La guerra en Ucrania ha forzado a la Unión Europea a tomar decisiones que antes parecían impensables, como la propuesta de la primera estrategia comunitaria para una industria de la defensa. Asimismo, la amenaza de Vladímir Putin ha revitalizado el proceso de ampliación que, tras más de diez años estancado, ha vuelto a abrir la puerta a nuevos miembros.
Las nuevas candidaturas a la UE de Ucrania, Moldavia o Georgia, aprobadas entre 2022 y 2023, como respuesta directa a la agresión rusa, buscan ampliar y asegurar la zona de influencia europea en su vecindad más próxima, ahora que los tambores de guerra vuelven a resonar en sus fronteras. Es también un giro de la Unión hacia un proceso de ampliación más estratégico, algo que se había evitado anteriormente. La opinión pública europea en los 27 es en la misma línea más favorable a la ampliación ahora que en 2021, un año antes del inicio de la guerra.
Croacia, en 2013, fue el último país en completar la adhesión a la Unión. Desde entonces, poco había cambiado el estatus del resto de los Balcanes Occidentales, si bien en los últimos dos años el proceso de integración europea ha avanzado considerablemente.
El debate de la ampliación se ha reabierto con la aceptación de Ucrania como país candidato, aunque no todas las partes han encajado bien la noticia. Los países de los Balcanes Occidentales, que llevan a las puertas de la UE más de una década, han criticado esta concesión “por la vía rápida” a Ucrania mientras ellos seguían pendientes de avances. A raíz de ello, y con la intención de mantenerlos en la esfera europea, Bruselas ha convertido a todos los países de los Balcanes excepto Kosovo en candidatos oficiales a la adhesión.
Así, actualmente, la UE cuenta con nueve candidatos oficiales, de los cuales siete han comenzado ya las negociaciones de adhesión. Turquía, candidato desde 1999, se encuentra en un punto muerto desde que en 2018 se suspendieran las negociaciones cautelarmente por el retroceso del país en materia democrática y de respeto a los derechos fundamentales. Georgia ha seguido el mismo camino, con su proceso paralizado apenas un año después de que comenzara. El más avanzado en el proceso, por el momento, es Montenegro.
De los candidatos que ya han comenzado las negociaciones, cuatro (Macedonia del Norte, Albania, Moldavia y Ucrania) lo han hecho a partir de 2022, el avance más notable de la última década. Los últimos en comenzar oficialmente las negociaciones han sido Ucrania y Moldavia, en junio de 2024. En cuanto a Bosnia y Herzegovina, la UE aprobó en marzo de 2024 el comienzo de las negociaciones, tras un año de intensas reformas desde que en 2022 se le otorgara el estatus de candidato, si bien no hay aún una fecha oficial para ello. Aún así, y por mucho que la voluntad política haya sido la que ha impulsado los procesos de adhesión tras la invasión rusa, parece difícil que estos puedan completarse pronto.
La adhesión europea es un camino largo y complejo. Además de cumplir el requisito básico de ser un país europeo, los criterios de Copenhague, una serie de condiciones esenciales (políticas, económicas y administrativas) para convertirse en Estado miembro, marcan la aceptación de un país como candidato.
Más importante en la práctica que el estatus de candidato es haber comenzado el proceso de negociación. La negociación incluye reformas en 35 áreas, en forma de capítulos que se deben abrir y cerrar una vez se han completado. Para abrir negociaciones, el Consejo Europeo debe aprobarlo por unanimidad. Una vez cerrados todos los capítulos, el país estará listo para incorporarse a la Unión, mediante un tratado de adhesión que debe ser aprobado de nuevo por todos los Estados miembros.
El tema de la unanimidad, que muchos piden reconsiderar, ha sido el causante de que procesos de ampliación como el de Macedonia del Norte se estancaran por años. En su caso, Grecia hasta 2020 y Bulgaria hasta 2022 vetaron el inicio de las negociaciones. Si bien en teoría los vetos deben responder a temas relacionados con los criterios de adhesión, lo cierto es que los intereses nacionales han predominado sobre otras cuestiones.
Por otra parte, la Comisión ha mantenido un postura ambigua en función del país candidato: fue inflexible con Turquía, a la que se le cerró las puertas a la incorporación, mientras que ha sido mucho más laxa con Ucrania, que está lejos de ser un país que alcance los estándares democráticos comunitarios. Menos aún ahora que está en guerra y que ha pospuesto las elecciones, en un contexto donde ni la integridad territorial ni las instituciones están aseguradas. Sin embargo, los intereses políticos y el deseo de lanzar un mensaje contundente contra Rusia y en apoyo a Ucrania han pesado mucho más que los criterios clásicos de adhesión.
En cuanto a la meta temporal de la ampliación, Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo durante la última legislatura, ha insistido en establecer el año 2030 como fecha límite, aunque se trata de un objetivo irreal. Una UE de 35 miembros y más de 500 millones de personas es aún impensable, pues la arquitectura comunitaria está lejos de estar lista para recibir a tantos nuevos miembros a la vez. Además de los cambios estructurales que se necesitarán, a la mayoría de los candidatos les faltan muchos criterios por cumplir, deficiencias que no pueden pasarse por alto si la Unión Europea no quiere perder credibilidad en el proceso.
