La crisis migratoria en Ceuta a finales de julio ha puesto en jaque al Gobierno de España. Unas 80.000 personas cruzaron desde Marruecos en cuestión de horas, desbordando una ciudad de población similar. El Gobierno español movilizó al Ejército y logró expulsar a más de 70.000 personas en apenas dos días, y a ambos lados de la frontera murieron al menos otras 141, según algunas organizaciones sobre el terreno. Varios Gobiernos europeos, desde el ultraconservador de Italia hasta el socialdemócrata de Dinamarca, responsabilizaron al español por el “efecto llamada” de su política migratoria, una afirmación frecuente pero sin base probada. Altos cargos de Estados Unidos e Israel lanzaron mensajes en la misma línea.
La magnitud de este episodio no tiene precedentes, pero tampoco es un hecho aislado. Las autoridades de Marruecos llevan décadas instrumentalizando los flujos migratorios con fines políticos y diplomáticos. Las políticas de externalización de fronteras que fomentan las autoridades españolas y europeas le otorgan al régimen marroquí cada vez más poder. Para Rabat, esa llave de la frontera con España —y con Europa— se ha convertido en una de sus herramientas estratégicas más poderosas.
Una crisis con precedentes claros
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