El espacio es el lugar más extenso menos regulado del mundo. La comunidad internacional solo ha conseguido acordar un tratado al respecto, el Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967, dos años antes de la llegada del hombre a la Luna y diez años después de que la Unión Soviética lanzara el primer satélite al espacio. Este tratado prohíbe que los países se apropien de cuerpos celestes, como asteroides y planetas.
Ahora, en plena carrera por el llamado New Space —la explotación comercial del espacio—, empresas como la estadounidense Shackleton Energy Company pretenden dominar el sector de la minería espacial. Otras como la también estadounidense SpaceX o la europea OneWeb, parte de Airbus, empiezan a llenar las órbitas bajas de la Tierra con satélites para dar cobertura de internet al mundo entero. Y la colonización de Marte suena distante, pero ya no imposible. A esta carrera por explotar los recursos espaciales también se han sumado países como China, que consiguió traer a la Tierra muestras de la Luna en diciembre de 2020; las últimas las había traído la URSS en 1976.
Ante estos avances, quizá la definición de “apropiación” del Tratado de 1967 se haya quedado obsoleta. Con empresas privadas entrando en un sector que antes solo era del ámbito público, el debate sobre qué significa poseer el espacio vuelve a estar en boga. Aunque ya hay un precedente curioso: en los años setenta, los países del ecuador plantearon una forma de declarar su soberanía del espacio sin violar el tratado: el texto prohíbe adueñarse de cuerpos celestes, pero no de las órbitas terrestres.
La Declaración de Bogotá, declararse soberanos de la órbita
En 1976 ocho países ecuatoriales, incluidos Kenia, Indonesia o Colombia, se reunieron en la capital de ese último, Bogotá, para decidir cómo sacar provecho de las aplicaciones espaciales y analizar sus limitaciones. Apenas un año antes, en 1975, Estados Unidos y la Unión Soviética habían mandado la primera misión conjunta al espacio, dando así por terminada una competición espacial de casi veinte años que había mostrado las enormes oportunidades científicas, militares o económicas que ofrecía. Los países reunidos en la capital colombiana llegaron a una conclusión que plasmaron en la Declaración de Bogotá: la órbita geoestacionaria, situada sobre la franja ecuatorial, es un recurso natural limitado y ellos, los países del ecuador, son sus soberanos.
Una órbita es un “camino”, un recorrido que se repite alrededor de un cuerpo celeste como la Tierra, y que es capaz de atrapar y arrastrar a un objeto por inercia y por la fuerza de la gravedad de ese cuerpo celeste. Esa recurrencia y estabilidad permite colocar en las órbitas a los satélites artificiales y otras piezas de tecnología espacial, como la Estación Espacial Internacional.
La órbita geoestacionaria (GEO) está situada justo encima de la línea del ecuador y gira en el mismo sentido que la Tierra. Dado que esta órbita no tiene inclinación, un objeto orbitando en ella tardará veinticuatro horas en dar una vuelta al planeta, provocando que visto desde la Tierra ese objeto parezca estar fijo en el cielo. Bastarían tres satélites en GEO para observar toda la Tierra. Satélites como el BeiDou-1, el GPS chino, están en esta órbita, que también es la favorita para los satélites meteorológicos.
Los países ecuatoriales se dieron cuenta que su posición justo debajo de la órbita GEO les perjudicaba. Si otros países tenían acceso a esta órbita podrían observar lo que sucedía en sus territorios y ellos no tendrían ni la capacidad ni el derecho de quejarse. Además, debido a sus limitaciones tecnológicas y económicas, no podían competir con potencias como Estados Unidos o la URSS, que tenían la tecnología espacial más avanzada.
Para solucionar esta desventaja, los países reunidos en Bogotá reclamaron la soberanía de la órbita GEO, que veían como una continuación natural de sus aguas territoriales y el espacio aéreo soberano. Reconocer su soberanía sobre la órbita obligaría al resto de países a pedir permiso para colocar en ella sus satélites y otros objetos espaciales. Los países ecuatoriales podrían incluso pedir tasas para acceder a ese recurso, que contribuiría así a su prosperidad económica.
Sin embargo, la Declaración de Bogotá no tuvo éxito. Como era de esperar, ni la ONU ni, por supuesto, Estados Unidos o la URSS hicieron caso de la petición de Brasil, Colombia, Congo, Ecuador, Indonesia, Kenia, Uganda y Zaire, la actual República Democrática del Congo. Aunque el texto sí sentó un importante precedente, abriendo la puerta a reinterpretar lo que se considera “apropiación del espacio” según el Tratado de 1967. Bogotá demostró que existen huecos en ese pacto, y solo es cuestión de tiempo que alguien sepa navegar bien entre ellos para adueñarse de algo en el espacio exterior.
