Un genocidio en Gaza, tres años de guerra en Ucrania, catástrofes naturales cada vez más frecuentes y mortíferas y una tendencia autocrática que no para de crecer. Todo sucede de forma simultánea y expande la sensación de que nadie hace nada, ni Gobiernos ni organizaciones no gubernamentales (ONG) que representan a la sociedad civil y luchan por los derechos humanos. Estas últimas también han perdido credibilidad al supuestamente no hacer nada por evitar el sufrimiento de miles personas. Pero no es verdad.
Las ONG sí han tomado acción, pero el contexto las limita y, en muchos casos, hace imposible su labor. Miles de camiones con ayuda humanitaria están esperando a entrar en Gaza, pero Israel no lo permite. Al menos siete barcos patrullan el Mediterráneo para salvar a migrantes que cruzan el mar para buscar una vida mejor, pero los Gobiernos europeos no paran de ponerles barreras. Los trabajadores humanitarios entran en la Franja para ofrecer ayuda, pero más de quinientos han muerto durante la ofensiva israelí.
Las ONG hacen frente a los Gobiernos, muestran verdades que incomodan a sus líderes y defienden los intereses y libertades de las personas. Sin embargo, los propios Gobiernos no paran de imponerles límites, criminalizar su labor y recortarles presupuestos, a lo que se suma el escepticismo de la sociedad. De ese modo, el tercer sector pierde influencia y capacidad de actuación, y con ello hace peligrar las democracias.
El auge de la sociedad civil
El origen de las ONG se remonta a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Durante sus primeras décadas de labores, la Sociedad Antiesclavista o la Asociación Nacional pro Sufragio de la Mujer en Estados Unidos desempeñaron un papel clave para sus respectivos objetivos. El mayor éxito hasta entonces llegaría entrado el siglo XX, con la Conferencia para el Desarme de 1932, donde fue esencial la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Con todo, el término “organización no gubernamental” no se usaría por primera vez de forma oficial hasta 1945, en la Carta de Naciones Unidas.
De acuerdo con la ONU, una ONG es una organización, grupo o institución sin fines de lucro que opera independientemente de un Gobierno y tiene objetivos humanitarios o de desarrollo. Más de 3.900 organizaciones de este tipo tienen el estatus de actor observador en la ONU, lo que les permite acceso a documentos y la posibilidad de atender a las reuniones de la Asamblea General.
El auge de las ONG supuso un gran cambio en la política internacional, ya que actores civiles no estatales comenzaron a ostentar influencia y cierto poder. Por ejemplo, Amnistía Internacional se fundó en 1961, Greenpeace y Médicos sin Fronteras en 1971 y Human Rights Watch en 1978. Sin embargo, el verdadero auge vendría con el fin de la Guerra Fría. El boom democrático de los años noventa fomentó la creación de nuevas ONG, ampliando el sector hasta un 42% durante esa década. Además, importantes organizaciones como Greenpeace o Amnistía Internacional aumentaron sus presupuestos y su alcance en el mundo.
Durante esa época neoliberal, que venía desde los años ochenta, los Gobiernos occidentales redujeron sus presupuestos, lo que provocó una redistribución de poderes. Los huecos que quedaron tanto en el poder como en los presupuestos fueron responsabilidades que recayeron sobre las ONG, principalmente las de desarrollo y la ayuda humanitaria. Al fin y al cabo, se entendía que estas tareas recaían en ellas. Asimismo, las ONG marcaron la agenda pública en temas de derechos humanos y servían de apoyo a los Gobiernos.
Este poder adquirido permitió a las ONG intervenir en política. Grandes logros como la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal de 1997 o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003 fueron guiados por ONG, como la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersonas y Transparencia Internacional. Así, el auge de estas entidades fue visto como una oportunidad para que la sociedad civil tuviera un impacto real y liderara cambios a nivel internacional.
