¿Por qué no funcionan las políticas para fomentar la natalidad?

Las ayudas económicas o los permisos parentales pueden facilitar nacimientos, pero no crean el deseo ―ni las condiciones― de tener hijos
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¿Por qué no funcionan las políticas para fomentar la natalidad?
Una mujer empujando un carrito de bebé en Múnich en noviembre de 2021. | SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance - AFP

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Las políticas para favorecer la natalidad han adelantado o aumentado nacimientos a corto plazo, pero no han frenado la caída de la fecundidad a escala internacional. Dos tercios de la población mundial vive en contextos de baja fecundidad, y ya en 2019 55 Gobiernos tenían políticas para aumentarla. Todos los países de la Unión Europea tienen una tasa de fecundidad inferior a los 2,1 hijos por mujer necesarios para el reemplazo generacional. España logró en 2025 un aumento de un 1,2%, quedando en 1,11 hijos por mujer, según datos del INE. Con menos población trabajando y más personas mayores, los Estados se ven obligados a financiar más pensiones y sanidad con una base tributaria más estrecha.

Por eso, en lo que va de siglo, Gobiernos de todo el mundo han probado todo tipo de medidas: cheques por nacimiento, permisos más largos, guarderías públicas y campañas para “animar” a tener hijos. Singapur incluso amplió sus ayudas económicas directas en agosto de 2026, introduciendo un bono de 55.000 dólares por hijo. Su fecundidad había caído en 2025 a 0,87 hijos por mujer, su mínimo histórico.

Dinero y tiempo: lo que han probado los Gobiernos

La tasa de natalidad (término más común) mide el número de nacimientos por cada mil habitantes en un lugar y periodo terminado. La tasa de fecundidad, más extendida en estudios demográficos, mide el número de hijos por población en edad reproductiva (por lo general mujeres de 15-49 años). En los países de la OCDE, los Gobiernos disponen de un amplio repertorio para fomentar la natalidad: guarderías públicas, permisos parentales, horarios flexibles, permisos intransferibles para los padres, tratamientos de fertilidad, ayudas a familias numerosas y lucha contra la pobreza infantil. Algunas medidas llevan décadas en vigor y otras, como los permisos pagados para padres, se han extendido en los últimos años. Existen también vías coercitivas, como restringir anticonceptivos o prohibir el aborto, que no respetan los derechos reproductivos. Pero en la práctica, casi todo se reduce a dos apuestas: dar dinero o dar tiempo.

El dinero es la más visible. Los Estados pueden repartir prestaciones periódicas, deducciones fiscales y bonos por nacimiento. Según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) de 2019, estas políticas tienden a adelantar los nacimientos ya previstos, no a convencer a quienes no querían tener hijos. Por ello, cuando Australia introdujo en julio de 2004 un bono de 3.000 dólares, más de mil partos se desplazaron de junio a julio, muchos mediante inducciones o cesáreas programadas. Un estudio posterior estimó un aumento modesto de la natalidad, pero el efecto principal fue otro: familias que ya habían decidido tener hijos adelantaron su concepción para cobrar la ayuda.

España ofrece un ejemplo similar. Entre 2007 y 2011, el Gobierno implementó el “cheque bebé”, una ayuda universal de hasta 2.500 euros por nacimiento. Los nacimientos aumentaron un 6% en los nueve meses posteriores a su entrada en vigor, pero investigaciones posteriores estiman que su efecto sobre la tasa de natalidad total fue de apenas un 3%. Igual que en Australia, la medida adelantó nacimientos ya planeados, sin alterar de forma sostenida el crecimiento demográfico.

La experiencia madrileña actual repite esa lógica. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha ayudas de quinientos euros por el nacimiento del primer hijo, 750 por el segundo y mil por el tercero en adelante. Las transferencias directas son populares y pueden producir un repunte inmediato, pero no resuelven por sí solas los obstáculos estructurales como la vivienda, el empleo inestable o los costes de crianza. De hecho, en España, según una encuesta de 2025 del INE, el 34,8% de las mujeres afirma haber tenido menos hijos de los que quería y la mayoría de ellas lo refiere a la dificultad de conciliar su vida laboral y familiar.

La segunda gran apuesta es el tiempo. Si el dinero intenta compensar el coste de tener un hijo, las guarderías y los permisos buscan resolver la otra gran dificultad: que criar no obligue a asumir en solitario la carga del cuidado. Según la UNFPA, la disponibilidad de guarderías públicas promueven la natalidad, pero sobre todo en mujeres con alta formación y fuerte vinculación laboral. Corea del Sur hizo una de las expansiones más ambiciosas: entre 2000 y 2014, el gasto público en cuidado infantil pasó del 0,1% al 0,9% del PIB, y como resultado la escolarización de cero a dos años subió del 9% al 36%. Aun así, su fecundidad sigue entre las más bajas del mundo, porque el cuidado sigue recayendo de forma desproporcionada en las mujeres, con jornadas largas y carreras penalizadas.

Los permisos parentales tampoco ofrecen resultados concluyentes. En Hungría, donde las prestaciones dependían del salario previo, las mujeres tenían más probabilidades de tener un segundo hijo que en países con políticas parecidas pero pagas más bajas, como Polonia. Sin embargo, un estudio de 2026 sobre quince países de la Unión Europea no encontró que el permiso pagado aumentara de forma sostenida la fecundidad final. La duración también importa. Hoy las madres en países de la OCDE tienen derecho, de media, a unas 52 semanas de permiso pagado, frente a las dieciséis de 1970. Pero según varias revisiones, los permisos de más de un año pueden perjudicar el empleo y los salarios de las madres, y en Alemania se observaron efectos negativos con permisos de hasta tres años, aunque otros estudios sitúan el límite más arriba.

