La imagen de un partidario de Trump con los pies apoyados en el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes en su despacho del Capitolio de Washington ya ha pasado a la historia. Sin embargo, el asalto a la sede del poder legislativo estadounidense por parte de una turba convencida de que a su líder le han “robado” las elecciones, y azuzada por éste, es solo la culminación de un proceso mucho más largo para desacreditar el sistema electoral estadounidense. Una operación de derribo que tiene un culpable, Donald Trump, pero que el propio sistema ha facilitado por no corregir a tiempo sus numerosas deficiencias.
Un precedente peligroso
Los puntos ciegos del sistema están allí desde hace años, solo era cuestión de que llegara alguien con la voluntad de explotarlos. Alguien que no temiera desafiar a las tradiciones políticas consideradas sagradas y al que tampoco le importara la condena de los medios de comunicación tradicionales. El sistema no estaba preparado para un líder así. Y a medida que Trump ha traspasado todas las líneas rojas, tampoco ha llegado la esperada reacción unánime de la sociedad en defensa del proceso electoral. Los legisladores republicanos, por ejemplo, han necesitado temer por su propia seguridad para siquiera plantearse un rechazo explícito a Donald Trump.
No todo ha ido mal. El poder judicial, siempre criticado por el sistema de nombramiento de los jueces por parte de los políticos, ha funcionado. Trump no ha conseguido que un solo tribunal avale su teoría de la conspiración de un “fraude electoral masivo”, ni siquiera ante jueces nombrados por él mismo o en una Corte Suprema con una clara mayoría conservadora. Y a última hora, también algunos líderes republicanos se negaron a participar en la última operación desesperada para dar un golpe y anular en el Congreso los resultados electorales.
Sin embargo, Trump ha estado muy cerca. Hace muchos años que los dos grandes partidos despliegan legiones de abogados para disputar algunos votos, pero nunca antes uno de sus candidatos presidenciales había hecho una enmienda a la totalidad del sistema, negándose a reconocer su derrota incluso después de que se certificaran los resultados y hablaran los tribunales. Y mucho menos había tratado de inmiscuirse en los trámites administrativos para intentar darle la vuelta al dictamen de los votantes.
Haciéndolo ha marcado el camino para quien quiera subvertir unas elecciones presidenciales en el futuro. Ha señalado en qué puntos del proceso electoral se puede ejercer presión. El presidente saliente no es la persona más estable ni la más organizada, pero tal vez el siguiente candidato que siga su estela sea capaz de explotar esos puntos débiles con más éxito. Por eso es urgente una reforma que modernice, fortalezca, profesionalice y dé independencia al sistema electoral del país que se dice a sí mismo “la primera democracia del mundo”.
El sistema electoral es arcaico, complejo y con procedimientos absurdos
El sistema de elección del presidente de Estados Unidos nació de un difícil compromiso. Los redactores de la Constitución de 1787 estaban divididos entre los que querían que lo eligiera el Congreso y los que querían que lo hicieran los votantes. Como medio camino, escogieron un sistema indirecto en el que el parlamento de cada estado eligiera su manera de designar a sus representantes de un órgano, el Colegio Electoral, y que luego fueran esos “electores” los que votaran al presidente. Aunque desde 1876 ningún estado ha designado a sus electores sin celebrar elecciones, ese marco constitucional está en el origen de muchas de las brechas que ha aprovechado Trump.
Poniendo toda la organización electoral en manos de los estados, el sistema tiene demasiados intermediarios, autoridades políticas implicadas y posibilidades de hacer descarrilar el proceso. Normalmente son los más 3.000 condados los que controlan el proceso y cuentan los votos. Esos resultados son recopilados por una autoridad estatal que los suma, los certifica y los envía al Congreso para el último paso: declarar ganador al candidato que haya conseguido la mayoría. Si no hay mayoría, es la Cámara de Representantes la que designa al presidente.
