La crisis migratoria en Ceuta a finales de julio ha puesto en jaque al Gobierno de España. Unas 80.000 personas cruzaron desde Marruecos en cuestión de horas, desbordando una ciudad de población similar. El Gobierno español movilizó al Ejército y logró expulsar a más de 70.000 personas en apenas dos días, y a ambos lados de la frontera murieron al menos otras 141, según algunas organizaciones sobre el terreno. Varios Gobiernos europeos, desde el ultraconservador de Italia hasta el socialdemócrata de Dinamarca, responsabilizaron al español por el “efecto llamada” de su política migratoria, una afirmación frecuente pero sin base probada. Altos cargos de Estados Unidos e Israel lanzaron mensajes en la misma línea.
La magnitud de este episodio no tiene precedentes, pero tampoco es un hecho aislado. Las autoridades de Marruecos llevan décadas instrumentalizando los flujos migratorios con fines políticos y diplomáticos. Las políticas de externalización de fronteras que fomentan las autoridades españolas y europeas le otorgan al régimen marroquí cada vez más poder. Para Rabat, esa llave de la frontera con España —y con Europa— se ha convertido en una de sus herramientas estratégicas más poderosas.
Una crisis con precedentes claros
Lo sucedido en Ceuta a finales de julio habría sido orquestado y ejecutado por Marruecos, que perdió el control de la situación, según afirman tres fuentes de inteligencia a las que tuvieron acceso porCausa y El Orden Mundial. Estos agentes, dos marroquíes y uno español, apuntan al consejero real Fuad Alí el Himma y al jefe del servicio de inteligencia interior, Abdelatif Hamuchi. Ambas figuras aparecen, junto al rey Mohamed VI y otros altos mandos, en tres informes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que detallan un episodio similar ocurrido en Ceuta en mayo de 2021.
Para entender aquel suceso hay que retroceder hasta diciembre de 2020. Cuando faltaban unos días para finalizar su primer mandato en la Casa Blanca, Donald Trump anunció que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, antigua colonia y provincia española pendiente de descolonización según Naciones Unidas. La decisión formaba parte de los Acuerdos de Abraham, con los que Washington buscaba normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes y musulmanes. En este caso, Estados Unidos reconocía la marroquinidad del Sáhara a cambio de que Marruecos reconociera al Estado de Israel.
Según los informes del CNI, tras la decisión de Trump Marruecos diseñó una estrategia de presión para que otros países reconocieran su soberanía sobre el Sáhara Occidental. El plan tuvo efecto en España. En mayo de 2021, unos 14.000 migrantes entraron en Ceuta en apenas veinticuatro horas. Rabat argumentó que la crisis era su respuesta a la decisión del Gobierno español de haber aceptado la hospitalización del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño. “Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir”, dijo entonces la embajadora marroquí. El CNI afirma que la hospitalización del líder saharaui fue la “excusa” de Marruecos para desplegar su estrategia de presión contra el Gobierno español.
Rabat abrió la frontera ceutí y, según los informes y fuentes citadas, activó organizaciones pantalla y colaboradores extranjeros para poner en marcha campañas de desinformación e interponer querellas falsas. El objetivo era intoxicar el debate público español, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez cedió. Primero, Sánchez destituyó a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a petición de Marruecos. Después, en marzo de 2022, respaldó la “propuesta marroquí de autonomía” sobre el Sáhara como “la base más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto, y en abril selló la reconciliación con el rey Mohamed VI asistiendo a un banquete en Rabat. Para Marruecos, la migración ya había dejado de ser solo un problema que gestionar: era también una palanca para negociar y conseguir una importante victoria diplomática.
La crisis de 2021 en Ceuta también reveló la amplitud de la disputa: Marruecos usó en ese periodo el software israelí Pegasus para espiar teléfonos del presidente Sánchez, varios ministros y otros altos cargos. Esta dimensión tecnológica y de espionaje vincula a la migración, la inteligencia y la diplomacia como parte de una misma relación de seguridad entre Rabat y Madrid, una en la que la válvula migratoria sirve como herramienta de chantaje. No es que Marruecos pueda provocar una crisis puntual: es que dispone de un recurso que España y Europa consideran indispensable. La amenaza no tiene que ser explícita; basta con que todos los actores conozcan el coste humano, político y electoral de que una frontera deje de funcionar.
