Albania cerró provisionalmente el pasado 14 de julio los tres primeros capítulos de negociación en su camino hacia la adhesión a la Unión Europea: ciencia e investigación, educación y cultura, y relaciones exteriores. Este avance fue posible gracias a la aprobación en mayo de los llamados Fundamentals: el Estado de derecho y los derechos fundamentales; el funcionamiento de las instituciones democráticas, la administración pública y la reforma de la justicia; y los criterios económicos. El objetivo declarado de Tirana y Bruselas es cerrar todos los frentes de la negociación para finales de 2027.
Un acuerdo neocolonial
En este contexto, la importancia del acuerdo entre los Gobiernos de Albania e Italia firmado en 2023 y en vigor desde 2024 va mucho más allá de la gestión de las repatriaciones de personas migrantes por cuenta del Estado italiano y, por tanto, de Europa. No es un simple acuerdo bilateral; el protocolo constituye un precedente político y jurídico que anticipa algunos de los argumentos se encuentran en el centro del debate europeo sobre la externalización.
Físicamente, el acuerdo se plasma principalmente en un puerto de desembarco y en un centro de repatriación. El puerto de la ciudad de Shengjin es una zona de desembarco e identificación en desuso debido a esta reconversión, y el centro de contención de la localidad de Gjader se ha convertido en el undécimo Centro de Permanencia para la Repatriación de Italia menos de seis meses después de su apertura. Estos dos lugares representan el primer intento de Europa de trasladar fuera de su territorio el control migratorio, una competencia que hasta ahora había pertenecido al ámbito interno de la Unión.
Con la reciente entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, el controvertido acuerdo bilateral entre los Gobiernos de Giorgia Meloni y Edi Rama, que traslada a territorio albanés parte de los procedimientos de detención y repatriación de migrantes, deja de ser una excepción. En este nuevo contexto, se convierte en un precedente y en un modelo susceptible de ser reproducido.
Albania ocupa una posición incómoda: es un país candidato cuyos capítulos de negociación siguen en discusión y, al mismo tiempo, un laboratorio europeo para externalizar la migración. Esta doble situación genera una paradoja. Por un lado, la UE sigue exigiendo a Albania reformas en materia de Estado de derecho, el fortalecimiento del carácter democrático e independiente de sus instituciones, el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento de los criterios de Copenhague. Por otro, en simultáneo le exige que se “integre” en la arquitectura europea de control migratorio incluso antes de su adhesión a la Unión.
Este cortocircuito quedó expuesto sin querer en mayo. El ministro de Exteriores albanés, Ferit Hoxha, declaró que el protocolo con Italia no sería renovado una vez concluido su periodo de cinco años, no por una decisión política, sino porque para entonces Albania se habría convertido en Estado miembro de la UE. Estas declaraciones fueron rebajadas a una “reflexión sincera en voz alta” tras la reacción pública, pero siguen siendo reveladoras: para el Gobierno de Rama, el modelo que Bruselas propone como un precedente que puede ser reproducido es un acuerdo temporal. Uno destinado a expirar no porque haya quedado superado por sus propios méritos, sino por efecto jurídico de la adhesión a la que aspira el propio Gobierno.
Además de los enormes costes humanos, democráticos, políticos y económicos, la lógica neocolonial del acuerdo resulta evidente: usar un país tercero como extensión o proyección ficticia de las fronteras italianas y europeas. Se trata de crear un espacio doblemente extraterritorial, sustraído a la jurisdicción local y entregado a Italia, que ejerce allí su jurisdicción, borrando la perspectiva local, que ve cómo sus territorios son explotados y transformados en enclaves, sin la participación de las comunidades. Un espacio que asume los costes de las políticas europeas sin disfrutar plenamente de los derechos que debería implicar la pertenencia a Europa.
Política migratoria en Italia, cuestión de Estado en Albania
En Italia, el protocolo ha sido descrito casi exclusivamente en términos de política migratoria: disuasión, control fronterizo, gestión de las repatriaciones. Ha sido definido como el “modelo albanés”, una expresión que refleja la deslocalización de la responsabilidad italiana y europea. El debate público se ha centrado en el número de personas trasladadas, los costes y las resoluciones judiciales que han bloqueado repetidamente los traslados. Se ha prestado mucha menos atención a las voces procedentes de Albania y a la cuestión que la sociedad civil albanesa lleva dos años planteándose: ¿qué significa para un país candidato convertirse en el campo de pruebas de la UE para experimentar con nuevas formas de externalización, en detrimento de la democracia, la soberanía y las poblaciones locales?
En Albania, en cambio, el protocolo adquirió desde el principio una importancia mucho más allá de la política migratoria. Para numerosos activistas, intelectuales, movimientos y organizaciones civiles, representa el símbolo de un modelo de gobernanza basado en la cesión progresiva de soberanía en la toma de decisiones y en la concentración del poder ejecutivo. También en la transformación del territorio en un recurso negociable, disponible para la venta —o incluso para ser cedido gratuitamente— y sometido a intereses políticos y económicos externos.