Trump se ha inmiscuido en cada uno de estos niveles. Hasta estas elecciones hubiera sido impensable que un presidente contactara directamente con un concejal de condado o con un funcionario electoral para hablar de cómo se ha realizado el escrutinio, o que citara en la Casa Blanca a legisladores estatales para que desautorizasen a los votantes. También hubiera resultado extraño que presionara personalmente a la autoridad electoral de un estado para que tomara decisiones en su favor o que montara una campaña de presión destinada a que un gobernador hiciera lo mismo, ambos de su propio partido. Por si fuera poco, Trump invitó públicamente a su vicepresidente, Mike Pence, a cometer una ilegalidad y rechazara los resultados electorales en su calidad de presidente de la sesión conjunta del Congreso que declara al ganador. Tras la negativa de Pence se produjo el asalto al Capitolio.
Con la tecnología moderna, no hay necesidad de que los resultados pasen por tantas manos ni estén sometidas a plazos tan largos. Se podrían simplificar los procesos y establecer unos estándares nacionales para las elecciones federales como los que existen, por ejemplo, para la financiación de campañas electorales. Sin embargo, hay determinados aspectos que requerirían una reforma del artículo II de la Constitución y el largo proceso de enmienda exige un consenso político casi imposible de alcanzar en la actualidad.
Con todo, hace falta actualizar y armonizar el sistema. El diseño constitucional de las elecciones presidenciales se hizo pensando en la realidad de 1787, con trece estados y 2,5 millones de habitantes, pero probablemente no es el más adecuado para el país de 347 millones de hoy. Incluso la ley nacional que dicta que las elecciones sean un martes laborable del mes de noviembre es de 1845 y se redactó pensando en una población rural que necesitaba dos días para desplazarse en carruaje a su centro de votación.
El plazo que marca la Constitución entre las elecciones y la toma de posesión del ganador también es una anomalía. ¿Por qué esperar dos meses y medio? ¿Y por qué una ley de 1877 le da a los estados más de un mes para contar los votos y publicar los resultados? Ningún país que se acerque al poderío económico de EE. UU. maneja plazos tan largos, que solo tenían sentido cuando los resultados y los candidatos necesitaban semanas para atravesar el país. Hoy son factores que desestabilizan el proceso electoral.
Si hasta ahora no ha parecido urgente actualizar esos procesos es porque nadie había parecido aprovecharse de sus lagunas. No era un problema que el candidato perdedor conservase todos los poderes de la presidencia durante meses porque hasta ahora ninguno los había usado para tratar de revertir su derrota. Daba igual que el Congreso tardase dos meses en proclamar los resultados oficiales porque nadie ponía en duda los resultados oficiosos anunciados en la noche electoral. Con Trump, todas esas falsas seguridades han muerto. Mientras que la ley escrita obliga a todos, el peso de la tradición solo alcanza a quien se siente parte de ella.
La propia existencia del Colegio Electoral no resulta muy lógica en pleno siglo XXI. Si los estadounidenses marcan en su papeleta el nombre de su candidato favorito, ¿por qué en realidad están eligiendo a unos electores que en teoría deben votar por ese candidato pero que, en al menos veinte estados, no están legalmente obligados a ello? Los padres fundadores de Estados Unidos no tenían demasiada fe en el buen juicio del votante medio, pero ahora, ¿no sería más fácil contar los votos y dárselos directamente al ganador?
Por otro lado, el Colegio Electoral tiene problemas de representatividad cada vez más evidentes. La distribución de electores provoca que un votante del estado poco poblado de Wyoming tenga cuatro veces más peso que uno de California, el estado más poblado. Ese sesgo favorable a los estados más rurales da ventaja a los republicanos y permite que el ganador no sea el candidato más votado. Esto solo ha pasado en cinco de las casi sesenta elecciones presidenciales, pero dos de ellas han sido en los últimos veinte años y son dos de las tres elecciones que han ganado los republicanos en ese periodo. El caso más evidente es el de Trump, que ganó en 2016 con tres millones de votos menos que su rival. El drama electoral de este 2020 podría servir de acicate actualizar el sistema, pero uno de los dos partidos está claramente favorecido por el procedimiento actual. Más allá de para borrar el bochornoso recuerdo del asalto al Capitolio, el Partido Republicano no tiene motivos para impulsar un cambio estructural.
