Trump ya ha declarado que las elecciones presidenciales de noviembre serán “las más amañadas de la historia” debido al voto por correo. A causa de la pandemia, muchos estados han facilitado el voto a distancia para minimizar el riesgo de contagios y evitar que los ciudadanos de grupos de riesgo no voten por miedo al virus. En algunos lugares las autoridades han llegado a enviar papeletas a las casas, algo que el presidente considera una “estafa” que será aprovechada por los demócratas y las potencias extranjeras para alterar el resultado.
Es extraño que Trump demonice el voto por correo porque tanto él como su familia, su vicepresidente y buena parte de su Gobierno votan de ese modo. Sin embargo, más allá de su conducta personal, los argumentos que usa se llevan mal con la realidad. En tres estados que han usado el voto por correo universal en las últimas dos elecciones, las autoridades apenas tienen sospechas de fraude en el 0,0025% de los votos emitidos. Y el FBI dice que no sabe nada del intento de potencias extranjeras de aprovecharse del voto por correo, una afirmación que ha disgustado bastante al presidente.
Muchos se han preguntado si detrás de las insistentes declaraciones de Trump sobre el voto por correo hay un intento de deslegitimar las elecciones para no aceptar el resultado y perpetuarse en el poder, o si el presidente está fabricando un relato para salvar su ego si pierde. Tal vez es algo más simple y solo trata de desincentivar el voto por correo porque, según él, “no le va bien a los republicanos”. Eso explicaría que Trump haga una excepción con Florida, un estado clave en las elecciones donde a los conservadores sí les va bien el voto por correo, y ahí sí recomiende usarlo porque “el sistema es seguro”.
En cualquier caso, las declaraciones de Trump entroncan con un discurso ya habitual en el Partido Republicano. Desde hace años los conservadores denuncian la existencia de fraude electoral con un nivel de alarma propio de una emergencia nacional, aunque es un fenómeno casi insignificante. Esa exageración ha servido en los últimos tiempos para justificar iniciativas políticas que hacen más difícil votar a colectivos que mayoritariamente apoyan a los demócratas.
Fraude electoral y borrado de votantes
Trump también amenazó con no aceptar el resultado en las elecciones de 2016. Aunque ganó la presidencia, ha insistido en que si obtuvo tres millones de votos menos que Hillary Clinton fue por culpa de los inmigrantes que votaron de forma irregular. Si de verdad existió esa avalancha de fraude, el Gobierno de Trump ha sido incapaz de perseguirlo: de esos tres millones de supuestos delincuentes, el Departamento de Justicia solo ha procesado a diecinueve en Carolina del Norte, un estado donde votaron más de 4,5 millones de personas.
Nada más llegar al poder, Trump creó una comisión para investigar ese presunto y enorme fraude y la tuvo que desmantelar a los dos años, después de no encontrar rastro de esas irregularidades. Por el contrario, un buen número de estudios académicos certifican que las elecciones en EE. UU. son limpias. Incluso la base de datos del think tank conservador Heritage Foundation, que tiene entre sus objetivos denunciar este tipo de casos, recoge un número minúsculo de fraudes a lo largo de varias décadas. Este organismo solo ha identificado 43 casos de inmigrantes votando ilegalmente en el último medio siglo y tampoco ha hallado muchos problemas relacionados con el voto por correo.
Sin embargo, el argumento de la lucha contra el fraude electoral ha servido para justificar reformas legales que perjudican a algunos grupos de fieles votantes demócratas: jóvenes, afroamericanos e hispanos. En los últimos años muchos estados han empezado a exigir un carné de identidad con foto para poder votar en un país que no tiene implantado un documento nacional de identidad y el 7% de la población carece de cualquier identificación de este tipo. El propio Gobierno federal reconoce que este requisito hace descender la participación hasta un 3%.
