas.
Bajo el lema “Nunca demoler, eliminar o sustituir, siempre añadir, transformar y reutilizar”, los arquitectos buscaban aprovechar los recursos disponibles para mejorar la vida de aquellos habitantes. Fruto de esta investigación es uno de sus proyectos más destacados, la rehabilitación de un bloque de viviendas que iba a ser demolido para sustituirlo. Con el coste de la demolición ampliaron las viviendas, las hicieron más habitables y consiguieron mejorarlas al tiempo que evitaban años de obras, contaminación, ruidos y molestias. El entorno quedaba revitalizado con la operación.
Gracias a este modo de trabajo, Lacaton y Vassal fueron galardonados en 2021 con el Premio Pritzker, el más prestigioso de la arquitectura. No es habitual que el Pritzker centre su atención en profesionales alejados de grandes edificios de las estrellas de la industria, los llamados starchitects. Pese a que las noticias se centran en las obras más espectaculares, la arquitectura ha mirado en los últimos años hacia proyectos con trasfondo social como herramienta para recuperar zonas deprimidas de las ciudades.
Otras propuestas de vivienda social han sido distinguidas tanto en premios de arquitectura como en algunos artísticos. El Turner Prize seleccionó en 2015 la recuperación de Granby Four Streets, un barrio obrero de Liverpool. Estas actuaciones y reconocimientos también han sido posibles gracias a la política pública. En el caso de Lacaton y Vassal, y su compañero Frédéric Druot, sus investigaciones han estado avaladas por el Ministerio de Cultura francés, y sus actuaciones promovidas por administraciones locales. Por tanto, un buen diseño arquitectónico puede lograr que una política de inversión en vivienda social sea más efectiva. Pero sin apoyo de las instituciones una buena arquitectura no bastará para resolver un problema social.
Reinventar el modelo de vivienda
Un cambio que introdujo la arquitectura del siglo XX fue tratar de conseguir ciudades más habitables. Algunos proyectos pioneros de la arquitectura moderna se centraron en diseñar viviendas confortables que se pudieran producir en serie para que los trabajadores que llegaban a las ciudades dispusieran de un hogar digno. Propusieron un urbanismo que alteraría el modo de concebir las ciudades: el modelo tradicional de calles y manzanas era sustituido por grandes bloques de vivienda rodeados de espacios libres.
La casa Bloc en Barcelona, de Josep Lluis Sert, fue un prototipo que propugnaba un cambio de la trama del Eixample de Cerdá por una nueva expansión de la ciudad basada en este bloque. Lo mismo ocurrió en los inicios de la Unión Soviética con el edificio Narkomfin en Moscú, que inspiraría nuevos crecimientos de ciudades en Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial. Eran bloques de vivienda que se construían rápido con materiales prefabricados y que buscaban la mejor orientación para garantizar la salubridad de los espacios. Disponían de comedores, cocinas o salas de lavandería, aunque colectivizar estos usos acentuaba el sentimiento de extrañeza con la propia vivienda.
Tanto la casa Bloc como el edificio Narkomfin fueron amparados por iniciativas políticas que buscaban mejorar el bienestar de los ciudadanos, pero que después se interrumpieron. La primera, bajo el paraguas de la Segunda República española, se frenó por la guerra civil. En el caso soviético, la evolución del régimen tras la muerte de Lenin en 1924 y la llegada de Stalin arrinconaron las iniciativas arquitectónicas radicales, que pasaron de considerarse un cambio revolucionario a subversivas.
Pero estos modelos vanguardistas de vivienda no cayeron en el olvido. Se emplearon para recuperar la economía y la sociedad de los países tras la Segunda Guerra Mundial, en muchos casos desde Gobiernos socialdemócratas que apostaban por el estado de bienestar. Ocurrió en Europa, con el Reino Unido, Francia o Países Bajos. El éxodo de arquitectos europeos impulsó estas investigaciones también al otro lado del Atlántico, con éxito desigual. En Sudamérica se propusieron grandes desarrollos urbanos que se quedaron en el papel, pero que fueron el germen de la implantación de la arquitectura contemporánea.
