“Me da igual si estoy inscrito o no, voy a intentar hacer trampa a más no poder, como hacen ellos”, fue parte de la promesa que Donald Trump invitó al público a hacer durante la convención del Partido Republicano en Dallas el pasado septiembre. La aprobación del presidente estadounidense de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre ha caído a menos del 40%. Los demócratas lideran la intención de voto y podrían arrebatarles ambas cámaras del Congreso a los republicanos. Con ello tendrían capacidad para impulsar investigaciones contra Trump y su entorno, incluido un tercer impeachment.
Los politólogos estadounidenses Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sostienen que una democracia no sobrevive solo por celebrar elecciones periódicas. Necesita que sus líderes respeten tres compromisos esenciales: aceptar las derrotas electorales, rechazar la violencia política y romper con las fuerzas antidemocráticas. Trump ha incumplido esos tres compromisos de cara a las midterms: presiona a quienes certifican los resultados para no tener que aceptar una derrota, usa el aparato federal para intimidar a los estados y restringe quién puede votar bajo el pretexto de verificar la ciudadanía. Para ello recurre a un discurso populista que presenta cada estrategia como “sentido común” frente a un enemigo interno.
Seis años negando su derrota de 2020
En 2020, Trump se convirtió en el primer presidente saliente en la historia de Estados Unidos en negarse a aceptar su derrota electoral. Seis años después, esa negación sigue siendo la base sobre la que está construyendo su estrategia de cara a las elecciones de medio mandato. En enero ya dejó caer que las midterms eran innecesarias y que los demócratas solo podrían ganarlas mediante fraude.
En julio, Trump resucitó el bulo del fraude en un discurso a la nación, esta vez acusando a China de haber influido en su derrota. La acusación central es que China accedió a los expedientes de 220 millones de votantes estadounidenses, pero las pruebas no sostienen la teoría del fraude, ya que la mayoría de esos datos son públicos. Aunque algunos análisis no descartan que China, Rusia o Irán hayan recopilado esta información con fines de inteligencia electoral, eso no equivale a haber alterado el resultado. De hecho, el Consejo Nacional de Inteligencia concluyó en 2021 que China no interfirió en las elecciones de 2020.
Sin embargo, a Trump le importa que su electorado le crea la conspiración y que la desconfianza crezca. Según la Universidad de California en San Diego, solo el 49% de los estadounidenses espera unas midterms libres y justas. Los demócratas desconfían por la presencia e intimidación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y los republicanos por el recuento de votos. Así, romper las reglas para revertir un supuesto fraude se presenta como una respuesta razonable y no como un golpe a la democracia.
Sembrar esa desconfianza en el electorado no basta: el Gobierno de Trump también ha presionado a quienes certifican los resultados. En la mayoría de los estados esa función recae en el secretario de Estado, una figura antes inadvertida para la opinión pública, hasta que se filtró una llamada en enero de 2021 entre Trump y el entonces secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. En ella, Trump le pedía “encontrar” los votos suficientes para revertir su derrota en ese estado, pero Raffensperger se negó y certificó la victoria de Joe Biden. Este año hay veintiséis elecciones de secretario de Estado, y casi el 75% tienen al menos un candidato negacionista electoral. El caso más claro es Arizona, donde el candidato republicano a secretario de Estado, Alexander Kolodin, niega que Trump hubiera perdido en 2020.
En el fondo, Trump busca subordinar a los estados. En febrero instó a “nacionalizar” el voto y afirmó que los estados son “agentes” del Gobierno federal en las elecciones, pero la Constitución establece lo contrario: los estados organizan las elecciones y el presidente no tiene facultades para controlarlas. Aun así, la presión federal se ha vuelto sistemática y apunta contra cualquier secretario de Estado que se resista. Como el sistema electoral estadounidense permite que actores partidistas verifiquen sus propias elecciones, Trump lo explota a su favor.