Melilla, 2022: abrir para reprimir
España recuperó la cooperación fronteriza, pero a costa de aumentar su dependencia de quien podía suspenderla. La reconciliación con Marruecos culminó el 24 de junio de 2022, esta vez en Melilla. Aquel día Marruecos alentó un salto masivo a la valla, como confirman documentos, vídeos y testimonios de agentes de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGST) marroquí, del CNI y de la Guardia Civil desplegados en las fronterizas Melilla y Nador. En esta ocasión Rabat no pretendía presionar a España, sino lo contrario: quería demostrar al Gobierno español y al mundo su eficacia a la hora de reprimir los flujos migratorios irregulares. Rabat podía convertir un mismo fenómeno en amenaza y en servicio.
Los agentes marroquíes hostigaron a unos 2.000 migrantes, la mayoría de origen sudanés, para que intentaran acceder a Melilla. Una vez en el perímetro fronterizo, Marruecos desplegó niveles de violencia inusuales. La Guardia Civil, carente de protocolos para actuar en la frontera (una de las más tecnologizadas del mundo), se vio desbordada. Varios agentes resultaron heridos. Los migrantes terminaron atrapados en el paso fronterizo de Barrio Chino, bajo la lluvia de piedras y bombas lacrimógenas de las Fuerzas Auxiliares marroquíes. En cuestión de minutos se generó una montaña de cuerpos inertes: la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y Amnistía Internacional afirman que murieron más de cien personas. Fue la mayor masacre en una frontera terrestre de la Unión Europea… hasta la crisis de Ceuta de julio de 2026.
Cuatro días después, Madrid acogió la Cumbre de la OTAN. Por primera vez en su historia, y a petición de España y otros países, la Alianza Atlántica reconoció en su concepto estratégico la instrumentalización de los flujos migratorios como una amenaza híbrida. Y es que desde Turquía hasta Bielorrusia, pasando por Marruecos, Túnez o Libia, el control de las fronteras y la movilidad humana ha ganado fuerza como herramienta de presión política, diplomática y económica. La política migratoria empezaba a reconocerse también como una cuestión de seguridad y poder. La respuesta de España y Europa ha consistido, en buena medida, en potenciar la externalización de fronteras, aumentando el envío de dinero y equipamiento a los regímenes que colaboran en el control fronterizo. El caso de Marruecos ilustra la evolución de este modelo.
El origen del chantaje marroquí
Marruecos ha forjado su chantaje durante décadas con el propio aumento de la migración. Los flujos comenzaron en los años setenta bajo el reinado de Hasán II, en un contexto de desgaste económico por la ocupación del Sáhara Occidental. En los ochenta aumentaron con la expansión económica de España y su entrada en la Comunidad Europea, problemas crónicos internos como el desempleo y la desigualdad, y el endurecimiento de la contratación en Bélgica o Francia, destinos prioritarios de diáspora marroquí. Además, los marroquíes no necesitaban visado para entrar en España, algo que cambiaría en 1990.
Ya entonces, España empezó a fomentar inversiones y ayuda al desarrollo en Marruecos con la esperanza de reducir los incentivos para emigrar. No funcionó, como demostraría la evidencia empírica: la emigración aumenta con el desarrollo de los países y, por tanto, con las posibilidades de hacerlo. En los años noventa, en línea con las exigencias europeas, Madrid adoptó un enfoque cada vez más securitario: reforzó las fronteras, amuralló Ceuta y Melilla y convirtió la migración en un eje de las relaciones con Marruecos.
La emigración cumple así una doble función para el régimen marroquí: alivia tensiones internas y genera capacidad de negociación exterior. Como ya señalaba en un documento de la época el diplomático español Álvaro Iranzo, después embajador en países de Oriente Próximo, el Magreb y África subsahariana, la emigración reduce la presión demográfica y el desempleo, rebaja la tensión social, permite exportar descontento y aporta remesas. Según datos del Banco de España, en 1992 los marroquíes residentes en España enviaron a Marruecos unos 3.210 millones de pesetas, algo menos de veinte millones de euros. En 2025, esas remesas alcanzaron los 1.589 millones de euros y equivalían a más del 1% del PIB marroquí.