Cómo aumentar la credibilidad del sistema
Más allá de que el procedimiento electoral ofrezca a una persona como Trump demasiadas oportunidades de presionar para alterar el resultado, el mayor “logro” del presidente ha sido desacreditar el sistema mediante acusaciones de fraude. De su éxito da buena cuenta el hecho de que, a finales de octubre, unos días antes de las elecciones, casi un 70% de los votantes republicanos confiaba en el proceso electoral y, dos meses después, esa cifra se había desplomado hasta el 30%.
Trump ha basado su mensaje en acusaciones falsas sobre el voto por correo y otras facilidades para participar durante la pandemia. El presidente no ha ofrecido pruebas de esas presuntas irregularidades que hayan convencido a los jueces, pero más de la mitad de los votantes republicanos cree que si los tribunales no le han dado la razón es porque le tienen manía. Si en 2016 Trump cifró en unos “tres o cinco millones” las personas que habían votado fraudulentamente y le habían impedido ganar en votos a Hillary Clinton, esta vez dice que fueron trece millones.
Este es un buen caldo de cultivo para que alguien decida que el camino a la victoria pasa por restringir todavía más el derecho al voto en un país con un serio problema de participación electoral. El duelo entre Trump y Biden ha logrado la mayor de los últimos 120 años, un 66,7%. Y aún así ha sido menor que la que tuvo España en sus cuartas elecciones generales en cuatro años, en noviembre de 2019, un 69,9%. No ayuda que las elecciones sean un día laborable ni tampoco que haya que estar registrado previamente para poder votar, pero no parece que ahora mismo los dos grandes partidos tengan fácil llegar a un gran acuerdo para adoptar un estándar nacional.
Los demócratas quieren que el día de las elecciones sea festivo y eliminar la necesidad de registro o permitirlo en la propia jornada electoral. Los republicanos, por su parte, se oponen a lo primero y quieren más controles para votar, incluyendo exigir una identificación oficial con fotografía. Sin embargo, el 11% de los estadounidenses no la tiene: en Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad ni la obligación de tener pasaporte o carné de conducir. Los demócratas también argumentan que no existen casi evidencias de fraude electoral que justifiquen una medida que reduciría el porcentaje de la participación en unos tres o cuatro puntos. Mientras tanto, unos y otros imponen sus normas en los estados que controlan.
La propuesta de reforma más avanzada es la llamada Propuesta del Voto Popular Nacional. Se trata de aprobar en cada estado una ley por la que este entregue sus electores al candidato presidencial que más votos haya sacado en todo el país y no solo en ese estado particular. Ya se ha adoptado en quince estados y el Distrito de Columbia, con lo que actualmente el ganador a nivel nacional ya cuenta con 196 electores asegurados. Si se aprueba en suficientes estados como para llegar a los 270 electores, la mayoría, la persona con más votos se convertirá en presidente sin tener que mirar al mapa. No obstante, todos los estados que la han aprobado hasta ahora son feudos demócratas.
Adoptar soluciones profundas es difícil porque el sistema electoral estadounidense está muy fragmentado y politizado. La administración efectiva de las elecciones presidenciales depende demasiado de cargos políticos electos a nivel estatal y local, y no de entidades independientes nacionales como las del Reino Unido o Canadá. Una solución pasaría por dotar de más poderes a la independiente Comisión Federal de Elecciones y establecer reglas que evitaran polémicas y no dieran lugar a manipulaciones. El último desastre electoral parece una buena oportunidad para hacer cambios, pero tal vez hay demasiados intereses en contra.