No existe un número de semanas que sirva para todos los países. Los permisos muy largos pueden perjudicar el empleo y los salarios de las madres, y sigue abierto el debate sobre si conviene que sean transferibles o reservados a cada progenitor. El resultado depende tanto de cómo está diseñada la política como de la cultura en la que se aplica. Las normas de género y la cultura de las empresas disuaden a muchos padres de tomar los permisos, y las cuotas reservadas a ellos han ayudado a que lo hagan.

Caída de la natalidad: confundir el síntoma con la causa

Los Gobiernos parecen confundir las causas de la caída de la natalidad, y esa falta de diagnóstico produce políticas costosas, ineficaces y, en algunos casos, misóginas. Se confunde la necesidad de estabilidad económica con un cheque por nacimiento; la incertidumbre sobre el futuro, con campañas nacionalistas; y la autonomía de las mujeres, con un problema que el Estado debe corregir. Pero las personas que quieren tener hijos no tienen menos por falta de incentivos puntuales, sino porque criarlos exige tiempo, vivienda asequible, empleo estable, corresponsabilidad real y confianza en que el futuro es posible.

Una primera causa de la caída de la natalidad es la libertad reproductiva de las mujeres. Por eso mismo no debería leerse automáticamente como una mala noticia. La OCDE señala que la mayoría de los nacimientos son intencionales y que cada vez más personas deciden tener menos hijos. Por ejemplo, en Colombia, la fecundidad ha caído a mínimos en una década, pero esa caída ha coincidido con una reducción sostenida del embarazo adolescente, lo que amplía las oportunidades educativas y laborales de las mujeres.

Lo contrario ocurre cuando esa capacidad de decidir no existe. El embarazo en mujeres empobrecidas sigue siendo un problema. En Chad, Somalia y la República Democrática del Congo registran tasas cercanas a seis hijos por mujer, pero no porque sus habitantes quieran “muchos hijos”. Si la cultura lo explicara todo, Ruanda —un país vecino, con mayor renta per cápita y una fecundidad de 3,56 hijos por mujer— debería mostrar patrones parecidos, pero no es así. La diferencia sugiere que importan el acceso a educación, anticoncepción, salud materna, empleo y una vida en la que tener un hijo no sea la única opción posible.

Una segunda causa es la carga desigual. El trabajo remunerado dio a muchas mujeres autonomía económica, pero no les devolvió tiempo. Incorporarse al empleo no vino acompañado de una redistribución equivalente del cuidado. La relación entre empleo femenino y fecundidad revela esa tensión. Una investigación entre países de la OCDE concluyó que los países con mayor empleo femenino, como los nórdicos, suelen tener fecundidades más altas que los mediterráneos porque disponen de mejores políticas de conciliación, más servicios de cuidado y normas culturales más igualitarias. Aun así, en la mayoría de países entre 2000 y 2020, el aumento de la participación laboral femenina en la OCDE coincidió con reducciones de la fecundidad, un fenómeno que se acentuó tras la crisis financiera de 2008. Por tanto, la lectura no es que las mujeres trabajen demasiado, sino que trabajan bajo condiciones desiguales.

A todo ello se suman contextos económicos que parecen marcar un futuro que no invita a tener hijos. La OCDE advierte que, en países donde los jóvenes enfrentan una considerable incertidumbre económica —como en la última década en el sur de Europa—, no es probable que la fecundidad repunte de forma significativa, aunque el Estado amplíe sus políticas familiares. En España, esa incertidumbre se refleja en el retraso de la maternidad. La crisis de 2008, el empleo precario y la dificultad para acceder a una vivienda han empujado a muchas mujeres a posponer la decisión de tener hijos. El resultado es un cambio demográfico notable. Hace una década las mujeres menores de veinticinco años tenían 5.000 nacimientos más que las madres de cuarenta, pero en 2025 esta cifra se invirtió y las madres mayores ya tenían 2.800 más nacimientos que las jóvenes. Ese aplazamiento reduce la fecundidad final.

¿Y si el problema no son los hijos? 

Los Gobiernos pueden facilitar tiempo u ofrecer dinero, como Singapur con los 55.000 dólares por hijo, pero no pueden comprar el deseo de tenerlo. La encuesta global del UNFPA de 2025 muestra que el número ideal de hijos más habitual es dos y que muy pocas personas no quieren ninguno. Cuatro de cada diez personas mayores de cincuenta años dicen no haber tenido los que querían; el coste de la vida, la inestabilidad laboral y la vivienda encabezan las barreras de los encuestados. Entonces muchas personas sí quieren tener hijos, pero no pueden permitírselos o no encuentran condiciones para criarlos.

Las políticas para fomentar la natalidad pueden adelantar nacimientos previstos, pero rara vez convencen a quien no los desea y pueden trasladar el coste a las mujeres. Por tanto, las soluciones apuntan a asuntos estructurales: vivienda asequible, empleo estable, cuidados y un reparto real de las tareas domésticas. En cambio, la automatización, la migración, una vejez más sana y una economía del conocimiento podrían reducir la dependencia de la fecundidad, aunque exigirían pensiones sostenibles y cuidados públicos. La demógrafa británica Sarah Harper sostiene que la caída de la fecundidad debería celebrarse, más que temerse, porque refleja la mayor capacidad de las mujeres para decidir sobre su vida reproductiva. Si nacen más hijos, será porque alguien los quiso y pudo tenerlos. Si no, habrá que aprender a organizar el bienestar con menos gente.

Miranda Guerra Valencia

Medellín, 2002. Politóloga de la Universidad EAFIT, Colombia. Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la UC3M. Interesada en temas de conflicto, seguridad y medioambiente.

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