En Estados Unidos se experimentaron en algunos centros universitarios y se desarrollaron principalmente en Nueva York, con actuaciones bastante atípicas para ese país: muchas políticas fueron encaminadas a potenciar la segregación racial. Se proyectaban operaciones destinadas a facilitar viviendas para clases desfavorecidas, pero el diseño acentuaba la discriminación y la falta de recursos para mantener los servicios deprimía aún más esas zonas. Lo que se vendía como mejores condiciones de vida pasaba a beneficiar a quienes no eran sus destinatarios. Incluso se llegó a considerar la propia arquitectura contemporánea como causa de estos males. Una política de construcción de vivienda social no garantizaba que la inversión fuera eficiente, o incluso podía dirigirse en el sentido contrario al que trataba de mostrar.
Reino Unido: el fracaso de la ciudad del futuro
En el Reino Unido tardó en triunfar la arquitectura moderna salida de la Bauhaus. Sin embargo, desarrolló su propio estilo, el brutalismo, que llevaba al límite algunas cuestiones del movimiento moderno. Pretendía ser la imagen del estado de bienestar británico. Con ello en mente, los arquitectos que originaron este movimiento proyectaron a finales de los años sesenta los Robin Hood Gardens, uno de los edificios más influyentes en la historia de la vivienda social. Alison y Peter Smithson tenían un fuerte compromiso político y formaron parte del equipo que desarrolló planes de reconstrucción nacional en el departamento de arquitectura del London County Council, la mayor oficina técnica pública de su momento. Entre sus cometidos estaba diseñar todas las infraestructuras que sirvieran al estado de bienestar, con la vivienda social como una joya de la corona. Convirtieron el proyecto en un manifiesto: “Una construcción para el sueño socialista, que es algo diferente que construir para el estado socialista”. El nombre “Robin Hood Gardens” escondía una referencia a la leyenda: robar a los ricos para dárselo a los pobres.
En un barrio ruidoso, próximo a una zona industrial y condicionado por las grandes vías de circulación posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los arquitectos trataron de replicar uno de los mejores espacios residenciales tradicionales de la ciudad. Se trataba de las garden squares, que consiguen un jardín protegido del entorno por los bloques de viviendas. Y lo hicieron con un modelo que buscaba paliar una deficiencia del urbanismo moderno: la falta de lugares de relación entre los habitantes. Plantearon dos grandes bloques que protegían el jardín del ruido del tráfico. Diseñaron viviendas que abrían sus dormitorios a ese espacio verde y que estaban comunicadas por amplios pasillos exteriores para hacer vida en común. Como Lacaton y Vassal décadas más tarde, los Smithson calcularon los costes de la intervención, buscaron el método constructivo más eficaz para realojar a los habitantes en el menor tiempo posible y, en una estrategia novedosa, aprovecharon materiales de la excavación para modelar el parque.
Los Robin Hood Gardens fueron apreciados por gran parte de sus habitantes, pero su deterioro evidenció problemas de este urbanismo. Fueron destinados a alojar a familias de Bangladés, que quedaron aisladas del resto de habitantes del barrio. El jardín no funcionaba bien: se buscaba evitarlo en vez de reunirse en él. Además, muchos elementos producidos en serie para reducir costes no soportaron el paso del tiempo. Un diseño urbanístico ineficiente y la concentración de sectores desfavorecidos fomentaron una desigualdad que una buena arquitectura no compensaba. La reciente demolición de los Robin Hood Gardens ha significado el fin del modelo. Se han demonizado las torres brutalistas, aunque no han sido mejores las condiciones en las barriadas de casitas adosadas a las afueras de las ciudades industriales británicas. Esas hileras de ladrillo han sido tan impersonales y monótonas como las grandes moles de hormigón.
Ahora bien, la rehabilitación de edificios como la Balfron Tower, de Erno Goldfinger, desmonta esa crítica a la arquitectura residencial moderna. Sus acabados e instalaciones se han intervenido y la calidad de sus espacios, aunque ajustados, ha permitido renovarlos como apartamentos de lujo. El estilo brutalista, denostado en los barrios de las periferias, ha gozado de prestigio en actuaciones destinadas a clases burguesas. El conjunto Barbican de Londres es otro éxito que mezcla viviendas, oficinas y centros artísticos, todos conectados por galerías alrededor de los espacios libres. Los elementos de diseño que se consideran negativos en la vivienda social han sido protegidos como bien patrimonial por el Ministerio de las Artes británico.
