En las economías ricas del mundo cada vez existe una una brecha más amplia entre el precio de la vivienda y los ingresos de las familias, que ahora se ven forzadas a ahorrar durante más tiempo para poder comprarse una casa. Esta es la tendencia generalizada que se ha registrado en los últimos veinte años en la mayoría de países que forman parte la OCDE, el club de Estados de altos ingresos.
En el año 2000, en concreto, los ciudadanos de los 26 países de esta organización para los que hay datos disponibles debían acumular de media el equivalente a 8,8 años de renta familiar neta para adquirir una vivienda de 100 metros cuadrados, mientras que en el 2020 necesitaban ya el dinero de 11,1 ejercicios (después de impuestos).
La situación es especialmente preocupante en países como Luxemburgo, Irlanda, Corea del Sur o Nueva Zelanda, territorios donde el acceso a la vivienda es especialmente gravoso en comparación con las rentas y donde se requiere más de quince años de ingresos familiares para comprar una casa.
Las razones son diversas: la oferta inmobiliaria, por un lado, es muy rígida a corto plazo. El stock de casas depende de nuevas construcciones y de la renovación y mejora de las existentes, inversiones que requieren tiempo y no impiden que aumente la presión y la volatibilidad en los precios de la vivienda en un periodo limitado. En algunos casos, además, la falta de espacio es un problema insalvable, como ocurre en Seúl o Luxemburgo.
Así han cambiado los ingresos de la población en la Unión Europea
En el lado de la demanda, el encarecimiento del mercado inmobiliario también ha sido motivado por la rebaja de los tipos de interés de las últimas décadas y las políticas monetarias expansionistas desplegadas por los bancos centrales tras la crisis financiera de 2008. Ambas dinámicas, unidas a la desregulación financiera —relajación de las condiciones de préstamo y nuevos productos hipotecarios—, han facilitado la obtención de crédito para comprar una casa y la entrada masiva de fondos de inversión (muchos de capital riesgo o buitres) en el real estate, disparando la demanda y tensionando el mercado.
La imparable urbanización y las tendencias demográficas no han hecho sino intensificar más este desajuste entre oferta y demanda. Así, el envejecimiento y los cambios en las tasas de matrimonios y divorcios están menguando el tamaño de los núcleos familiares y, por tanto, aumentando el espacio medio por persona y hogar.
Aparte del aumento de la carga sobre los nuevos compradores, todos estos inconvenientes dan lugar a un reparto desigual del valor asociado a la propiedad. En la OCDE, de hecho, si dividimos a la sociedad en cinco partes iguales o quintiles en función de su riqueza, observaremos que el más acaudalado posee el 46% del valor del parque inmobiliario habitado por sus dueños, mientras que el segundo, el tercero y el cuarto apenas suman el 51% y el último el 3%.
Las cifras son aún más elocuentes en el caso de los bienes raíces secundarios, es decir, segundas residencias o propiedades en alquiler, con hasta el 75% del valor inmobiliario en manos del quintil más rico. De esta forma, la vivienda, clave para la acumulación de patrimonio y el ascenso social, se ha convertido en su lugar en un impedimento para la progresión económica de muchas familias, que se ven obligadas a vivir de alquiler durante gran parte de su vida o a endeudarse más y durante más años que hace dos décadas.
¿Cuántas personas viven en un piso o en una casa en la Unión Europea?
