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Israel mató a siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen (WCK) en Gaza el pasado 2 de abril. Fueron bombardeados con armas de precisión contra tres coches distintos, debidamente identificados y que habían coordinado sus movimientos con el Ejército israelí. Israel se ha excusado diciendo que fue un error, pero como ha reconocido incluso Joe Biden, este “no es un caso aislado”.
Los ataques israelíes contra organizaciones humanitarias en Gaza no son infrecuentes. Desde que empezó la guerra ya van casi doscientos cooperantes muertos, incluidos decenas de extranjeros. Israel ha lanzado una campaña mediática contra la UNRWA —la agencia de la ONU para los refugiados palestinos— y ha bombardeado sus instalaciones y las de varias ONG; algunas han dejado de operar en la Franja. Estas agresiones continúan a pesar de que en marzo la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel permitir la entrada de ayuda humanitaria.
No es el único indicio de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Benjamín Netanyahu y sus ministros han tildado a los palestinos como “animales” que han de ser “aniquilados”. Desde octubre, hay más de 32.000 víctimas civiles. El 70% de los hogares de Gaza están dañados y la mitad de la población está al borde la hambruna. Las medicinas escasean y el 90% de los niños padecen enfermedades contagiosas. La solución que sugiere el Gobierno israelí es desplazar a los palestinos al Sinaí egipcio, es decir, expulsarles forzosamente de su hogar.
La violencia de Israel contra el sector humanitario empieza a parecer una estrategia deliberada. Dificultar el trabajo de las ONG serviría para agravar la crisis alimentaria y de salud pública en Gaza y, con ello, avanzar el objetivo final de eliminar a la población palestina de la Franja.
La UNRWA, el principal objetivo de Israel
Israel ha convertido Gaza en un territorio inhabitable. En noviembre del año pasado, cuando la invasión apenas llevaba un mes, sólo quedaban 63 panaderías para más de dos millones de personas. Según la ONU, treinta de los 36 hospitales gazatíes han sido atacados bajo el pretexto, mayormente infundado, de albergar combatientes de Hamás. Mientras tanto, las restricciones de Israel han reducido los más de quinientos camiones humanitarios diarios que entraban en Gaza a sólo 112. Así, la población gazatí ha pasado de necesitar ayuda internacional a depender totalmente del exterior para conseguir medicinas y alimentos.
Con 1.600 millones de dólares de presupuesto, la UNRWA ha sido el principal sustento de los palestinos dentro y fuera del territorio. El organismo fue creado en 1949 tras la Nakba y primera guerra árabe-israelí, cuando fueron expulsados más de 700.000 palestinos. Sin embargo, los conflictos sucesivos han elevado la cifra de refugiados hasta los seis millones de personas, que reciben educación y asistencia sanitaria, entre otros servicios.
La UNRWA lleva años en el punto de mira de Israel y sus aliados. Ya en 2018, el entonces presidente de EE. UU. Donald Trump retiró la financiación estadounidense, acusando a la agencia de inflar el número de refugiados. La mayoría de los senadores demócratas condenaron la medida por “exacerbar la pobreza, potenciar el terrorismo y reducir la posibilidad de un acuerdo de paz con Israel”.
Atacando a la UNRWA, Israel amenaza la subsistencia de los palestinos, dificulta su regreso a sus hogares y perpetúa el control israelí sobre el territorio. La agencia registra a todos los refugiados y tiene información relativa a sus desplazamientos, por lo que sienta las bases para que puedan exigir recuperar sus tierras o una compensación económica. Así lo establece la resolución 194 de 1948 de la Asamblea General de Naciones Unidas: “Debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares que lo hagan así lo antes posible”.
Israel ha reclamado en numerosas ocasiones que se desmantele la UNRWA. Pero en vista de que no tenía éxito por el cauce diplomático, ha intentado desprestigiar a la agencia. En enero, Israel acusó a trece de los más de 30.000 trabajadores de UNRWA de estar relacionados con Hamás y los atentados del 7 de octubre. Estados Unidos y otros países occidentales en seguida suspendieron su financiación de la agencia. Pero desde entonces la Unión Europea, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU y otros organismos internacionales han puesto en entredicho la acusación y países como Alemania, Suecia, Canadá han retomado los pagos. Otros, como España, nunca retiraron su apoyo y hasta han aumentado su contribución.