Margaret Thatcher o el adiós a la vivienda pública
La Balfron Tower o el Barbican demuestran que los edificios funcionan si hay medios e interés para mantenerlos. Aunque ¿para qué proyectar este tipo de bloques si los propietarios o la administración no van a cuidarlos? Eso ocurrió en los años setenta. La crisis de aquella década hizo que las arcas municipales no pudieran hacer frente a los gastos de mantenimiento de los edificios o de los espacios públicos. También se hacía patente que las viviendas no estaban equipadas para la población que los habitaba. Se edificaban bloques que sumían a los habitantes de esos barrios en un sentimiento de no pertenencia al lugar donde vivían. The Housemartins reflejaban esta sensación en su canción Build:
Clambering men in big bad boots
Dug up my den, dug up my roots.
Treated us like plasticine town
They built us up and knocked us downHombres trepadores con botas grandes y malas
Desenterraron mi guarida, desenterraron mis raíces.
Nos trataron como a una ciudad de plastilina
Nos construyeron y nos derribaron
Las modificaciones de las leyes de vivienda británicas desde los años sesenta, tanto de conservadores como de laboristas, se orientaban a clases más desfavorecidas y reducían los estándares de calidad. Las barriadas sociales quedaban estigmatizadas y sus habitantes eran mostrados como gente sin iniciativa que se aprovechaba del Estado para solucionar sus problemas. La profunda crisis derivada de la reconversión industrial acentuaba el deterioro social e incidía en el enfrentamiento entre las clases populares.
La llegada al poder de Margaret Thatcher en 1979 aceleró el desmantelamiento de las políticas sociales en materia de vivienda. A su vez, propugnó el cambio del modelo en alquiler al de propiedad. La Housing Act de 1980 y la implantación del Right to Buy (‘Derecho a comprar’), convertido en lema político de Thatcher, permitía a los inquilinos adquirir la vivienda pública donde residían y favorecía que los ayuntamientos se financiaran con estas ventas. Sin embargo, impedía reinvertir los beneficios en la construcción de nuevos edificios. Se fomentaba la especulación y generaba problemas de acceso a la vivienda que se han hecho insostenibles. Los inquilinos que no podían adquirir su vivienda notaban la falta de inversión en mantenimiento, y el deterioro de las viviendas se atribuía a su diseño, obviando por qué habían decaído.
Durante los primeros mandatos de Tony Blair se trató de revertir esa tendencia y mejorar las condiciones de los suburbios. La deriva neoliberal británica ha dejado en manos de algunos municipios laboristas, como Bristol o algunos distritos de Londres, la resistencia a las políticas impuestas desde el Gobierno central. La devolución de competencias les ha permitido volver a impulsar programas de vivienda social que comienzan a ponerse como ejemplo positivo. Por ejemplo, la rehabilitación de entornos urbanos y la promoción de nuevos conjuntos residenciales respetuosos con el entorno han sido buenos ejemplos de vivienda en alquiler. Se buscan edificios que eviten la imagen de la arquitectura brutalista que ha quedado asociada a los barrios marginales y construyen en el ladrillo que ha configurado los barrios residenciales acomodados. La misma nostalgia que reflejaba la serie The Crown está modelando las intervenciones urbanas en el Reino Unido. De hecho, la llegada al trono de Carlos III ha hecho recordar sus polémicas como príncipe, conocido por rechazar la arquitectura moderna e implicarse en desarrollos urbanísticos.
Nueva York: viviendas asequibles en la ciudad más desigual del mundo
Quizá no se trata de reinventar el modo de vivir, ni de enseñar a los habitantes cómo usar sus viviendas, sino de proporcionar las condiciones adecuadas para garantizar su bienestar. Y esto supone mantener las inversiones en vivienda social. Así ha actuado la New York City Housing Authority, la primera agencia de Estados Unidos para garantizar el derecho a una vivienda digna. Ha logrado crear un modelo que combina la inversión pública con la iniciativa privada y permite una mezcla de estratos sociales en cada promoción. Así se consiguen inversiones viables y crear una comunidad diversa que se identifica con su vecindario.
Pese a las imperfecciones del modelo, gran parte de los beneficiarios del sistema valoran positivamente los apartamentos donde residen. Así lo sostienen Nicholas Dagen Bloom y Matthew Gordon Lasner en su libro Affordable Housing in New York, que apunta a que una clave del sistema ha sido construir viviendas por debajo del precio de mercado para las clases más desfavorecidas. En la ciudad que posiblemente tiene el mercado inmobiliario más desequilibrado es clave no expulsar a amplias capas de su población. Mantener la inversión en vivienda pública ha evitado el deterioro urbano que han sufrido Detroit o Filadelfia.
