¿Puede Trump cancelar las ‘midterms’? Ya las está reventando

Donald Trump está allanando el terreno: ya ha dejado caer que es innecesario celebrar las midterms de noviembre de este año y que los demócratas ganarían por fraude. Incluso le dijo en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski que «qué bien» que en tiempos de guerra no haya elecciones, ya que Ucrania está bajo ley marcial por la invasión rusa. Aunque no existe precedente ni mecanismo legal para que cancele las elecciones de medio mandato, el presidente estadounidense quiere asegurarse por lo menos de favorecer al Partido Republicano. Su estrategia se basa en debilitar la confianza en el proceso democrático, desincentivar a los votantes y manipular las reglas.

En las midterms se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado estadounidense. Además, se votan a gobernadores de 36 estados y algunos cargos locales. A día de hoy, tanto la Cámara como el Senado están bajo mayoría republicana, lo que ha facilitado la deriva autoritaria de Trump. Sin embargo, históricamente el partido del presidente suele perder apoyo en las midterms. Y esta tendencia, junto con los índices de aprobación mínimos y las encuestas favorables a los demócratas, debilitan la posición electoral del líder republicano, que busca forzar el sistema para consolidar su poder.

Sin facultades y sin precedentes

Trump no tendrá fácil cancelar las midterms. En Estados Unidos, el presidente no tiene facultades para cancelar o posponer unas elecciones. Según la Constitución, los estados son la autoridad principal en las elecciones federales, aunque el Congreso puede fijar su fecha, que está establecida el primer martes después del primer lunes de noviembre. Este año caen el día 3. Además, la Constitución establece que el nuevo Congreso debe posesionarse el 3 de enero siguiente. El Congreso sí puede reprogramar elecciones y los estados pueden hacer ajustes locales y temporales, pero son cambios sujetos a leyes federales y límites constitucionales, y sólo ante una catástrofe, como un ataque terrorista o un desastre natural.

Además, Estados Unidos nunca ha cancelado unas elecciones y sólo en contadas ocasiones las ha pospuesto por emergencias nacionales. Las elecciones, tanto midterms como presidenciales, se celebraron con normalidad incluso durante la guerra civil entre 1861 y 1865 y durante las dos guerras mundiales. Tras el 11S en 2001 las primarias de Nueva York se pospusieron dos semanas, pero las de medio mandato, un año después en plena guerra contra el terror, se celebraron con normalidad. 

La única opción que tendría Trump para cancelar o posponer las midterms sería declarar la ley marcial, y probablemente sería ilegal. La ley marcial es un régimen de excepción bajo el que la autoridad militar asume el control del gobierno y reemplaza a las autoridades civiles. En Estados Unidos está muy poco definida. Mientras que la Corte Suprema ha confirmado la autoridad de los estados para invocar ley marcial a nivel estatal o local, no hay un marco legal claro para que un presidente la invoque unilateralmente. Sólo Abraham Lincoln lo hizo una vez durante la guerra civil. Desde entonces, varias decisiones del Supremo han puesto en duda la legalidad de que el presidente invoque la ley marcial a nivel estatal o nacional. 

Pero incluso bajo la ley marcial, las acciones del Gobierno deben cumplir la Constitución, incluido el proceso electoral de medio mandato. Además, las midterms implican una coordinación masiva a nivel nacional frente a las que Trump difícilmente podría desplegar suficientes fuerzas armadas. Votan más de cien millones de personas, 770.000 personas trabajan en colegios electorales y hay más de 10.000 jurisdicciones electorales en el país. Cancelar las elecciones por la fuerza sería logísticamente imposible.

Normalizar la excepción

Otra opción es la Ley de Insurrección, pero tampoco permitiría a Trump cancelar las midterms. El republicano ya ha amenazado al estado de Minnesota con esta medida ante las protestas por la presencia y la violencia reciente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La ley de insurrección es la única que permite desplegar al ejército para realizar funciones policiales en territorio estadounidense. Aunque podría intimidar a votantes y aumentar las tensiones, legalmente la ley de insurrección sirve para que el ejército apoye a la policía estatal para hacer cumplir la ley. 

De todas maneras, es posible que Trump use alguna excusa de emergencia nacional para acomodar o ganar control sobre las midterms. El republicano ya ha pasado por alto la autoridad del Congreso y ha tomado decisiones que exceden su potestad bajo declaraciones retóricas y legales de emergencia. A través de estas declaraciones de crisis, la Administración ha introducido medidas contra los inmigrantes, aranceles y de desregulación energética. El uso de estatutos antiguos y a menudo distorsionados ha llevado a denuncias y bloqueos judiciales, pero Trump sigue extralimitando su autoridad y forzando la separación de poderes.

Además, el creciente control sobre fuerzas armadas federales, especialmente el ICE, es parte de una estrategia orientada a generar un clima de inseguridad que legitime medidas de excepción. El ICE se ha convertido en la agencia policial federal con más financiación. Saltándose el Congreso y los jueces, y desatando violencia como en Minnesota, Trump busca normalizar la excepción y debilitar los contrapesos institucionales para torcer las leyes a su favor. Todo ello sienta las bases para crear una crisis que justifique el control federal de las elecciones, una posibilidad de la que ya ha advertido el gobernador de Illinois. 

Trump busca torcer las reglas de juego

Como mínimo, Trump busca acomodar el proceso para favorecer al Partido Republicano en las midterms. Visto los índices de desaprobación del presidente y las encuestas favorables a los demócratas, el Partido Republicano sabe que tiene las de perder. Con esto asumido, la Administración Trump ha puesto en marcha varias medidas en paralelo para facilitar la victoria republicana y debilitar el proceso electoral.

