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Detrás de la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a señalar a Marruecos por el cruce de unas 80.000 personas a Ceuta el 30 y 31 de julio pesan cuestiones estructurales. Primero, el conocido “colchón de intereses”, la política exterior de tejer una red de intereses económicos, de seguridad y migratorios compartidos que sostengan la relación con Rabat.
En ese marco hay un historial de acercamientos de Gobiernos socialistas con Marruecos. Rabat ha sido un socio clave para España durante décadas, pero, con el PP, José María Aznar apoyó el censo para el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental y enfrentó la ocupación marroquí de la isla de Perejil, y Mariano Rajoy optó por una relación pragmática.
En cambio, los principales acercamientos entre España y Marruecos se han dado con el PSOE gobernando: el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad con Felipe González en 1991, el fortalecimiento de la relación con José Luis Rodríguez Zapatero y el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental con Pedro Sánchez en el Ejecutivo en 2022.
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