Durante las primeras décadas de la posguerra el modelo urbano se importó de Europa. Grandes bloques en altura rodeados de avenidas que funcionaban como autopistas urbanas, sobredimensionadas para absorber el enorme tráfico de vehículos. Las críticas a este modelo, por descuidar el diseño del espacio público, hicieron que se revisara y adaptara a la ciudad existente. El movimiento encabezado por Jane Jacobs logró volver a incluir a los peatones frente a la omnipresencia del tráfico rodado. Su libro La muerte y la vida de las grandes ciudades americanas consiguió que cambiara la mirada de los ciudadanos al espacio urbano e hizo caer el prestigio de Robert Moses, el principal planificador del sistema en Nueva York.
Los nuevos edificios respetaban la retícula neoyorquina característica y se construían con menos alturas. Había menos viviendas en cada conjunto y eso hacía que los vecinos se conocieran. Se cuidó el tamaño de los espacios públicos y se construyeron lugares de reunión en los edificios. No eran lugares idílicos, pero sus usuarios los percibían como propios. El impacto de la vivienda social es visible hasta en la música: en los espacios comunes de barrios como el Bronx nació el hip hop, un movimiento musical que expresaba el desencanto de la juventud neoyorquina y que se apropiaba del espacio público para mejorarlo. Todas sus expresiones se realizaban allí y generaban un espíritu comunitario sin recurrir a la violencia. Estos vecindarios han pervivido en el imaginario del hip hop y algunos artistas como Jay-Z han vuelto a sus orígenes para continuar esta labor social.
Francia: recuperar la mezcla como identidad de la ciudad
Francia ha seguido apostando por una política de vivienda pública ya que es una necesidad social asumida. Pero en las últimas décadas se ha rediseñado el modelo para evitar los problemas de los desarrollos de la segunda mitad del siglo XX. Las revueltas en las banlieues parisinas en 2005 son la expresión de este fracaso. Como en el Reino Unido, la vivienda pública tenía como principal destinatario a los inmigrantes, mientras que las clases medias accedían a vivienda en propiedad de promoción privada. La independencia de Argelia medio siglo antes había provocado un éxodo a las ciudades francesas que quedó alojado en las afueras, separadas de los centros urbanos y que impidieron su integración social. Eran grandes barrios con viviendas, pero sin escuelas o centros sanitarios, y aislados de los núcleos económicos. Una vez más, el modelo de urbanismo creó desigualdades que no compensaban los beneficios de una buena arquitectura.
Por eso una prioridad en la legislación y en los nuevos proyectos es tratar de evitar la segregación. En Francia, la promoción de vivienda social no es exclusiva del Estado, sino que existen agentes que la pueden desarrollar y que liberan a la administración de gestionar los procesos. La colaboración entre administraciones y promotores privados garantiza la mezcla de viviendas de distintos estratos sociales y económicos, y en los desarrollos se beneficia a los promotores que más apuestan por la vivienda social.
Es decir, se está tratando de revertir el modelo de ciudad que se zonificaba y separaba los distintos usos. Se busca combinar la vivienda con usos productivos que generen actividad económica, intentando aplicar el criterio de “una vivienda, un puesto de trabajo”. También se quiere evitar nuevos desarrollos de viviendas que impliquen crear equipamientos que supondrían un coste adicional para las arcas públicas. Se apuesta por regenerar tejido urbano ya existente, que cuenta con los servicios necesarios, y en las intervenciones se han incorporado factores como la sostenibilidad y el respeto por el medioambiente.
Un buen caso es la renovación de la Ciudad Gagarin en Ivry-sur-Seine. Ejemplo en su día de ciudad integradora, no pudo evitar el declive provocado por las tensiones sociales y la desindustrialización. El proyecto corre a cargo del estudio barcelonés Archikubik, responsable de varios proyectos de vivienda social en los alrededores de París. Archikubik va a diseñar un barrio ecológico que sustituirá a los grandes bloques de viviendas de los años sesenta. En este caso sí se demolerán para renovar la forma urbana, pero los materiales de derribo son reaprovechados al 90%, en una política de economía circular que reduce el impacto ambiental de la construcción. Este desarrollo incluye varias hectáreas para el provecho agrícola profesional, oficinas, comercios y equipamientos. La idea combina con el concepto de “ciudad de los quince minutos”, que permite realizar cerca las actividades habituales y refuerza el sentimiento de comunidad.