La exigencia del carné de identidad no afecta a todos los estadounidenses por igual: solo el 5% de los blancos carece de documentación frente al 13% de afroamericanos y el 10% de hispanos. Entre los más ricos solo el 2% no tiene identificación, en comparación al 12% de los más pobres. Y lo mismo pasa por edades: este requisito impide votar al 15% de los menores de veintiún años, tres veces más que a los mayores de 55. Estos tres grupos demográficos —minorías, pobres y jóvenes— participan menos en las elecciones y votan mayoritariamente demócrata. Por eso muchos ven en esas reformas un intento de los republicanos de expulsar a miles de personas del proceso político y señalan que introducir nuevos requerimientos es innecesario, dadas las bajas cifras de fraude.
El debate sobre los carnés ha sido el más profundo, pero no es la única práctica electoral denunciada como discriminatoria. En la mayoría de los estados las personas condenadas por un delito no pueden votar hasta haber cumplido su condena y haber pagado todas las multas o responsabilidades pendientes, y en al menos once las restricciones pueden durar de por vida. Podría parecer un problema menor, pero unos veinte millones de estadounidenses han sido condenados por un delito a lo largo de su vida, uno de cada tres en el caso de los varones afroamericanos.
Las dificultades del registro previo y las “purgas” de votantes
Más allá de que se endurezcan o no las condiciones para votar en algunos estados, el sistema electoral estadounidense cuenta también con varias barreras a la participación. Una ley de 1845 establece que las elecciones se celebren un martes, un día laborable, lo que obliga a los ciudadanos a organizarse para votar, y no todos pueden ausentarse legalmente del trabajo. Los demócratas han intentado hacer festivo nacional ese día, pero los republicanos lo han rechazado. Se calcula que en las elecciones de 2016 más de 2,5 millones de estadounidenses no votaron, según ellos, porque no tuvieron tiempo.
El día es un problema, pero el mayor obstáculo a la participación es la necesidad de registrarse como votante. En países como España se asigna a cada ciudadano mayor de edad un centro de votación en función de dónde esté empadronado, pero en EE. UU. cada ciudadano debe registrarse previamente para poder votar. Menos de la mitad de los estados permiten registrarse el mismo día de las elecciones, a pesar de que esa medida puede hacer subir la participación hasta un 7%. En las presidenciales de 2016 la participación se quedó en el 56%, mientras que en las últimas elecciones generales en España, las cuartas en cuatro años, celebradas en 2019, la participación superó el 66%.
Si la necesidad de darse de alta es un impedimento para que la gente vote, el modo en que se actualizan esos registros de votantes también ha recibido críticas por discriminatorio. La ley obliga a los estados a tener actualizados esos listados para que no haya muertos, personas que hayan mudado o que hayan perdido su derecho al voto. Sin embargo, varias organizaciones denuncian un exceso de celo que podría haber excluido del proceso electoral a centenares de miles de personas.
En Ohio, por ejemplo, la ley permite borrar del listado a cualquiera que no haya votado en los últimos seis años y que no haya tramitado su permanencia en el registro. Los demócratas denuncian que la medida afecta desproporcionadamente a las minorías étnicas, los más pobres, las personas con discapacidad y los veteranos de guerra. Ohio anunció en 2019 que iba a purgar 235.000 nombres del listado de votantes y una investigación detectó que uno de cada cinco iban a ser borrados por error. A pesar de esto, el Tribunal Supremo ha dictaminado por una mayoría muy estrecha que la práctica es constitucional.
Hay más ejemplos: en Georgia se borra del registro de votantes a los que no ejerzan su derecho en dos elecciones, pero además, según un informe encargado por una organización de derechos civiles, en la última limpieza se dio de baja irregularmente a 200.000 votantes que sí cumplían las condiciones. En Wisconsin el intento de borrado de 230.000 votantes ha provocado una batalla judicial que, con casi total seguridad, no se resolverá antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Estas luchas tienen un marcado componente ideológico. Los demócratas creen que hay que vigilar esas “purgas” porque están sirviendo para quitarle el derecho al voto a muchos ciudadanos. Mientras tanto, grupos conservadores están impulsando nuevas “limpiezas” en los registros electorales de Pensilvania y Carolina del Norte. Ohio, Georgia, Wisconsin, Pensilvania y Carolina del Norte son cinco estados fundamentales para el resultado de las presidenciales y en los que, a un mes de las elecciones, las encuestas están muy empatadas.