Pero los Gobiernos no siempre apoyaban este poder civil, en especial cuando denunciaba sus acciones, e incluso trataron de silenciar a varias ONG. Fue el caso de Francia con el Rainbow Warrior de Greenpeace en 1985. El objetivo de la embarcación era denunciar las pruebas nucleares en la Polinesia Francesa. Conscientes de ello, el servicio secreto francés hundió el barco usando explosivos. El operativo dejó un muerto, obligó a Francia a pagar a Greenpeace 8,1 millones de euros y aumentó el apoyo a la organización.
Algo similar ocurrió más recientemente con la embarcación Madleen, de la organización Flotilla de la Libertad. El pasado junio, activistas de diferentes nacionalidades trataron de llegar a la costa de Gaza para entregar ayuda humanitaria, pero la embarcación fue interceptada por las autoridades israelíes y dirigida a un puerto del Estado hebreo. Los activistas fueron devueltos a sus países, pero la difusión en redes mostró, una vez más, la intención israelí de bloquear la entrada de ayuda humanitaria a la Franja.
Un sector en crisis
Los mejores tiempos de las ONG son cosa del pasado. La falta de financiación estatal, de la que dependen, y el escepticismo público ha contribuido a la crisis que atraviesa el sector. En España se confía más en las empresas, según el Edelman Trust Barometer, mientras que la población externa al sector puntúa en un 6,5 sobre diez su confianza hacia las ONG, según un informe de la consultora PwC y Esade. El tercer sector sigue liderando en nivel ético, pero la diferencia es cada vez menor entre empresas y ONG, que han perdido influencia, oportunidades y poder. Un poder que, muchas veces, ha vuelto a los Gobiernos.
El cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) por parte de la Administración Trump ha sido un golpe para el sector. El Reino Unido, Alemania, Noruega, Francia o Suiza también han implementado o anunciado recortes en cooperación y ayuda humanitaria. Si las medidas se cumplen, el valor total de la ayuda humanitaria podría caer hasta un 45% en 2025, afectando a millones de personas que se benefician en el mundo. Mientras tanto, Estados Unidos y Europa aumentan su inversión en defensa.
Además, la crisis de las ONG incluye una crisis reputacional por malas conductas. Abusos, violencia y corrupción por parte de trabajadores de distintas organizaciones han aumentado la pérdida de credibilidad y la mala imagen del sector. Sin ir más lejos, la directora y once trabajadores de la organización Quorum Social 77, que protegía a los menores no acompañados que llegaban a las Islas Canarias, fueron detenidos el pasado julio por sospechas de violencia, abusos sexuales y desviación de fondos.
No es un caso aislado. Sólo en 2017 en el Reino Unido, hasta 120 trabajadores de diferentes ONG fueron acusados de abusos sexuales. A ello se suman el escándalo de Oxfam por fiestas de altos cargos con prostitutas en Haití durante la asistencia tras el terremoto de 2010. Asimismo, la Cruz Roja reveló en 2018 que desde 2005 veintiún empleados habían sido despedidos por pagar servicios sexuales, y Médicos sin Fronteras reconoció en 2017 veinticuatro casos de abusos sexuales.
En el punto de mira: las leyes de agentes extranjeros
Las ONG también han sido restringidas por los Gobiernos y criminalizadas por líderes autoritarios. El entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro las describió como un cáncer, el nicaragüense Daniel Ortega afirmó que se crearon para lavar dinero y financiar actividades terroristas, y el salvadoreño Nayib Bukele las ha culpado de defender a los criminales. Estos y otros dirigentes pueden tener diferentes ideologías, pero comparten el objetivo de callar las voces críticas. Pero no sólo ellos: según una investigación de 2022, más de 130 países impusieron alguna limitación a las ONG internacionales en las últimas décadas.