Activistas del colectivo Mesdhe, entre otros, han interpretado el protocolo como una cuestión relacionada con el sueño europeo de derechos y democracia, ahora hecho añicos. También con la memoria rota de la migración; con la violencia fronteriza —incluido el naufragio en 1997 del Kater i Rades, un barco que chocó con una corbeta italiana, causando la muerte de decenas de migrantes albaneses— y con el chantaje moral explotado políticamente por Edi Rama.
La crítica a los centros de Gjader y Shengjin se ha entrelazado con movilizaciones por otras causas. Estas van desde el autoritarismo o la despoblación —en el último censo, la población albanesa descendió hasta los 2.335.930 habitantes—, hasta las protestas por la explotación de migrantes como mano de obra para el sector turístico y el papel de Estado vasallo que Albania ha asumido en los acuerdos migratorios.
Además del acuerdo con Italia, este marco incluye también los acuerdos promovidos por Estados Unidos. Uno de ellos es para la acogida temporal de ciudadanos afganos en Shëngjin —alojados en varios complejos turísticos—; el otro es el asentamiento en el país de disidentes de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) en el municipio de Manez. Son experiencias distintas, pero comparten el uso del territorio albanés como espacio puesto a disposición de potencias extranjeras.
Es el mismo método que denuncia la reciente “revolución de los flamencos” bajo el lema “Albania no está en venta”. Este movimiento sitúa el acuerdo entre Italia y Albania dentro de una crítica más amplia al modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno de Rama, ahora en su cuarto mandato. Este modelo abarca proyectos de desarrollo turístico a gran escala, privatización de la costa, proyectos inmobiliarios y de construcción, corrupción, captura oligárquica de las instituciones, una capacidad relativamente limitada para garantizar la transparencia, extractivismo y debilitamiento de las herramientas y espacios democráticos. Medioambiente, democracia, migración y soberanía ya no son ámbitos separados: convergen en la denuncia de un sistema que toma las decisiones en el centro y traslada los costes a la periferia.
No es casualidad que en febrero de 2024 el Parlamento albanés aprobara, en la misma sesión, la ratificación del protocolo con Italia y la medida que permitía construir en zonas protegidas. Las dos decisiones difieren en alcance, pero el método es el mismo: actuación rápida, debate público mínimo y exclusión de las comunidades afectadas del proceso de toma de decisiones.
Esta convergencia quedó patente durante la misión de eurodiputados que visitó Albania el pasado 29 de junio. La delegación de Los Verdes/Alianza Libre Europea visitó el centro de Gjader junto con la Mesa de Asilo e Inmigración, una coalición civil italiana, y denunció que no podía acceder plenamente a las instalaciones de detención, consultar la lista de detenidos y garantizar que todos sus colaboradores pudieran entrar en el centro. Organizaciones civiles y algunos eurodiputados italianos llevan meses señalando esta falta de transparencia. Al mismo tiempo, la delegación se reunió con organizaciones medioambientales y representantes de la sociedad civil implicados en las protestas, donde pronunciaron discursos que fueron bien recibidos, se reunieron con el ministro de Medioambiente y visitaron las zonas protegidas afectadas.
Un campo de pruebas para el modelo europeo
Mientras los Estados construyen redes para externalizar las fronteras, la sociedad civil construye redes de seguimiento, investigación, incidencia política y solidaridad transnacional. La Mesa de Asilo e Inmigración en Italia ha estado activa desde el inicio del acuerdo con Albania, contribuyendo a la vigilancia y la documentación, visitando el centro junto con parlamentarios, abogados y miembros de diversas ONG. Su última iniciativa es la campaña #renditiconto, cuyo objetivo es poner de relieve los costes humanos y económicos de este acuerdo.
Más allá de su finalidad, la externalización no es sólo una forma diferente de gestionar la migración. Redefine la relación entre derecho, responsabilidad y territorio, creando espacios en los que el control democrático se vuelve más difícil y las garantías corren el riesgo de debilitarse. Este es probablemente el legado más significativo del experimento iniciado por Meloni y Rama.
Durante los últimos dos años, redes como la Network Against Migration Detention y numerosas organizaciones italianas y albanesas han ido desplazando su atención hacia otra cuestión: no sólo si el modelo albanés funciona, sino qué tipo de proyecto europeo está contribuyendo a construir. Albania se encuentra ahora en el centro de esta transformación: se está convirtiendo en un campo de pruebas para la capacidad de la UE de conciliar la ampliación, el Estado de derecho, la protección medioambiental y los derechos fundamentales. En este sentido, lo que ocurre hoy entre Gjader, Vjosa-Narta y Bruselas concierne mucho más que al futuro de Albania: concierne al futuro del propio proyecto europeo.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Osservattorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) el pasado 6 de agosto de 2026. Lo traducimos y republicamos en el marco del proyecto europeo Media Organisations for Stronger Transnational Journalism (MOST). A su vez, fue producido junto con la Collaborative and Investigative Journalism Initiative (CIJI), un proyecto cofundado por la Comisión Europea. Los contenidos originales son responsabilidad exclusiva de OBCT y no reflejan la visión de la Unión Europea.