La relación entre España y Marruecos llegó a los años noventa marcada por dos movimientos. Por un lado, Madrid intentaba estabilizar la relación con Rabat, consolidada en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991. Por otro lado, al aumentar la interdependencia entre ambos países, ganaron fuerza los grandes focos de fricción: Ceuta y Melilla, el Sáhara Occidental, la pesca y los flujos migratorios. Marruecos pasaba de ser un mero vecino a un socio incómodo pero imprescindible para controlar la frontera sur, con episodios de tensión y de presión migratoria que se han producido uno tras otro.
En 1991, por ejemplo, la Justicia española abrió un procedimiento contra el cónsul marroquí en Barcelona por falsificación de pasaportes y certificados de residencia. En respuesta, Marruecos se negó a renovar la acreditación de más de cien diplomáticos y funcionarios españoles, y las llegadas desde ese país marcaron un nuevo máximo. Al año siguiente, los ministros del Interior José Luis Corcuera y Driss Basri firmaron un acuerdo para la readmisión de migrantes irregulares marroquíes, pero Marruecos dejó de cumplirlo dos meses después. Desde entonces, los ministros españoles del Interior han viajado a Rabat para negociar las readmisiones e incluso condecoraciones a altos mandos del espionaje marroquí. España empezó también a “pasar el balón” a Bruselas para que asumiera costes de la cooperación antimigratoria con Marruecos.
En 1995 se produjo otro conflicto diplomático: la Justicia española llamó al cónsul marroquí en Málaga a declarar por una denuncia de torturas, el diplomático se negó a comparecer y el conflicto se prolongó durante una semana. El rey Hasán II lo elevó a representante personal suyo para darle el máximo blindaje diplomático, y el Gobierno español se apresuró a apagar el fuego y creó con Marruecos un comité mixto para estudiar los problemas ligados a la inmigración irregular. Ese mismo año, la presión migratoria en Ceuta aumentó: más de doscientos inmigrantes retenidos en la ciudad levantaron barricadas para protestar por la negativa del Gobierno a trasladarlos a la península. La policía española abrió fuego y se registraron 79 heridos y 150 detenciones. Otra disputa diplomática terminaba trasladándose al terreno migratorio.
La llegada de José María Aznar al Gobierno español en 1996 fue la primera de una nueva dinámica: los relevos en la Moncloa han coincidido con repuntes de las llegadas desde Marruecos, tanto de marroquíes como de migrantes de países del África subsahariana. El flujo migratorio se intensificó especialmente en Ceuta y Melilla, donde en 1999 tuvieron lugar siete de cada diez intentos de entrada irregular a España. Las autoridades marroquíes toleraban la presencia de campamentos de migrantes cerca de las ciudades españolas, y la cuestión migratoria se volvió una prioridad para Madrid.
Por su parte, Mohamed VI llegó al trono en 1999 coincidiendo con un control migratorio cada vez más central en la relación España-Marruecos. Madrid necesitaba que Rabat impidiera las salidas, mientras que Rabat comprobaba que su grado de cooperación impactaba en Madrid. De hecho, el mismo año el Gobierno marroquí retiró a su embajador: la causa nunca reconocida fue el apoyo del Gobierno español al censo elaborado por la ONU de cara al referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. La presión migratoria procedente de Marruecos aumentó con Canarias como destino de las embarcaciones. La frontera empezaba a funcionar como termómetro de la relación bilateral, uniendo crisis diplomáticas y crisis migratorias, y con un régimen marroquí capaz de actuar más rápido que el Estado de derecho español.
Una cuestión tan española como europea
El chantaje migratorio de Marruecos pasó a tener más eco en Europa con el cambio de siglo. En el 2000 se registró un nuevo récord de muertes en el Estrecho: 230 fallecidos. Ese año comenzó a implantarse el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Algeciras. España intentó que la UE forzara a Marruecos a repatriar a sus ciudadanos, mientras Rabat reclamaba un trato especial. Coincidiendo con una reunión europea en Bruselas, 227 marroquíes llegaron a las costas de Cádiz en solo 72 horas.
