El presidente español, Pedro Sánchez, presidirá este miércoles 15 de julio el acto en el que se derribará la verja de Gibraltar, coincidiendo con la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que marcará la entrada del Peñón en el espacio Schengen. Es el último cabo suelto del brexit en el mapa europeo, después de resolverse en 2023 el estatus de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, la otra frontera terrestre pendiente entre el espacio comunitario y el país británico.
El acuerdo comenzará a aplicarse de manera provisional el 15 de julio, y tendrá como consecuencia la desaparición de los controles fronterizos. A partir de esa fecha, esos controles de pasaporte dejarán de hacerse en la propia verja y se trasladarán al aeropuerto del Peñón, donde agentes de la Policía Nacional española asumirán las funciones de control Schengen.
El desmantelamiento de la verja, que ya está en marcha, ha sido convertido por el Ejecutivo español en un hito de la legislatura en política exterior. Mientras tanto, la oposición sostiene que Sánchez ha desaprovechado la ventana abierta por el brexit para reforzar las aspiraciones españolas sobre la soberanía del Peñón, y cuestiona tanto el reparto de competencias en materia fronteriza como el impacto económico que el nuevo modelo tendrá para el Campo de Gibraltar.
Ahora, con esta nueva etapa en las relaciones entre España y el Reino Unido, estos mapas ofrecen una guía para entender de dónde viene la disputa y qué implicaciones y debates surgen de la nueva fase del Peñón.
Una verja con más de un siglo de historia
La verja de Gibraltar no es la frontera con España. En realidad, la frontera se fijó en el Tratado de Utrecht en 1713, cuando España cedió a la Corona británica la ciudad, el castillo y el puerto de Gibraltar, pero no el istmo que los une hoy con España ni las aguas que los rodean. Para España, todo lo que Gibraltar ha ganado desde entonces —el aeropuerto, construido sobre el istmo neutral; los terrenos ganados al mar en la bahía…— es territorio ocupado fuera de lo pactado hace más de tres siglos.
La separación física, en cambio, es mucho más reciente: se instaló en 1909, y desde entonces su cierre y su reapertura han marcado los grandes episodios de la relación bilateral.
El episodio más traumático fue el bloqueo durante el franquismo. En 1967, Londres convocó en Gibraltar un referéndum de soberanía en el que más del 99% de sus habitantes votó seguir siendo británicos. El dictador Francisco Franco lo interpretó como una provocación y, tras la entrada en vigor de la Constitución de Gibraltar de 1969 —la norma que ordenaba el autogobierno del territorio—, decretó el 8 de junio de ese año el cierre total de la verja. Se cortaron las comunicaciones telefónicas, el suministro de agua, el transbordador con Algeciras y cualquier tránsito de personas o mercancías.
La reapertura llegó por etapas y ya en democracia. El entonces presidente Felipe González reabrió el paso a los peatones el 14 de diciembre de 1982. La reapertura completa —con circulación de vehículos y mercancías— no llegó hasta el 5 de febrero de 1985, y no fue un gesto espontáneo: Bruselas la exigió como condición para que España entrara en la Comunidad Económica Europea al año siguiente.
Los problemas llegaron de nuevo con el brexit. Más de la mitad de los británicos votaron a favor de abandonar la UE. En cambio, en Gibraltar esa opción obtuvo apenas el 4% de los votos, el porcentaje más bajo de todo el Reino Unido. El Peñón se vio así obligado a salir también de la UE y amenazaba con quedarse aislado de nuevo, sin un marco definido para su relación con la Unión. El acuerdo político alcanzado en la Nochevieja de 2020, y el tratado que se firma ahora, han sido el intento de evitar precisamente una frontera dura en pleno territorio comunitario.
Gibraltar, una disputa ¿colonial?
En realidad, el acuerdo alcanzado busca solucionar la cuestión fronteriza, pero no responde a otras cuestiones de fondo que marcan el debate sobre el enclave. Por ejemplo, la legitimidad del control británico sobre el territorio o las aspiraciones de que vuelva a formar parte del territorio español.
Gibraltar es oficialmente un territorio británico de ultramar (British Overseas Territory) con amplio autogobierno interno desde su propia Constitución, aunque Londres retiene la defensa y las relaciones exteriores. Naciones Unidas, en cambio, sigue considerando el control británico como un reducto colonial, e incluye al Peñón desde 1946 en la lista de “territorios no autónomos pendientes de descolonización”, en la que hoy queda una veintena de enclaves en el mundo, entre ellos el Sáhara Occidental o las Malvinas.
La posición oficial de España sigue las líneas de la ONU. El Ministerio de Asuntos Exteriores emplea la definición de “colonia” para el enclave, y no reconoce ni la ampliación posterior al tratado ni los referéndums de autodeterminación celebrados en 1967 y 2002, en los que ganó la opción de la pertenencia a Reino Unido.
Tal como ocurre en Malvinas, la ONU no aplica el principio de autodeterminación de los pueblos sino el de reintegración territorial a España, heredado de las resoluciones aprobadas en los años sesenta. Lo hace así porque no considera a los gibraltareños habitantes originarios del Peñón, sino fruto de la colonización británica. Por esa misma razón España nunca ha reconocido aquellos referéndums.
