Hace más de un mes una pregunta ronda por despachos, redacciones de medios y los algoritmos de las redes. Una pregunta que no tiene respuesta: ¿qué pretendió Marruecos el pasado 30 de julio, cuando diseñó o toleró —imposible saberlo— la llegada intempestiva de casi 80.000 personas, tantas como habitantes tiene la ciudad? ¿Quería lanzar una ofensiva final sobre la ciudad de Ceuta, que nunca dejó de reclamar?
El Palacio Real de Marruecos guarda silencio. El Ministerio de Exteriores marroquí guarda silencio. La agencia oficial MAP guarda silencio. Y ahí terminan los portavoces oficiales. Si algunos ministros o exministros del Gobierno marroquí han hablado, conviene tomar sus declaraciones con pinzas, porque solo se representan a sí mismos, y más cuando hay elecciones legislativas el próximo 23 de septiembre.
El ministro marroquí de Justicia, Abdelatif Wahbi, dijo el pasado 21 de agosto en una entrevista con una televisión marroquí: “La cuestión de Ceuta y Melilla seguirá siendo un tema de diálogo entre nosotros y España, y mantendremos nuestro derecho histórico y nuestro derecho geográfico”. Sus palabras suscitaron alarma y repulsa en España, pero esas palabras merecen aclaraciones: primero, Wahbi habló de “diálogo”, evitando cualquier palabra más confrontacional; segundo, los “derechos históricos” que alegó son parte del vocabulario político obligatorio al tratarse de Ceuta y Melilla, algo que en España se olvida con frecuencia.
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