El mar es la gran baza de Marruecos. Le permite, por un lado, controlar una de las costas del estrecho de Gibraltar, la unión natural del mar Mediterráneo y el océano Atlántico, el puente de conexión entre dos continentes y uno de los puntos geoestratégicos más importantes del mundo. Por otro, le confiere acceso a suculentos caladeros de pesca que Rabat emplea tanto como moneda de cambio en su política exterior como motor de su propia industria pesquera —Marruecos es el decimoquinto productor global de pescado—.
Si no fuera por el mar y la ubicación privilegiada de su litoral, el país africano tendría más complicado usar la inmigración para chantajear al Gobierno español o conseguir que la Unión Europea haga la vista gorda con su ocupación del Sáhara Occidental a cambio de provechosos acuerdos pesqueros. Y con todo, las fronteras marítimas de Marruecos no están claras. O no lo están al menos para sus dirigentes: además de cambiar en función del estado de las relaciones con España, sus reclamaciones marítimas chocan con las aspiraciones de España o directamente apuntan a su soberanía.
En el caso del Sáhara Occidental, un territorio que mantiene ocupado y en proceso de colonización desde 1975 y cuya extensión reclama en su totalidad, Rabat ha recibido poca contestación y explota de facto sus aguas —de allí provienen tres cuartas partes de su producción pesquera, según las propias cifras del reino alauita—. Parte de la falta de condena internacional se debe a los acuerdos pesqueros que Marruecos ha firmado con la Unión Europea y que incluyen la costa saharaui: el 91% de las capturas comunitarias en aguas marroquís se producen frente al Sáhara Occidental, un privilegio que además de requerir discreción sobre la cuestión de la independencia de la antigua provincia española exigía un pago anual por parte del grupo comunitario de 52 millones de euros. Así era al menos hasta que el Tribunal General de la Unión Europea anuló en 2021 el acuerdo por no contar con el consentimi...