La seguridad, en el centro del debate
Gibraltar da nombre al estrecho homónimo, uno de los puntos más vigilados de la geopolítica mundial: el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo, con apenas catorce kilómetros entre las dos orillas. Ese valor estratégico, y no tanto el terreno en sí, llevó a los británicos a reclamarlo en el Tratado de Utrecht.
En el siglo XXI, igual que entonces, el control sobre el estrecho es imprescindible. No sólo por su importancia para la vigilancia y el tráfico marítimo, sino por su condición de frontera sur de la UE. Para España y para Europa, el estrecho de Gibraltar es el lugar al que se traslada todo el aparato de control comunitario. Es un enclave estratégico: por el Estrecho pasa buena parte del tráfico marítimo entre Europa y Asia, las rutas migratorias hacia España y, cada vez con más intensidad, las del narcotráfico.
Con el acuerdo, Gibraltar queda conectado de facto al espacio Schengen. En términos de seguridad, esto implica que España tendrá la responsabilidad de aplicar el acervo Schengen en el territorio, y que las autoridades españolas tengan la última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia en Gibraltar. Los más beneficiados serán los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos, pues se elimina el control de pasaportes y con ello, en principio, las largas colas de acceso.
Pero con ello también llegan las dudas. Los habitantes del Peñón están acostumbrados a esa excepcionalidad del enclave, y temen que el relajamiento de los controles abra paso también al aumento de la criminalidad. El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, señalaba que esas dudas son propias de los grandes cambios, y que la reapertura parcial de 1982 también vino acompañada de “un poco de miedo”.
Una economía muy desigual
El PIB per cápita de Gibraltar, descontado el peso de los trabajadores no residentes, ronda los 71.600 euros. En cambio, apenas a quinientos metros de la verja, la Línea de la Concepción marca su renta bruta media en 26.688. El desempleo en el Peñón es prácticamente inexistente, mientras que en La Línea supera el 30%.
Y es que el desarrollo económico de Gibraltar ha descansado en un sistema de fiscalidad reducida, con tipos impositivos muy inferiores a los del resto de Europa. Mantiene un impuesto de sociedades del 12,5%, un IRPF máximo del 28% y carece de IVA, impuesto de sucesiones o de patrimonio. Cuenta con más de 13.000 empresas registradas en un territorio que no llega a los 40.000 habitantes.
Por este motivo, el Peñón lleva años en listas de paraísos fiscales. Aunque no figuraba en la de la UE o la OCDE, si lo hacía en la de organizaciones como Oxfam. En la lista española de jurisdicciones no cooperativas figuraba hasta hace unas semanas, tras declararse que cumplía los estándares fiscales europeos y españoles, como parte del histórico acuerdo entre España, el Reino Unido y la UE que permitirá el derribo de la verja.
Ahora, con el acuerdo, cambiarán algunos elementos del sistema gibraltareño. El tratado contempla la implantación de un nuevo impuesto, similar al IVA, que partirá del 15% y alcanzará el 17% en tres años, con el objetivo de reducir el desequilibrio fiscal con el Campo de Gibraltar. Además, el acuerdo prevé un mecanismo de vigilancia: un observatorio independiente controlará la evolución de precios y ventas, y podrá exigir a Gibraltar que ajuste sus tipos si detecta distorsiones significativas.
Aunque esto supondrá un aumento del coste de la vida, en realidad grava el consumo de bienes, no la renta de las sociedades ni la de las personas físicas, que es donde reside la ventaja fiscal que ha convertido a Gibraltar en un centro de seguros, banca y juego online. Por ello, y aunque en virtud del acuerdo España lo haya sacado de su lista, la organización Tax Justice Network sigue situando al enclave en el puesto 48 de su Corporate Tax Haven Index, señalando sobre todo ese tipo impositivo muy bajo para el impuesto sobre sociedades.
Por su parte, el alcalde de la Línea señalaba este año en una entrevista que en el acuerdo falta aclarar temas como el cobro de pensiones de los trabajadores transfronterizos. También teme que la convergencia entre los dos lados de la frontera empeore las condiciones de vida en La Línea, que precisaría de una mayor inversión en infraestructuras y un plan especial.
El acto de este miércoles marca el fin de una anomalía que llevaba pendiente desde el referéndum del brexit en 2016. En la práctica, será una vuelta a la situación anterior al bloqueo franquista: personas y mercancías circulando sin control físico entre Gibraltar y España. Pero con un matiz que no existía antes de 1969: esa frontera abierta será, por primera vez, una frontera también española y europea, con el control migratorio a cargo de la Policía Nacional y sometida al acervo Schengen.
Lo que el tratado no resuelve —y no pretende resolver— es la disputa de soberanía. Naciones Unidas sigue instando a España y el Reino Unido a alcanzar, por la vía bilateral, una solución definitiva sobre el estatus de Gibraltar, un proceso que permanece de facto congelado.