No es casualidad. Las ONG ofrecen servicios de educación, sanidad o seguridad jurídica que los Estados no alcanzan, y suponen un tercer actor entre Gobiernos y ciudadanos. Estas organizaciones informan a la sociedad de sus derechos y de las medidas de sus líderes, a la vez que controlan al Ejecutivo. Es el caso de las isrealíes B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, que han denunciado el genocidio en Gaza.
Algunos Gobiernos han ido a más temiendo que sus ciudadanos busquen un cambio de régimen. La Rusia de Vladímir Putin fue pionera con una ley de 2006 que ha endurecido desde 2012. Con ello, las ONG que recibían financiación extranjera se consideran agentes extranjeros y, por tanto, “enemigos del Estado”. Esta ley inspiró otras. En Etiopía, una ley de 2009 forzó a gran parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos a cerrar o cambiar de actividad. Desde 2014, la India de Narendra Modi ha revocado la inscripción de miles de ONG y ha restringido su financiación. Asimismo, Georgia, Hungría, Kirguistán, Venezuela, Nicaragua o El Salvador han adoptado leyes de agentes extranjeros o políticas en esa línea.
Otra medida para limitar la labor de las ONG ha sido amenazar y perseguir a sus voluntarios y trabajadores. Además de los presos y heridos, 2024 ha sido el año más mortífero para los trabajadores humanitarios, con 281 víctimas. De ellos, 178 murieron en Gaza, el conflicto que más muertes de personal humanitario ha dejado en la historia. No son un efecto colateral: al igual que los periodistas o el personal sanitario, los trabajadores humanitarios están siendo objetivo de los ataques israelíes.
También ha habido métodos indirectos para debilitar a las ONG, como la creación de organizaciones que defienden los intereses gubernamentales. Por ejemplo, existen organismos disfrazados de ONG que monitorean elecciones en países donde los procesos democráticos cada vez son menos libres y justos, como los comicios de Zimbabwe en 2018. Al depender de los Gobiernos, su labor está supeditada a ellos, ponen en riesgo los procesos electorales y debilitan aún más la imagen de las ONG independientes.
Las ONG son un bien común
Pese a todo, las ONG siguen llevando a cabo labores esenciales. Ya sea en zonas en conflicto, territorios devastados por desastres naturales y regiones en desarrollo donde los servicios básicos escasean. Pero no sólo tienen beneficiarios directos: las sociedades en conjunto ganan con estas organizaciones porque mejoran la calidad de vida o por el hecho de defender los derechos humanos y las libertades individuales.
En el fondo, las democracias se benefician de un sector de ONG fuerte, ya que comparten valores y así pueden multiplicar su influencia y su capacidad de actuación. En Kenya y Nigeria, los ciudadanos se manifestaron en 2013 y 2017, respectivamente, en contra de nuevas normativas que pretendían limitar las labores de las ONG, y consiguieron que no se aplicaran. Por el contrario, unas ONG fuertes perjudican a los regímenes autoritarios, ya que informan a los ciudadanos sobre las acciones de sus Gobiernos y permiten a la sociedad civil organizarse si estos actúan en contra de sus derechos y libertades.
La labor de las ONG incluso está relacionada con el comercio internacional. Un estudio publicado en 2020 concluyó que en los países en desarrollo que inclinan sus relaciones comerciales hacia China en detrimento de las democracias occidentales aumenta el riesgo de represión contra las ONG. Dos ejemplos son Kazajistán y Pakistán. Esto se debe a que las democracias occidentales apoyan la labor de las ONG e imponen sanciones económicas contra los países que restringen sus labores, mientras que China no lo hace.
Las ONG proliferaron para exigir cambios y llenar los vacíos de los Estados, y han ayudado a mejorar las democracias, pero hoy en día el retroceso democrático las pone en peligro. Las limitaciones impuestas desde los Gobiernos y la crisis reputacional del sector han reducido sus recursos y, con ello, su influencia y poder de actuación. Este poder ha ido a parar a los propios Gobiernos, que, sin una sociedad civil organizada, pueden actuar con menos límites y deteriorar con ello las instituciones democráticas.