De la España de los ascensores a la España de las piscinas
España no es ajena al problema del acceso a la vivienda, agravado por el decreciente poder adquisitivo de los trabajadores. La Ley de Calidad de la Arquitectura, aprobada con una inusual mayoría parlamentaria en 2022, se ha planteado bajo estos criterios de eficacia de la construcción y calidad de la arquitectura. Pretende destacar la importancia de la arquitectura para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y para tratar de resolver desigualdades sociales. Pero falta una política de vivienda común que permita solucionar el difícil acceso a un hogar. Frente a la práctica unanimidad de la Ley de Calidad, la reciente aprobación de la Ley de Vivienda ha sido menos plácida. Algunas administraciones ya han anunciado que no van a aplicar determinadas medidas, lo que puede limitar su alcance.
España es uno de los países de la Unión Europea con menor cantidad de vivienda pública en alquiler. Durante muchos años las administraciones construyeron con el modelo heredado del franquismo, la vivienda en propiedad. Ahora han abandonado la herramienta con la que intentaron actualizar la imagen del país en el cambio a la democracia. En Barcelona se produjo una gran transformación urbana en los años ochenta que buscó la apertura al mar y sanear la trama del barrio del Raval. La elección como sede olímpica y arquitectos como Oriol Bohigas consiguieron que todo el proceso urbanístico tuviera una dirección clara y el apoyo de los responsables políticos. Todo ello renovó la imagen de la ciudad.
En Madrid, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) también tuvo durante años una actividad arquitectónica ejemplar, aunque insuficiente para satisfacer la demanda. En los años de la Movida madrileña todavía existía un importante problema con el chabolismo. Gracias a la lucha de las asociaciones vecinales se promovieron grandes operaciones, como el desarrollo de Palomeras. Se logró revertir un crecimiento de la ciudad que revalorizaba terrenos ocupados por infravivienda y que expulsaba de nuevo a sus habitantes a los límites urbanos al conseguir fijar a la población en esos barrios y redistribuir la riqueza.
Sin embargo, la falta de financiación por la crisis de 2008 y los problemas de tramitación urbanística de los proyectos detuvieron la labor de la EMVS madrileña. Se convocaban concursos para elegir soluciones innovadoras y premiar el trabajo de equipos de jóvenes arquitectos. Pero muchas soluciones requerían modificaciones en la normativa urbanística que ralentizaban su construcción. No se conseguían entregar las viviendas que se prometían en la campaña electoral, y ningún alcalde quiere enfrentarse a eso.
Pero el problema venía de antes. El enorme crecimiento en los años de la burbuja inmobiliaria no vino acompañado de políticas que aumentaran la disponibilidad de vivienda pública. Se confió en la iniciativa privada y la inversión pública se reducía a construir edificios emblemáticos, rentables en imagen política. En un gran desarrollo privado de Madrid, el ayuntamiento contactó con MVRDV, estudio neerlandés con una importante experiencia en vivienda social, para construir en 2005 un elemento icónico: el mirador de Sanchinarro. En lugar de plantear una manzana con espacio común en el centro, plantearon una torre con el espacio de relación en las alturas. El gran vacío central de su imagen característica es una terraza de seiscientos metros cuadrados en la planta doce. Pero este proyecto singular no ha ayudado a transformar su entorno, rodeado de edificios sin mucho carácter y con espacios sin especial calidad urbana.
Ante la ausencia de iniciativas públicas importantes, están surgiendo modelos de cooperativas que suplen estas carencias. Proponen nuevas formas de promoción de vivienda que buscan eliminar los elementos especulativos y recuperan ideas de los inicios de la modernidad, como espacios comunes o servicios compartidos. La calidad del proyecto de La Borda, en Barcelona, le ha hecho merecedor del Premio Mies van der Rohe 2022, que incide en la existencia de una nueva mirada sobre la vivienda social. Pero un producto accesible depende de que las administraciones cedan el suelo, y sin un apoyo institucional decidido y por todo el país estos proyectos se quedan en parches. La recuperación económica y social pasa por desarrollar políticas de vivienda social eficientes, y no hacerlo sería un error que llevaría décadas corregir.