Durante la presidencia española del Consejo de la UE en 2002, Madrid convirtió el control migratorio en una prioridad europea y defendió condicionar la ayuda al desarrollo a la colaboración en la lucha contra la inmigración irregular. Ese mismo año se produjo la crisis del islote de Perejil, cuando Marruecos envió gendarmes e infantes de marina a territorio de soberanía española. España los expulsó por la fuerza, mientras que Francia impidió que la UE difundiera un comunicado de apoyo a España alegando la necesidad de mantener buenas relaciones con Rabat. El régimen marroquí aprendió entonces que la presión sobre España podía ejercerse también para influir en decisiones que se tomaban en Bruselas.
Después de meses de distensión, en 2003 se restauraron las relaciones y Marruecos intensificó su cooperación migratoria. Pero desde entonces la dinámica es la misma: Rabat provoca crisis migratorias, negocia y se presenta como solución a los problemas que sus élites y servicios de inteligencia crearon. El chantaje migratorio ofrece una herramienta de presión mucho más barata que la confrontación diplomática.
La colaboración comenzó una nueva etapa en 2004, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero y la creación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). En 2005 se produjo un fuerte descenso de las llegadas y aumentó la implicación de las autoridades marroquíes. La cooperación a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) empezó a usar fondos europeos para la asistencia a migrantes y retorno voluntario.
Sin embargo, el frágil equilibrio volvió a romperse con la crisis de los cayucos en Canarias de 2006. El episodio marcó un récord de 30.000 llegadas y decenas de muertes, y coincidió con un momento delicado para Marruecos, entre otros motivos por la vuelta a las armas del Frente Polisario. La llegada de embarcaciones al archipiélago provocó una crisis en el Gobierno español. Madrid reaccionó con una intensa pero discreta labor diplomática orientada a Bruselas y Rabat: trataba de activar la colaboración de Marruecos y poner fin al flujo migratorio sin perjudicar sus intereses comerciales ni la cooperación antiterrorista.
La pauta volvió a repetirse en 2007, cuando la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla provocó protestas marroquíes y coincidió con un renovado desinterés por el control migratorio. Las paces se sellaron en 2008. Ese año Marruecos consiguió el Estatuto Avanzado con la UE, un acuerdo que le daba mayor acceso al mercado, los programas y las instituciones europeas y estrechaba la cooperación política y económica, mientras España seguía registrando muertes en las rutas migratorias. El mensaje implícito era sencillo: deteriorar la relación tenía costes fronterizos; recomponerla tenía beneficios.
La política de cooperación también empezaba a confundirse con la de contención migratoria. En 2009 las llegadas desde Marruecos volvieron a repuntar, concentradas en momentos puntuales. España aprobó un nuevo Plan África con Marruecos como uno de sus grandes beneficiarios y profundizó la externalización del control fronterizo. Pero parte de los fondos destinados a cooperación terminó financiando a policías de Marruecos, Mauritania y Senegal bajo la denominación de ayuda oficial al desarrollo. De hecho, las llegadas volvieron a repuntar con las revueltas árabes de 2010-2011, en las que miles de marroquíes fueron represaliados por protestar contra la desigualdad y la falta de oportunidades. La presión disminuyó en los años siguientes, pero la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) denunció abusos de las autoridades.
Ante el aumento de la inmigración por aquella inestabilidad en Oriente Próximo y el norte de África, la UE decidió en 2014 cerrar las rutas del Mediterráneo oriental y central. El desplazamiento de las rutas potenció la vía occidental, a través de Marruecos, y otorgó a Rabat más influencia y capacidad de negociación en el debate migratorio europeo. Ese año los reyes de España encabezaron un viaje de Estado a Marruecos: la cuestión migratoria quedó en segundo plano en los acuerdos públicos, pero la cooperación continuó.
