Ya sea en forma de bizum al casero o de factura del gas, la vivienda suele ser el principal coste que asumen los ciudadanos cada mes. La regla más común es que este no debe suponer más del 30% de los ingresos del hogar, teniendo en cuenta también los impuestos o el mantenimiento en el caso de los propietarios y los servicios básicos como la luz o el agua en el de los inquilinos, si se quiere afrontar el resto de gastos con relativa comodidad. Según datos de Eurostat de 2023, los ciudadanos de la Unión Europea destinan de media el 19% de su renta disponible —ingresos después de impuestos— a la vivienda, por lo que la norma del 30% se cumple y con un amplio margen en la región.
Pero hay matices. El más importante es que ese dato no incluye el grueso de la hipoteca —solo intereses y tasas— al tratarse de una inversión más que de un gasto asociado al día a día de los ciudadanos. Teniendo en cuenta que una parte importante de la población se encuentra inmersa en un compromiso hipotecario, el coste de la vivienda en un sentido amplio es más elevado, probablemente más cerca de ese umbral del 30%.
También hay diferencias regionales: el caso más preocupante es el de Grecia, donde el gasto en vivienda alcanza el 35,2% de la renta. La crisis del 2008 arrasó el tejido productivo del país helénico y quebró el poder adquisitivo de su clase trabajadora, grietas que aún hoy son visibles en la sociedad griega. Otros Estados miembros con un gasto elevado en vivienda son Dinamarca, Países Bajos, Alemania o Suecia, países con un parque inmobiliario muy tensionado fruto de la temprana edad a la que sus jóvenes se emancipan y las elevadas tasas de alquiler. Por su parte, otro países de gran tamaño como Francia o España se mueven ligeramente por debajo de la media comunitaria, con cifras de entre el 17% y el 18%.
Asimismo, la media del 19% comunitaria camufla los datos de los sectores de la población más empobrecidos y más expuestos por tanto al aumento generalizado de los precios de la vivienda. Si atendemos únicamente al grupo de ciudadanos que tienen una renta disponible un 60% inferior a la media nacional, es decir, en riesgo de pobreza, el peso del gasto en vivienda se incrementa hasta el 38% (cifras de 2022), mientras que para aquellos que tienen unos ingresos un 60% por encima de la media apenas supone un 16%. Y si ponemos el foco en los alquilados, una quinta parte de estos gastan más del 40% de sus ingresos en pagar la renta.
El porcentaje de inquilinos que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler
Frente a esto, también existen países en la Unión Europea donde los sobrecostes asociados a la vivienda registran cifras más moderadas si se comparan con el resto de socios comunitarios. Se trata, por ejemplo, de Malta y Chipre, donde el gasto en vivienda apenas supone el 8,8% y el 11,6% respectivamente de la renta disponible de sus ciudadanos, los dos datos más bajos de toda la región.
Se trata de dos islas pequeñas, con costes de vida más bajos. Malta y Chipre son de hecho también los Estados miembros que cuentan con las tasas de infraocupación —habitaciones desaprovechadas en los hogares— más altas de todo el bloque comunitario.
