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La soberanía es el derecho y ejercicio de la autoridad suprema en un territorio determinado. El uso más extendido del término es en referencia a la soberanía estatal, entendida desde el derecho internacional como el derecho exclusivo del Estado de ejercer el poder dentro de los límites de su jurisdicción. De esa forma, la soberanía de iure se refiere a su derecho, y la soberanía de facto a la capacidad de ejercerlo.
La soberanía es uno de los elementos definitorios del propio Estado, que la ejerce a través de sus órganos. Además, es independiente de la forma de gobierno: unipersonal o pluripersonal, democrática o autoritaria, presidencial o parlamentaria, republicana o monárquica… Así, el órgano o los órganos que representan al Estado pueden ejercer el poder dentro de las fronteras nacionales, tanto terrestres como marítimas y aéreas.
El concepto de “soberanía estatal” surgió con la Paz de Westfalia de 1648. Este acuerdo puso fin a la guerra de los Treinta Años en Europa y sentó las bases para un nuevo orden internacional basado en la soberanía estatal, la independencia e igualdad de los Estados, la integridad territorial y el equilibrio de poder. No obstante, la soberanía la poseían y ejercían los respectivos monarcas absolutos. En los siglos XVIII y XIX, con la Revolución francesa y la expansión del liberalismo, se desarrollaron los conceptos de “soberanía nacional” y “soberanía popular” para ampliar ese derecho. De la Paz de Westfalia derivan los principios de no intervención e igualdad soberana, recogidos en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.
Tierra, mar, aire y espacio
Los Estados ejercen la soberanía en su territorio, cuyas fronteras se han establecido a lo largo de los siglos. Estas se han consolidado tanto de forma pacífica, mediante tratados y reconocimientos, como de guerras independentistas o interestatales. Sin embargo, las fronteras estatales también se extienden al mar, el aire e incluso el espacio. La soberanía marítima de los Estados está regulada por el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Según la Convención, el espacio marítimo se divide en las aguas interiores, aguas territoriales, zona contigua y zona económica exclusiva, bajo soberanía de los Estados, y las aguas internacionales. Aún existen disputas territoriales terrestres y marítimas en los cinco continentes.
La soberanía estatal también se extiende al espacio aéreo sobre su territorio terrestre y hasta las fronteras de las aguas territoriales. En el espacio aéreo nacional se aplica la legislación del Estado, mientras que el resto es espacio aéreo internacional. El acuerdo principal que regula el espacio aéreo es el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, por el cual se creó la Organización de Aviación Civil Internacional. Sin embargo, existen dudas sobre a qué altura termina la soberanía estatal. Según el derecho internacional, llega hasta las últimas capas de la atmósfera, mientras que el espacio exterior está abierto a toda la comunidad internacional. El problema es que es difícil establecer con exactitud dónde termina la atmósfera.
Los límites de la soberanía estatal
También hay territorios donde la soberanía está dividida o no existe. Esto se ha debido a conflictos o a que no han sido ocupados por ningún país ni reconocido por los demás. Es el caso de los Polos: mientras que la soberanía del Ártico se divide en los países colindantes, la Antártida es un bien común para la investigación internacional, regulado por el Tratado Antártico de 1959. Sin embargo, en ambos territorios existen disputas que han aumentado por las nuevas rutas marítimas navegables y las reservas de agua dulce, combustibles y recursos estratégicos que han aparecido con el deshielo de los Polos.
Asimismo, el auge del derecho internacional ha limitado la soberanía estatal con la creación y desarrollo de organizaciones y tratados internacionales. Cuando los Estados firman tratados jurídicamente vinculantes, ceden competencias a sus organismos, tribunales o mecanismos de control. Además, han surgido principios que chocan con la soberanía estatal. Un ejemplo es la responsabilidad de proteger: la obligación de los Estados de garantizar la protección humanitaria internacional. Si un Estado incumple esta obligación en su territorio, el Consejo de Seguridad de la ONU puede autorizar una intervención para garantizarla, pues el respeto a los derechos humanos también es competencia de la comunidad internacional.