Marruecos no solo tiene la sartén por el mango: es consciente del calado de una crisis fronteriza en la política y la opinión pública española. Fue el caso de la tragedia del Tarajal de febrero de 2014, en la que quince migrantes murieron cuando intentaban llegar a Ceuta. Pero hubo otro caso más revelador en agosto. Una lancha de la Guardia Civil dio el alto frente a Ceuta a una moto de agua que participaba en un protocolo rutinario contra el narcotráfico. El piloto se quitó las gafas de sol: era el rey Mohamed VI. Según cuenta el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en su libro Cada día tiene su afán, 48 horas después comenzó una “oleada” de migrantes. Las fuentes policiales citadas por El Mundo afirmaron que los gendarmes habían recibido la orden de dejarlos pasar. En tres días llegaron unas 1.300 personas.
La frontera permitía convertir incluso un incidente menor en un problema de Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy calmó los ánimos del monarca con un viaje oficial a Marruecos. Poco después, Rabat volvió a “colaborar”, según reconoció la entonces delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo. Aquel año 4.552 personas llegaron a España por vía marítima, pero la presión no desapareció. En 2016 las llegadas desde Marruecos aumentaron un 46% y en 2017 volvieron a romper récords, con 27.253 llegadas irregulares. El Real Instituto Elcano señaló la sequía, la represión de las protestas del Rif, el servicio militar obligatorio, el desempleo y la falta de oportunidades como factores que podían explicar el aumento.
Mientras tanto, Marruecos elevaba sus exigencias para recibir más financiación europea a cambio de ejercer como guardián de la frontera, siguiendo el ejemplo de Turquía y Libia. La cuestión migratoria se convirtió así en una negociación permanente: España necesitaba que Marruecos contuviera las salidas, y Marruecos podría presentar esa capacidad como un servicio prestado a España y a la UE. Cuanto mayor era la dependencia europea, mayor era el incentivo para pedir financiación, equipamiento y concesiones.
Dinero a cambio de control
Tanto la cooperación como el chantaje de Marruecos han aumentado en la última década. Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 con la intención de reforzar la tradicional alianza de España con Rabat y elevar todavía más la cooperación migratoria, ofreciéndole a cambio respaldo político y financiero en la UE, pero se chocó con la otra realidad desde el principio. Pocos meses después de instalarse, el Gobierno ofreció puerto seguro al Aquarius, un buque humanitario operado por Médicos Sin Fronteras. El gesto no gustó en Rabat porque proyectaba una imagen positiva de la gestión española mientras Marruecos realizaba buena parte del control fronterizo. Días después salieron de las costas marroquíes 57 lanchas con 471 migrantes.
La capacidad de modular las salidas permite a Rabat enviar mensajes políticos sin formular amenazas. Ese verano, el despliegue de seguridad alrededor de Mohamed VI durante sus vacaciones redujo el número de pateras hacia España. En agosto, el Gobierno español reactivó el acuerdo de repatriación con Marruecos de 1992 como respuesta al hacinamiento de menores no acompañados en Melilla. Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajaron después a Marruecos para reunirse con el rey. Comenzaba a dibujarse otra constante: la cooperación migratoria podía concederse, retirarse y volver a negociarse.
La UE también ha cedido: en enero de 2019, la Comisión incluyó las aguas del Sáhara Occidental en el acuerdo pesquero con Marruecos. En julio, la UE aprobó una partida de 140 millones de euros para las autoridades marroquíes, de los que cuarenta millones fueron desembolsados por España. El Gobierno español aprobó otros treinta millones para Rabat con cargo al Fondo de Contingencia del Ministerio del Interior. Europa compraba no solo control fronterizo: financiaba la capacidad de Marruecos para decidir cuándo ejercerlo y fortalecía su autoritarismo. El mismo que puede reprimir los flujos migratorios, pero que reproduce la corrupción y la precariedad económica que sufre buena parte de su propia población.