Vigilancia y violencia política contra los Estados demócratas
Sostener que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas derivó en el asalto al Capitolio por parte de seguidores extremistas y antidemocráticos el 6 de enero de 2021. Trump nunca lo condenó; al contrario, indultó a los cerca de 1.600 acusados en el primer día de su nuevo mandato. Esa misma indiferencia ante la violencia política se traduce hoy en una disposición a presionar a estados y ciudades por la fuerza.
El ICE ha sido el instrumento más visible de esa presión. En enero, tras la violencia de la agencia en Minnesota, que dejó dos ciudadanos muertos, la entonces fiscal general Pam Bondi le escribió una carta al gobernador, Tim Walz. Esta se leía como un chantaje: si quería ver “un fin al caos”, debía entregarle al Departamento de Justicia el padrón electoral del estado, que contiene datos confidenciales sobre los votantes. El Departamento de Justicia quiere estos datos para “investigar un voto no ciudadano”, alimentando las teorías del fraude. Incluso el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, no descartó tener agentes en los centros de votación “si hay una amenaza específica”, y abogados del ICE reconocieron que la agencia maneja miles de documentos sobre un posible despliegue en las midterms.
El riesgo no se limita a ICE. Existe un borrador de orden ejecutiva (filtrado, y que Trump negó estar considerando) que propondría declarar una emergencia nacional por supuesta “interferencia electoral extranjera” para tomar control de las elecciones. También hay vigilancias y controles más convencionales en proceso: el Departamento de Justicia, por ejemplo, prevé desplegar mil supervisores electorales. Aunque se vea como un despliegue legítimo, la estrategia de Trump se ha concentrado frente a estados mayoritariamente demócratas. Senadores demócratas también identificaron unas cien posibles amenazas. La credibilidad de las amenazas ha llegado al punto de que hay oficiales de seguridad nacional que están asesorando a Gobiernos estatales sobre qué hacer ante la posible interferencia de Trump en las midterms.
Menos votantes y más sospecha
Trump también ha intentado manipular las instituciones electorales exigiendo una verificación de ciudadanía que, en la práctica, funciona como una barrera adicional al voto. En Estados Unidos no existe un documento oficial de identificación. Además, el voto de no-ciudadanos es realmente bajo y nunca ha supuesto un riesgo para la integridad electoral. Sin embargo, los republicanos han insistido en tres vías.
Primero, la SAVE Act, que exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse, pero se estancó en el Senado. La segunda entonces fue buscar ampliar la base de datos federal SAVE (creada para verificar estatus migratorio, no para elecciones) para cruzarla con los padrones estatales y así poder verificar la ciudadanía antes de las votaciones. El Departamento de Justicia solicitó datos a casi todos los estados y demandó a al menos treinta que se negaron a brindar su información electoral, pero los tribunales fallaron a favor de la independencia de los estados.
El 9 de octubre una jueza federal también dictaminó que era ilegal que el Departamento de Justicia cruzara los padrones estatales con la base de datos de inmigración para exigir que los estados eliminaran votantes en masa. Pero eso no impide que los estados usen SAVE por su cuenta: a finales de septiembre, la Corte Suprema había permitido que los estados que quisieran la siguieran usando de manera voluntaria.
También ha habido otras vías de presión sobre estados demócratas. En agosto, el Departamento de Justicia anunció que desplegaría personal para vigilar las urnas de las ciudades de Detroit, Hamtramck, Lansing y East Lansing, en el estado de Michigan. El mismo departamento ha imputado a veintiocho personas documentadas con green card en California por un presunto fraude electoral, tras demandar al estado por la negativa en revisar una lista de 20.000 personas que, según el Gobierno federal, no eran ciudadanos.
