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El Parlamento de Georgia aprobó ayer una ley “sobre la transparencia de la actividad de agentes extranjeros” pese a las protestas masivas en contra. Esta ley obligará a medios de comunicación y organizaciones que reciban el 20% o más de sus fondos del extranjero a registrarse como “agentes de influencia extranjera”. Al hacerlo, el Ministerio de Justicia podrá exigirles la información que considere necesaria. La oposición la llama “ley rusa” porque se inspira en otra que el Kremlin usa desde 2012 para reprimir a la disidencia. Por tanto, es un nuevo paso del Gobierno del partido prorruso Sueño Georgiano en su deriva autoritaria y en su distanciamiento de la Unión Europea.
Bajo la órbita rusa
Georgia tiene una larga relación con Rusia. La Rusia soviética se la anexionó en 1921 y desde el año siguiente pasó formar parte de la URSS. Con la crisis del comunismo, en los años ochenta surgió un movimiento nacionalista georgiano y aumentaron las protestas contra las políticas de rusificación. Georgia se independizó tras la disolución soviética en 1991, pero las regiones de —Abjasia, Osetia del Sur y Ayaria— entraron en conflicto con el Gobierno de Tiflis debido a sus pretensiones secesionistas.
Rusia ayudó económica y militarmente a estas regiones en su lucha por la secesión, en especial desde 2004 con el acercamiento del nuevo Gobierno georgiano a la OTAN y Estados Unidos. Tras cuatro años de tensiones secesionistas, en 2008 se produjo la guerra ruso-georgiana. El Gobierno georgiano intentó recuperar el control de Osetia del Sur, de facto en manos de Rusia, y Moscú intervino en ayuda de los rebeldes. En cinco días expulsó a los militares georgianos y consolidó su poder en Abjasia y Osetia del Sur.
Con ese trasfondo, Sueño Georgiano ganó las elecciones de 2012 posicionándose como garante de la paz con Rusia. Se nombró primer ministro al fundador del partido, Bidzina Ivanishvili, un multimillonario que había hecho su riqueza en Rusia. Más de una década después, la formación sigue en el Gobierno y ha adoptado una postura ambigua con sus aliados occidentales. Pese a haber presentado su solicitud de adhesión a la Unión Europea en 2022, ese año también comenzó su deriva autoritaria y su acercamiento a Rusia, por la posible influencia de Ivanishvili en el partido, y sus intereses alineados con Moscú. La nueva ley sobre agentes extranjeros bajo el primer ministro Irakli Kobajidze es sólo el último ejemplo.
Protestas en Georgia: la “ley rusa” aleja al país de la UE
Sueño Georgiano ya intentó introducir la ley de agentes extranjeros en 2023, pero las protestas forzaron al Parlamento a abandonar el proyecto. Este año, sin embargo, el Gobierno ha ido a más y ha conseguido sacarlo adelante pese a semanas de manifestaciones. De cara a la aprobación de la ley, el sábado 11 de mayo se manifestaron unas 50.000 personas en Tiflis. El lunes el Parlamento aprobó la última lectura del proyecto tras haber prohibido entrar a la oposición, y al día siguiente salió adelante mientras las protestas continuaban al frente.
Esta vez las protestas fueron reprimidas con más violencia: el fuerte operativo de la policía georgiana dispersó las protestas afuera del Parlamento con arrestos, gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma. Activistas, periodistas y críticos del Gobierno también han denunciado amenazas e intimidación en sus hogares y por teléfono, e incluso han sido atacados en la calle por agresores vestidos de negro.
No obstante, la población georgiana no está de acuerdo con el acercamiento a Rusia que confirma la aprobación de la ley de agentes extranjeros. En torno al 80% de la población apoya la integración en la Unión Europea, y las banderas de la Unión —y de Ucrania, con quien se sienten identificados— han protagonizado las protestas. Bruselas le otorgó a Georgia el estatus de candidato en diciembre de 2023, pero el pasado abril avisó de que la aprobación de esta ley pondría en peligro la integración. Finalmente, el pasado 9 de julio congeló la adhesión del país debido a ese reciente giro represivo, incluida la entrega de una ayuda militar de treinta millones de euros.
