La imagen de Estados Unidos como benefactor del mundo se resquebraja ante el nuevo Ejecutivo de Donald Trump. Aranceles sí, ayuda humanitaria no: este parece ser el mantra del presidente y del magnate Elon Musk, su brazo derecho y cabeza del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Ambos han dejado caer en público la idea de cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).
Estados Unidos, en una suerte de Plan Marshall perenne consolidado en la Guerra Fría, ha invertido más de 45.000 millones de dólares anuales en la última década a través de sus distintos programas de ayuda internacional. La cifra aumentó exponencialmente tras 2022 con el estallido de la guerra de Ucrania, hasta alcanzar cerca de 75.000 millones de dólares anuales en total en desembolsos en 2023, según datos oficiales del Gobierno estadounidense. Esta inversión es una poderosa herramienta internacional que ha consolidado la diplomacia del dinero estadounidense, convirtiendo al país en el mayor proveedor mundial de asistencia humanitaria.
En su primer día como presidente, Trump impuso una congelación de noventa días a la ayuda exterior bajo la premisa de revisar la distribución económica para elaborar unos presupuestos más acordes con su política exterior de America first, paralizando varios programas de la Usaid. Y tan solo dos semanas más tarde, Elon Musk catalogó a la agencia de “organización criminal”, dejando su futuro en aguas pantanosas. Pero si bien las cifras que se manejan son muy elevadas, lo cierto es que la ayuda internacional supone solo un 1,4% del presupuesto federal de Estados Unidos, porcentaje que ha ido aumentando progresivamente desde el 0,7% que se invirtió en 2001.
La principal agencia a través de la cual se administran estos desembolsos es la propia Usaid, fundada en 1961 y encargada de gestionar miles de millones de dólares en ayuda humanitaria y al desarrollo en más de cien países —sobre el papel siempre con objetivos económicos, nunca militares, aunque sea en cuestiones de seguridad—. Pero, aunque es la que ha recibido el golpe del magnate, no es el único organismo que tramita este tipo de ayuda.
Los fondos destinados a Ucrania —16.000 millones, un tercio del total de la ayuda de 2023— o a Etiopía, tercer país que más ayuda recibió en dicho año, sí que se gestionan en su mayoría mediante la Usaid. Y, sin embargo, Israel recibe más de 3.000 millones de dólares anuales también en concepto de ayuda internacional, pero con objetivos militares, exclusivamente a través del Departamento de Estado. Hasta 2021 Afganistán había sido durante años el otro gran beneficiado de este tipo de ayuda y el grueso del presupuesto provenía del Departamento de Defensa, pero con la llegada de los talibanes al poder ese flujo se cortó. Asimismo, Egipto está presente entre los diez países que más ayuda reciben, e igual que en el caso de Israel, gracias al Departamento de Estado.
Así, el Departamento de Estado ha sido el responsable del 30% de toda la ayuda internacional de 2023. Este presupuesto de momento se ha librado de las acusaciones y críticas a la Usaid por parte del trumpismo, que ha planteado la posibilidad de reubicar al organismo bajo el paraguas departamental del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
Rubio especificó que durante este periodo de noventa días de cese de ayuda exterior se evaluarían los proyectos para priorizar los que contribuyen a la seguridad y prosperidad de Estados Unidos. Es decir, la suspensión temporal de la Usaid no necesariamente significa el fin de la ayuda económica a países como Ucrania ni, en líneas generales, una capitulación de la ayuda militar de la que se benefician principalmente Israel y diversos países de Oriente Próximo, así como Taiwán, Ecuador o Zambia.
Además, este tipo de apoyo, aunque mucho más limitado que la ayuda humanitaria, se complementa con otro tipo de asistencia militar gestionada por el Gobierno estadounidense: el Programa de Ventas Militares al Extranjero. Trump ya ha anunciado su intención de vender un paquete armamentístico por valor de 8.000 millones de dólares a Israel a través de este programa, a falta de la aprobación del Congreso.
En cualquier caso, la congelación temporal de las actividades de la Usaid y la falta de una respuesta clara sobre el futuro de la agencia ha generado, por un lado, una herramienta de chantaje a favor de Estados Unidos y, por otro, el caos en los países beneficiarios. Muchos de los programas están relacionados con problemas de salud como la lucha contra la malaria en Camboya o el VIH en Haití y Sudáfrica, además de otros temas contrarios a la ideología del nuevo Gobierno. En ese sentido, programas de la salud sexual y reproductiva o género han sido paralizados a petición expresa de Marco Rubio, como las cuestiones de asistencia al aborto.