Decenas de cooperantes asesinados
Israel también ha frenado a las organizaciones humanitarias en Gaza matando a sus integrantes. Las normas del Ejército permiten atacar «objetivos sensibles», como convoyes de ayuda humanitaria, con la aprobación de un general de división. El caso de World Central Kitchen es el más reciente. El Ejército israelí primero se escudó en que un terrorista viajaba en el grupo, después habló de un error de coordinación y luego argumentó que fue una acción no autorizada.
La tesis de atacar miembros de Hamás no se sostiene. Entre los voluntarios viajaba un antiguo marine británico a cargo de la seguridad, algo conocido por las autoridades. El chef José Andrés, fundador de WCK, ha indicado que habían notificado a Israel de los datos y la ruta de los automóviles, acusando a Netanyahu de un ataque “sistemático”. “Los bombardeos sobre nuestro convoy no han sido un mero incidente desafortunado”, sino “el resultado directo de una política del Gobierno para estrujar la ayuda humanitaria a niveles desesperados”, ha asegurado.
Los fallecidos de WCK se suman a los 173 miembros de la UNRWA asesinados en los últimos meses y al contratista de USAID, la agencia de ayuda estadounidense, que falleció en un bombardeo aéreo en noviembre junto con su esposa e hijas. Las instalaciones de las ONG Médicos Sin Fronteras y Rescue han sufrido ataques. Las fuerzas israelíes también atacaron vehículos de la ONU en diciembre y febrero, y en marzo asesinaron a más de cien civiles palestinos agrupados en torno a un camión de reparto de harina.
Los ataques han forzado a las organizaciones humanitarias a reducir su actividad, por ejemplo, evitando trabajar de noche. La falta de ayuda ha condenado a los palestinos a enfermedades y a una hambruna inminente. Incluso WCK, Anera y otras ONG han retirado su personal de Gaza hasta que Israel se comprometa a garantizar su seguridad.
¿Un plan para expulsar a las ONG?
El Gobierno israelí ha prometido una investigación interna para esclarecer el ataque a WCK. Tras la “masacre de la harina” en marzo, Netanyahu también prometió una investigación que nunca se ha materializado. En aquella ocasión, los conductores también habían compartido su ruta con las fuerzas de seguridad israelíes antes de ser atacados. Tras la masacre de marzo, y en vista de que la ayuda que entraba por carretera no era suficiente, Estados Unidos empezó a enviarla por paracaídas. Biden reconoce así que no ha podido convencer a Israel de que permita la entrada de más ayuda por tierra y que no se puede delegar en Israel la entrega de esta ayuda.
Sin embargo, la ayuda aérea es insuficiente y peligrosa: varios civiles han muerto aplastados por los palés o ahogados recogiendo los paquetes caídos al mar. Se ha propuesto construir un puerto flotante en Gaza, una empresa draconiana en este contexto de destrucción y a pocas semanas de que los palestinos empiecen a morir de hambre de forma generalizada. La única solución definitiva sería interrumpir el envío de material militar a Israel, pero en vez de eso Biden ultima la mayor venta de armas a Israel desde que empezó la guerra, incluidos cazas y munición de precisión.
Cada vez resulta más evidente que la guerra en Gaza es una operación de Israel contra los palestinos, tengan o no que ver con Hamás. Si los cooperantes muertos han sido víctimas de bombardeos indiscriminados, como mínimo eso demostraría que el Ejército israelí no está haciendo suficiente para proteger al sector humanitario, tan crucial en la Franja. Pero Israel podría estar yendo más allá: estos ataques parecen formar parte de un plan específico para expulsar a las organizaciones humanitarias de Gaza y convertir el hambre en una nueva arma de guerra.
