España tiene, desde hace tiempo, un grave problema de acceso a la vivienda. El modelo residencial, basado en el ladrillo y la propiedad e imperante desde tiempos del franquismo, se descompuso tras la crisis de 2008, cuando el pinchazo de la burbuja inmobiliaria sacó relucir todas las fallas de este sistema.
En él destacaban, por ejemplo, el escasísimo desarrollo de políticas públicas de vivienda y un sector inmobiliario muy vinculado a la especulación y la deuda, pero también la corrupción y el fraude bancario –el alcance de la estafa de las preferentes o las cláusulas suelo es difícilmente comparable con lo sucedido en otros países de Europa–.
Desde entonces, los cambios en el modelo de vivienda han sido más bien escasos, aunque el país ha ido abandonado paulatinamente la lógica de la propiedad –en gran parte por la imposibilidad que tiene la población joven para comprar una casa– para orientarse hacia el alquiler.
En 2008, más del 80% de la población española vivía en una casa en propiedad, mientras que en la actualidad esta cifra ha caído por debajo del 76%, según datos de Eurostat. Este descenso, lento pero constante, ha ido acercando a España a las cifras de alquiler que se registran en la Unión Europea, donde de media un 30% de la población vive arrendada –en España se sitúa en el 26%–.
Las personas que viven de alquiler o en propiedad en la Unión Europea
Pese a esto, el aumento de las tasas del alquiler no ha supuesto una mejora de los problemas económicos que enfrenta la población en materia residencial. De hecho, España se sitúa entre los países de la Unión Europea donde los inquilinos sufren más sobrecostes asociados a la vivienda. En total, cerca de cuatro de cada diez personas que vive de alquiler en España destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda.
La medición no solo incluye el gasto que supone el arrendamiento, sino también los coste de mantenimiento y reparación y lo que se destina a servicios básicos como la luz o el agua.
El porcentaje de inquilinos que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler
Uno de los motivos que explica los problemas económicos que sufren los inquilinos en España se encuentra en la pérdida de poder adquisitivo de la población, con unos salarios congelados desde el año 2000, pero también la ausencia prácticamente total de vivienda pública orientada al alquiler. Apenas el 1,1% de las viviendas que existen en España son de alquiler social. Es decir, son alojamientos residenciales reservados por el Estado para un grupo poblacional concreto a precios de submercado.
Toda esta situación se hacen notar con especial fuerza en la juventud, el grupo de población que más problemas arrastra para acceder a la vivienda. A las barreras generales que siguen existiendo en el modelo de vivienda se unen la fortísima precariedad que sufren los jóvenes, con bajos salarios, altas tasas de temporalidad y desempleo.
Como consecuencia, la edad de emancipación en el país se ha ido retrasando de forma continuada durante los últimos tiempos, y en la actualidad la edad media para dejar el hogar familiar se sitúa por encima de los 30 años, mientras que en el conjunto de la Unión Europea esto sucede, de media, a los 27.
Visto desde otro ángulo, y en lo que se refiere a la población más joven, esto supone que cerca del 93% de los jóvenes de entre 18 y 24 años todavía viva con sus padres, la séptima tasa más alta de la Unión Europea, donde el porcentaje medio baja hasta el 80%.