Aunque estos borrados masivos han levantado tantas sospechas, se están convirtiendo en una práctica cada vez más habitual. Una decisión del Tribunal Supremo eliminó en 2013 la obligación que tenían las jurisdicciones electorales con un pasado discriminatorio de pedir autorización al Gobierno federal cada vez que querían impulsar un cambio normativo. Esta sentencia ha permitido que esas jurisdicciones eliminen votantes a un ritmo muy superior a las del resto del país. Como consecuencia, según el Brennan Center for Justice se han “borrado” de los registros a dos millones de personas adicionales.
Largas colas y temores de intimidación
En las primarias para las presidenciales de este año en Texas una persona tuvo que hacer siete horas de cola para poder votar. No es solo una anécdota: en 2018 se celebraron las elecciones de mitad de mandato, que atraen menos participación que las presidenciales, y a pesar de ello tres millones de votantes tuvieron que esperar al menos media hora antes de llegar a la urna. No se sabe cuántos vieron la fila y se marcharon sin votar.
Como en tantas otras cosas, el problema de las esperas es mayor para los votantes afroamericanos e hispanos. En los barrios negros la probabilidad de esperar más de treinta minutos para votar sube un 74% respecto a los barrios casi completamente blancos. Aquí también se notan los efectos de la decisión del Tribunal Supremo levantando las prevenciones ante los cambios normativos en jurisdicciones con un historial de discriminación: en los seis años siguientes a la sentencia, los quince estados afectados cerraron casi 1700 centros de votación. En Texas, dos de cada tres cierres fueron en los condados donde más había aumentado la población hispana.
La pandemia está provocando que las esperas se alarguen todavía más en 2020 a causa de las medidas de seguridad y la distancia social. Además existe un problema añadido: será más difícil contratar al millón de trabajadores que normalmente operan los centros electorales, ya que casi el 60% de ellos son mayores de sesenta años y deben evitar lugares cerrados y con mucho tránsito de gente. Varias grandes empresas y estrellas mediáticas como el jugador de la NBA LeBron James están intentando convencer a miles de jóvenes para que se presten voluntarios.
Finalmente, el último problema es la intimidación a los votantes. Las denuncias de fraude electoral de Donald Trump le han llevado a reclamar repetidamente a sus seguidores que ejerzan de observadores electorales en las presidenciales para impedir “el robo” de los demócratas. Muchos activistas se preguntan si esto puede derivar en una operación para intimidar votantes, ya que por primera vez en décadas los republicanos tienen vía libre para utilizar ciertas tácticas. Desde 1982 un fallo judicial les impedía realizar algunas operaciones en los centros de votación después de que un tribunal considerara que habían intimidado a los votantes de barrios predominantemente hispanos y afroamericanos de Nueva Jersey desplegando como “observadores” a policías armados fuera de servicio. Pero ese fallo judicial expiró en 2018.
Una elección difícil
La del 3 de noviembre de 2020 es la elección más difícil de la historia moderna de EE. UU. Por primera vez uno de los principales candidatos, que además es el presidente, dice abiertamente que si pierde podría no reconocer el resultado. Además, las dificultades de votar en pandemia hacen prever un recuento largo y complicado en muchos estados. Las denuncias de Trump han hecho que se preste más atención que nunca al proceso electoral, pero el presidente ha puesto el foco en supuestos problemas de los que hay poca evidencia mientras que los grandes fallos estructurales del sistema electoral estadounidenses siguen sin abordarse.
