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Una hambruna es la falta absoluta de acceso a alimentos de toda una población o grupo de población que puede causar muertes a corto plazo. Es la definición que usa la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), una herramienta elaborada por diecinueve organizaciones públicas y privadas —entre ellas varias de la ONU— que clasifica la gravedad de las crisis alimentarias en todo el mundo.
Según la IPC, una hambruna es una clasificación científica basada en estándares, evidencias y criterios técnicos, no un término “retórico ni emocional”. El objetivo de la herramienta no es alertar a posteriori de una situación de inseguridad alimentaria extrema, sino identificar sus primeras etapas para apoyar la toma de decisiones en tiempo real. En el caso de la hambruna, suele traducirse en situaciones evidentes de hambre, muerte e indigencia.
Cuándo se produce una hambruna
La IPC contempla cinco fases de inseguridad alimentaria: ninguna o mínima, acentuada, crisis, emergencia y catástrofe o hambruna. Esta escala es clave para los encargados de decidir sobre la asignación de recursos y el programa de la lucha contra el hambre, especialmente en los países que afrontan estos problemas de forma recurrente.
Hay tres requisitos para que se dé la fase más extrema. El primero, que al menos el 20% de los hogares experimenten una carencia de alimentos máxima; el segundo, que el 30% de los niños sufran desnutrición aguda. El tercero es que se produzcan dos muertes de adultos o cuatro de niños diarias por cada 10.000 habitantes por inanición o una combinación de desnutrición y enfermedad. Las causas comunes de esas dinámicas son los conflictos armados, las crisis económicas, peligros naturales como sequías, inundaciones y ciclones —así como enfermedades y plagas de cultivos— y respuestas humanitarias insuficientes.
A lo largo de la historia se han registrado diferentes hambrunas, como la de Irlanda a mediados del siglo XIX o la de la Unión Soviética en los años treinta. No obstante, la IPC sólo ha detectado dos desde su fundación en 2004. La primera fue en Somalia en 2011, con 49.000 afectados a causa de la guerra civil y la sequía. La otra fue en Sudán del Sur en 2017, con 80.000 personas perjudicadas debido a los enfrentamientos internos, el maltrecho estado de la economía y el elevado precio de los alimentos.
Una nueva crisis en Gaza
Ocho años después, el mundo asiste a una hambruna mucho mayor: la están sufriendo más de medio millón de personas en la Franja de Gaza, un cuarto de la población. Es la conclusión del último informe de la IPC, publicado este 22 de agosto, que sigue de cerca la degradación de la seguridad alimentaria en el enclave palestino. El bloqueo y el asedio impuesto por el Ejército israelí ha cercenado el suministro de comida a la población gazatí. Como resultado, la IPC ha determinado que está ocurriendo una hambruna en la Gobernación de Gaza y que se extenderá a las de Deir el Balah y Jan Yunis de aquí a septiembre.
Pese a ello, la IPC no se encarga de declarar una hambruna en ningún territorio, sino que se limita a informar que ya se cumplen las condiciones para hacerlo. Esa decisión corresponde a Gobiernos nacionales, ONG, la ONU o agencias técnicas como la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna, que lo hizo en Somalia en 2011. En el caso de Gaza, la ONU ya ha declarado la hambruna a través del secretario general, António Guterres. Por su parte, los responsables de varias dependencias de la organización responsabilizan a Israel, mientras que el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, sostiene que es un crimen de guerra.
La constatación de la hambruna en Gaza podría reforzar las acusaciones internacionales contra Israel de cometer crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Sin embargo, no necesariamente afectará el curso del conflicto entre Israel y Hamás o al asedio israelí del enclave. De hecho, la publicación del informe de la IPC llega en plenos preparativos de las fuerzas israelíes para una ocupación militar de la capital gazatí.