En abril de 2020, ya con el nuevo Gobierno de coalición en España, Marruecos amplió unilateralmente su frontera marítima, incluyendo aguas de Canarias. En plena crisis, Grande-Marlaska ya acumulaba siete viajes a Rabat. Ese año se estima que 41.000 personas, la mayoría marroquíes, accedieron a España de manera irregular pese al cierre fronterizo por la pandemia. Más de la mitad se concentraron en Canarias entre octubre y noviembre, y las embarcaciones salieron principalmente del Sáhara Occidental ocupado y de las costas de Marruecos. El episodio recordó a la crisis de los cayucos de 2006. En noviembre, España se convirtió en la principal puerta de entrada de migrantes irregulares de la UE, y el Gobierno aprobó la entrega de 130 vehículos a Marruecos para control fronterizo valorados en nueve millones de euros.
Las llegadas prácticamente se detuvieron a principios de diciembre por acción española y europea. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, anunció que estudiaba conceder visados Schengen a los marroquíes si Rabat recibía a inmigrantes de terceros países. Marruecos lo aceptó en vuelos fletados por Royal Air Maroc y sufragados con fondos europeos. La mediación española fue clave. Solo entre 2018 y 2020, la UE transfirió a Marruecos 343 millones de euros para reforzar la lucha contra la inmigración irregular.
El precio de la válvula migratoria
Las autoridades españolas suelen ser prudentes al hablar de Marruecos, tanto por la relación con Rabat como por la sensibilidad del tema migratorio en la opinión pública. Ya fuera del cargo, el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo afirmó públicamente en 2020 que “Marruecos utiliza la inmigración ilegal para chantajear a España”. La experiencia de las últimas tres décadas es clara: cuando la tensión aumenta entre España y Marruecos, la cooperación migratoria puede deteriorarse; cuando se alcanza un acuerdo, la colaboración vuelve a ser una pieza central de la relación. Eso no significa que cada aumento de las llegadas sea una operación diseñada por Rabat. Factores económicos, climáticos, políticos y sociales explican también los movimientos migratorios. Pero los episodios de Ceuta en 2021, Melilla en 2022 y Ceuta en 2026 muestran que Marruecos puede instrumentalizar esa movilidad según sus intereses.
La reacción europea ha aumentado el valor de esa capacidad. El modelo de externalización de fronteras coloca a países como Marruecos en una posición estratégica: España y la UE subcontrata a regímenes híbridos o autoritarios que controlen las salidas antes de que las personas lleguen a territorio comunitario y, a cambio, financian sus sistemas de vigilancia, refuerzan sus capacidades policiales y negocian acuerdos políticos. La consecuencia es una relación asimétrica en la que la frontera se convierte en moneda de cambio, con estos regímenes instrumentalizando cada vez más la migración. Turquía la ha usado frente a Grecia y la UE, Libia con Italia, y Bielorrusia frente a Polonia y otros países europeos. Una frontera externalizada no elimina la presión migratoria, sino que desplaza también el poder de decidir sobre ella.
En este caso, España es el país que más equipamiento y entrenamiento suministra a Marruecos. Lo hace a través de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIIAPP), una agencia de cooperación adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores. Varias investigaciones internacionales acreditan que Marruecos detiene a personas negras de forma arbitraria, las encarcela en condiciones insalubres y, por último, las abandona en zonas desérticas. La presión migratoria de Marruecos sobre España ha coincidido, a lo largo de los años, con demandas de naturaleza muy distinta: desde cuestiones consulares y comerciales hasta asuntos territoriales, especialmente el Sáhara Occidental.
La “válvula migratoria” funciona por eso. Marruecos puede abrirla para aumentar la presión o cerrarla para demostrar el valor de su cooperación. En ambos casos, la frontera se convierte de un lugar de tránsito a herramienta de poder. El problema no es solo quién la controla; es quién tiene la capacidad de abrirla y cerrarla. Marruecos muestra cómo la externalización de fronteras transforma una dependencia operativa en una vulnerabilidad política. No necesita mantenerla abierta: basta que España sepa que puede abrirla.
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Los tres jaques del rey de Marruecos, de Javier Otazu (Catarata)
Otazu trabajó dieciséis años como periodista en Marruecos. En este libro, publicado cuando ya vivía fuera del país, analiza la estrategia exterior y de comunicación del reino alauí, así como las maniobras, presiones y rabietas del rey Mohamed VI para avanzar en sus objetivos geopolíticos, en especial la ocupación del Sáhara Occidental.