Una de ellas es la intimidación. La violencia y el caos en Minnesota son un experimento donde el ICE y la respuesta civil permiten movilizar tropas en estados y ciudades gobernados por demócratas. La Casa Blanca ya ha avisado que tras Minnesota vendrán California y Nueva York, los estados demócratas más poblados. La presencia del ICE en estados con mucha población migrante puede desincentivar a miles de votantes que tienen miedo a salir de casa. Esa creciente instrumentalización de los agentes federales también aumenta el miedo entre votantes de origen migrante, creando un clima de intimidación electoral.

En segundo lugar, la Administración Trump pretende dificultar la capacidad de voto de millones de personas. La SAVE Act, pendiente de ser firmada en el Congreso, busca requerir prueba documental de ciudadanía para registrarse a votar en elecciones federales. Esto supondrá un problema para unos veintiún millones de estadounidenses que no tienen pasaporte o fácil acceso a documentos legales que demuestren su ciudadanía, ya que en Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad. En el día a día la mayoría de los trámites se hacen con el carnet de conducir, pero la SAVE Act también elimina esta opción. Es más, la SAVE Act requerirá presentar los documentos en persona, eliminando la capacidad de registrarse por teléfono, por correo u online. Esto creará obstáculos para millones de personas que viven lejos de centros urbanos o tienen recursos limitados, reduciendo así la participación electoral.

Por otro lado, Trump lleva años amenazando con eliminar máquinas de votación o el voto por correo, utilizado por el 30% de los votantes. Aunque es improbable que tenga éxito, porque es una decisión sujeta a la autoridad del Congreso, es una rama más de sus esfuerzos por poner en duda el proceso electoral, desincentivar e inhabilitar el voto de millones de estadounidenses y crear confusión y miedo entre votantes. 

Además, Trump está llevando más allá la distribución de distritos electorales. Normalmente se lleva a cabo cada diez años, después del censo, para reflejar cambios en la población. Ambos partidos han manipulado durante décadas esta redistribución, conocida como gerrymandering, erosionando sus barreras legales. En 2019, la Corte Suprema dictó que estas redistribuciones ya no podían impugnarse ante tribunales federales, aumentando la polarización del proceso electoral. Desde entonces han aumentado a niveles sin precedentes.

Por presión de Trump, el Partido Republicano se ha lanzado a un gerrymandering agresivo en mitad de ciclo para proteger su mayoría en la Cámara, al que el Partido Demócrata ha respondido. De momento los republicanos han redistribuido Texas, Ohio, Carolina del Norte y Misuri para asegurarse nueve congresistas más, mientras que los demócratas lo han hecho en California y Utah para conseguir seis. Y en otra docena de estados hay proyectos pendientes de redistribución. Estos cambios partidistas debilitan la competitividad de las elecciones, manipulan el impacto de los votos y erosionan la confianza en el proceso democratico.

El presidente estadounidense rechaza la democracia

Pasadas las elecciones, es muy probable que Trump asegure que ha habido fraude si los republicanos pierden el control del Congreso o de algún estado importante. No sería la primera vez: tanto él como muchos de sus aliados han defendido que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, asalto al Capitolio incluido. Desde el principio de su segundo mandato, el presidente estadounidense se ha rodeado de figuras poderosas dentro del FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional e incluso en juntas electorales locales que rechazan la legitimidad de aquellos comicios que ganó Joe Biden. 

Para allanar ese terreno, Trump ha atacado la legitimidad de las instituciones electorales y la supervisión electoral. Por un lado, ha ejecutado despidos masivos y recortes de fondos, y ha deshecho las estructuras de ciberseguridad y cooperación federal de protección electoral. Por el otro, ya ha advertido de fraude de manera preventiva, avisando sin fundamento que si los demócratas no hiciesen trampas perderían las midterms. Con ambos frentes, el presidente estadounidense establece un marco de duda y desconfianza en todo el sistema electoral, y consolida una narrativa de que cualquier resultado adverso puede ser cuestionado y rechazado. Y esa narrativa cuenta con apoyos tanto políticos como en el electorado.

Con las midterms no sólo está en juego la composición del Congreso, sino la capacidad del sistema estadounidense de resistir una deriva autoritaria sin precedentes. Aunque Trump tiene apoyo en la Corte Suprema, de mayoría conservadora, algunos tribunales federales con apoyo de los Gobiernos estatales han frenado parte de sus medidas para concentrar el poder electoral. Por otro lado, aunque el Congreso, con mayoría republicana, ofrece pocos contrapesos, la creciente división interna del partido y el descontento electoral podrían abrir grietas en el bloque trumpista. En paralelo, las recientes victorias demócratas en elecciones estatales y las protestas contra Trump o por la violencia del ICE en Mineápolis muestran que muchos estadounidenses reaccionan ante los excesos del presidente y las consecuencias de sus políticas.

Trump, en cualquier caso, mantendrá su pulso a las instituciones. Si los republicanos aseguran el control del Congreso, su deriva autoritaria irá a más. Si los demócratas se hacen con la mayoría al menos de la Cámara de Representantes, podrán acotar su margen de acción. Pero esto o bien aumentaría los choques entre ambas ramas o podría llevar a Trump a una huida hacia adelante en la que gobierne cada vez más por decreto, ignorando la autoridad de un Congreso en el que no tendría mayoría. En últimas, las midterms serán tanto para el presidente como para Estados Unidos una manera de tantear el terreno de cara a las elecciones presidenciales de 2028, cuando Trump, en teoría, ya no podrá presentarse.