La matanza de miles de civiles, los ataques sistemáticos a hospitales y cultivos, el desplazamiento forzoso, el bloqueo de suministros y ayuda humanitaria y el sometimiento a condiciones de vida extremas por parte de Israel en la Franja de Gaza son considerados cada vez más como un genocidio. Esto se debe tanto a los actos reportados como a las intenciones declaradas de responsables del Gobierno y las Fuerzas de Defensa.
En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel tomar medidas para evitar un genocidio en Gaza y consideró plausibles los actos denunciados por Sudáfrica contra Israel por este crimen. Se trata del principal órgano judicial de Naciones Unidas. Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó en noviembre el arresto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y del entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo el exterminio, aunque no por genocidio. Este tribunal independiente juzga a individuos por crímenes especialmente graves. A ello se suma un informe publicado el pasado 16 de septiembre por una comisión independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o las denuncias de la relatora especial, Francesca Albanese.
Pese a la complejidad jurídica, hay un consenso académico cada vez más amplio. El pasado 31 de agosto, la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) publicó una resolución en la que sostiene que “el Gobierno de Israel ha cometido crímenes sistemáticos y generalizados contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio” en Gaza. Asimismo, el medio neerlandés NRC recogió en mayo que ocho investigadores de estudios sobre genocidio que han publicado en los dos últimos años en la Journal of Genocide Research, la más autorizada en el campo, veían en Gaza un genocidio o al menos “violencia genocida” por parte de las fuerzas israelíes.
Asimismo, varias organizaciones internacionales ya califican los actos de Israel en Gaza como genocidio desde finales de 2024. Estas incluyen a Amnistía Internacional tras una investigación, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, que expone que “existe un argumento jurídicamente sólido para afirmar que Israel está cometiendo genocidio en Gaza”, o Human Rights Watch. Por tanto, unos hechos pueden calificarse como genocidio y después pueden recibir reconocimiento internacional o juzgarse como crimen con las consecuencias correspondientes, como ha ocurrido en otros casos en el último siglo.
Qué es un genocidio y qué ha hecho Israel
La definición de genocidio está establecida en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas de 1948 y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Se trata de cualquiera de los siguientes actos llevados a cabo con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso: (1) matanza o (2) lesiones graves ante la integridad física o mental de sus miembros, (3) sometimiento intencional a condiciones de existencia que supongan su destrucción física, total o parcial, (4) medidas destinadas a impedir nuevos nacimientos o (5) el traslado forzoso de los niños a otro grupo.
Con base en esta definición, a Israel se le atribuye cometer matanzas, lesiones físicas y mentales graves y sometimiento a condiciones de vida que suponen la destrucción de los palestinos en Gaza. El ejército israelí ha matado a personas protegidas bajo el derecho internacional, ya sean civiles en general o personal sanitario. En total, las autoridades palestinas han reportado más de 65.000 muertos, entre ellos más de 18.000 menores. Además, ha sido el conflicto donde han muerto más periodistas.
Israel también ha sometido a los gazatíes a unas condiciones de vida extremas que han ido conllevando su destrucción física. Por un lado, ha destruido la mayoría de la infraestructura civil de la Franja. Según una recopilación sólo del 7 de octubre de 2023 al 6 de julio del grupo de investigación Forensic Architecture, las fuerzas israelíes habían atacado el 57% de las instalaciones de salud, el 75% de los colegios, el 81% de las instalaciones universitarias, el 80% de las religiosas, el 71% de los refugios, la red de carreteras, las infraestructuras, convoyes y personal humanitario, entre muchos otros daños simultáneos y posteriores.
Además, sólo hasta el 30 de junio de 2024, los ataques israelíes habían destruido el 70% de la tierra cultivable de la Franja y un 45% de los invernaderos. La ausencia de tierra cultivable en el territorio impide que los gazatíes puedan producir su propia comida, exponiendo sus necesidades básicas a la voluntad del Gobierno israelí de permitir o no la entrada de ayuda humanitaria. Para llevar aún más al límite esta población, el Gobierno de Netanyahu ha limitado la entrada de esta ayuda desde el principio de los ataques.
Los trabajadores de la ONU han denunciado el bloqueo total en la Franja y los suministros de agua y alimentos se han agotado. De acuerdo con un informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) del pasado 22 de agosto, más de medio millón de personas (un cuarto de la población gazatí) y contando sufren hambruna, es decir, la falta total de alimentos que puede provocar muertes inminentes. Esta situación ha aumentado la presión internacional sobre Israel, que ha permitido distribuir agua y comida, pero lejos de los seiscientos camiones diarios necesarios para cubrir las necesidades básicas de los gazatíes. Además, la gestión a través de la Fundación Humanitaria de Gaza junto con Estados Unidos ha dado lugar a decenas de muertes de palestinos tiroteados por soldados israelíes cuando van a recoger suministros.