Lo anterior se enmarca en la tercera vía: eliminar el voto por correo. Trump llegó a citar a Vladímir Putin al recordar que el presidente ruso le dijo que “no se pueden hacer elecciones honestas con voto por correo”. En marzo firmó una orden ejecutiva que condiciona el reparto de papeletas del Servicio Postal a listas de ciudadanía del Departamento de Seguridad Nacional. Esa orden ha sido bloqueada por los tribunales, y la Administración ha escalado el caso tres veces a la Corte Suprema, que este mes mantuvo el bloqueo. La decisión solo impide aplicar la norma en las elecciones de noviembre, pero no resolvió si el Servicio Postal tiene esa facultad para futuras votaciones. Uno de sus jueces conservadores dejó abierta la puerta a que sí.
Ninguna de las tres vías ha sobrevivido intacta, pero podrían volver para 2028 por otros caminos: retomar la SAVE Act en el Senado o ganar en los tribunales el derecho a aplicar las nuevas normas administrativas del voto por correo. Por el momento, todas han logrado sembrar sospecha sobre quién tiene derecho a votar y producir un ambiente de inseguridad para los votantes opositores a Trump.
Juego sucio, pero constitucional
Buena parte de la estrategia de Trump consiste en explotar al máximo las reglas. El gerrymandering, por ejemplo, es el rediseño de los límites de un distrito electoral para concentrar o dispersar votantes y así inclinar el resultado a favor de un partido, y lo han usado tanto demócratas como republicanos en distintas elecciones. En abril, la Corte Suprema abrió la puerta a que se dieran más casos, al fallar a favor de un grupo de votantes de Luisiana liderado por un asistente del mitin previo al asalto al Capitolio de 2021. La Corte resolvió que ya no bastaba con demostrar que un mapa perjudicaba a los votantes afroamericanos, sino probar que esa era intención explícita, un estándar casi imposible de demostrar.
A partir de ahí, Tennessee, Luisiana y Alabama eliminaron sin riesgo legal distritos de mayoría afroamericana. Para las midterms, la disputa terminó con nueve estados con distritos nuevos: ocho de mayoría republicana (Texas, Carolina del Norte, Ohio, Utah, Florida, Tennessee, Luisiana y Alabama) y uno demócrata, California, el mayor número de redistribuciones a mitad de década en la historia moderna de Estados Unidos.
Trump también ha buscado remodelar el aparato institucional a su medida. En agosto de este año la Corte Suprema avaló que el presidente pudiera despedir sin necesidad de justificación a funcionarios de agencias federales independientes. Con ese respaldo Trump cesó a los comisionados demócratas de la Comisión de Asistencia Electoral, el organismo que apoya la administración de las elecciones en todo el país. También ha nombrado al frente del Departamento de Justicia primero a Pam Bondi y después a Todd Blanche, quienes antes fueron sus abogados personales, y puso a Kash Patel, otro leal declarado, al frente del FBI.
El populismo de Trump con las ‘midterms’
La aversión de Trump a la democracia se podría resumir en una frase que compartio en su red Truth Social: “El mayor enemigo que tiene Estados Unidos es la izquierda radical, el incompetente Partido Demócrata”. No es un rival político al que hay que vencer en las urnas, sino un enemigo del país al que hay que impedir que gobierne, gane o no la mayoría del voto.
Sea cual sea el resultado de las midterms, Trump seguirá deteriorando la democracia estadounidense. Si los republicanos se aseguran el control del Senado, la Cámara de Representantes y más estados, el presidente tendrá vía libre para consolidar su control sobre las instituciones, presentando la victoria como la prueba de que el país eligió “sentido común” frente al enemigo interno. Si ganan los demócratas, como apuntan las encuestas, Trump declarará fraude, como lleva meses ensayando, y usará esa derrota para polarizar aún más a su electorado y sembrar más desconfianza sobre el sistema.
La autora recomienda
La dictadura de la minoría, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (Ariel)
En este libro, los politólogos y profesores de Harvard examinan el giro autoritario a nivel internacional que se ha producido desde dentro de las propias democracias. Con el ejemplo estadounidense y los de otros países, los autores también proponen reformas para superar estas crisis y conseguir democracias factibles.