La limitación de las necesidades básicas, los ataques diarios y las escasas condiciones de salud pública también están causando enfermedades y lesiones físicas y mentales graves en los habitantes de Gaza. Israel ha usado el hambre y el acceso al agua como arma de guerra, pero también las órdenes de evacuación y la declaración de zonas seguras. Alrededor de dos millones de gazatíes, el 90% de la población, han sido desplazados forzosamente, al principio del norte al sur y después del este al oeste, hacia un área costera sin apenas tierra cultivable. Una vez allí, Israel ha atacado esta zona en repetidas ocasiones.
La clave es la intencionalidad
Según el derecho internacional, los ataques de Israel en Gaza supondrían un crimen de genocidio si se demuestra que el objetivo es eliminar, parcial o totalmente, a esta población. Además, un genocidio puede recibir reconocimiento internacional sin haber sido juzgado como tal. Pero en ningún caso es determinante el número o la proporción de muertos, la duración o el grado de sistematicidad y avance, sino la intención.
Los considerados genocidios del último siglo han sido distintos entre sí. El Holocausto nazi, juzgado en los Juicios de Núremberg antes de la Convención que estandarizó el concepto en 1948, mató a más de seis millones de judíos y es considerado el genocidio por antonomasia. Por su parte, el genocidio de cientos de miles de armenios a manos del Imperio otomano desde 1915 empezó a recibir reconocimiento internacional medio siglo después, y ya se suman más de treinta países. Ambos se perpetraron a lo largo de varios años.
En cambio, los genocidios de Ruanda en 1994 y Srebrenica en 1995 se ejecutaron en apenas tres meses y diez días, respectivamente, y tuvieron un alcance muy dispar. En Ruanda, hutus radicales asesinaron a unas 800.000 personas, principalmente de etnia tutsi, mientras que en Srebrenica (Yugoslavia) murieron más de 8.000 bosnios musulmanes a manos de tropas serbobosnias. Ambos casos fueron juzgados por tribunales penales especiales y conllevaron condenas por genocidio. Además, desde 2007, la CIJ dictaminó a raíz del caso de Srebrenica que la intención genocida se puede deducir de un “patrón de comportamiento”. Más recientemente, la CIJ evalúa bajo la Convención sobre genocidio la muerte de 25.000 personas y el desplazamiento de otras 750.000 de la etnia rohinyá en Birmania en 2018 a raíz de la denuncia de Gambia.
Para demostrar la intencionalidad genocida de Israel, las organizaciones internacionales y la denuncia de Sudáfrica ante la CIJ se basan en declaraciones de autoridades israelíes, unidas a los actos que las corroboran. La organización Law for Palestine recoge más de quinientas declaraciones de ministros, diputados, militares y otras personas influyentes israelíes que incitan al genocidio o defienden el asesinato de los palestinos, el desplazamiento forzado y el castigo a la población gazatí. Destacan, entre otras, las del presidente del país, Isaac Herzog, quien afirmó que no había inocentes en Gaza y que toda la nación era responsable por no haberse levantado contra Hamás. También las del ministro de Defensa, Israel Katz, que amenazó a los gazatíes con la destrucción total si no devolvían a los rehenes y acababan con Hamás.
La intencionalidad israelí también se demuestra sobre el terreno, pero no sólo mediante la masacre de civiles y las condiciones de vida extremas a las que les someten a los palestinos. El establecimiento de infraestructuras israelíes en la Franja demuestran la intención de permanecer en el territorio y mantener una presencia militar a largo plazo. Además, a principios de mayo, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan mediante el cual pretende quedarse de manera permanente en aquellos territorios que logre ocupar.
Con todo, la sentencia de la CIJ puede tardar años. La investigación para conseguir las pruebas necesarias, la complejidad de demostrar una intención genocida o el papel de la Corte al intervenir en la jurisdicción de los Estados condiciona el plazo de sus sentencias. No obstante, la relevancia jurídica y política implicaría tanto a Israel como al resto del mundo, ya que los 153 países firmantes de la Convención de 1948 se han comprometido, como su nombre indica, a prevenir el genocidio y a sancionar a los culpables de cometerlo.