Soberanía nacional y NewSpace
A mediados de diciembre de 2020, la sonda china Chang’e 5 consiguió traer de vuelta a la Tierra dos kilos de muestras lunares. Ha pasado casi medio siglo desde la última vez que la Unión Soviética o Estados Unidos hicieron lo mismo, pero la diferencia es que ahora la minería espacial podría ser un negocio rentable. Sin ir más lejos, en septiembre de 2020 la NASA lanzó un concurso público para encontrar una empresa a la que comprar minerales espaciales.
Pocos meses antes, entre el 24 y el 30 de mayo de 2020, SpaceX, una de las empresas del excéntrico empresario sudafricano Elon Musk, alcanzó el valor máximo del índice de popularidad en las búsquedas de Google. Coincidía justo con el primer lanzamiento conjunto de su compañía con la NASA, que llevó dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Era la primera vez que una empresa privada transportaba a seres humanos al espacio, una gran noticia para los que sueñan con unas vacaciones espaciales. SpaceX también tenía ya en octubre de 2020 ochocientos satélites en órbita y pretende dar cobertura de internet a todo el planeta con su constelación de satélites Starlink.
El turismo espacial, la minería de cuerpos celestes y los satélites de SpaceX tienen algo en común: crecientes oportunidades comerciales. El auge de este sector abre el debate sobre la propiedad privada en el espacio y la sobrerrepresentación nacional en algunos lugares menos dados a la apropiación, como las órbitas, aspectos para los que el derecho internacional del espacio no está preparado.
El Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967, que prohíbe a los países declarar su soberanía sobre cuerpos celestes, pretendía evitar que la URSS o Estados Unidos utilizaran el espacio con fines militares. No dice nada sobre usos económicos ni menciona a otros actores más allá de los países. Unos años más tarde se intentó acordar el único tratado hasta la fecha que pretendía regular la actividad económica espacial, el Tratado de la Luna de 1979, que declaraba los recursos naturales espaciales patrimonio común de la humanidad. Pero este texto nunca salió adelante: solo lo firmaron catorce países, ninguno relevante en la carrera espacial.
Esta falta de regulación permite que un individuo, una empresa o incluso una organización internacional puedan adueñarse de partes del espacio, siempre que lo hagan en su nombre y no en el de un país. Es decir, nada prohíbe a Hilton abrir un hotel en la Luna o a Elon Musk construirse una casa en Marte, si fuera posible y quisieran, claro. Técnicamente, el terreno sobre el que construyeran sería suyo, a pesar de que son una empresa estadounidense y un empresario sudafricano, pues oficialmente actúan en su nombre y no en el de sus países.
Pero la propiedad privada en el espacio, que ya es posible, podría servir a los países para adueñarse de parcelas del espacio. Si un Estado reconociese la propiedad de una empresa privada de su país en un cuerpo celeste podría también querer protegerla en caso de disputa con otro actor privado, que a su vez también podría estar respaldado por un Estado. Ello llevaría a un nuevo tipo de soberanía y disputas en el espacio a través de intermediarios, o proxies, como ya sucede en la Tierra, donde a menudo los países no se enfrentan directamente sino a través de milicias o fuerzas de terceros países. Reconocer la propiedad privada de una empresa o individuo de otro país tendría el mismo efecto: asumir que algo no es propiedad de la humanidad entera, como dice el Tratado de 1967, sino de un particular.
Tareas pendientes para el siglo veintidós
Cuando el británico Arthur C. Clark escribía ciencia ficción sobre colonias en Marte en 1951 seguro que no pensaba en que empresas como Google o McDonald’s pudieran ser las dueñas. Más bien países o confederaciones. Pero hecha la ley, hecha la trampa y la realidad de 1967 era muy distinta a la de ahora: la explotación económica del espacio parecía ciencia ficción y el turismo espacial era un sueño. Sin embargo, hitos recientes, como la confirmación de la NASA de que hay agua congelada en la Luna en octubre de 2020, apuntan a que es posible una revolución industrial espacial.
Además, en las últimas décadas otros países se han incorporado a la exploración espacial, como India, Francia o República Checa. Y aunque China sea un ejemplo paradigmático de desarrollo tecnológico en este sector, pasando de la irrelevancia en los años sesenta a su protagonismo actual, muchos otros vendrán detrás. Por si fuera poco, un satélite en órbita es cada vez más barato gracias a la iniciativa privada y a las mejoras tecnológicas, como que se puedan reutilizar algunas lanzaderas.
El Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 es la pieza fundamental del derecho espacial, pero se ha quedado anticuado. Para responder a ese vacío, Estados Unidos lanzó en 2020 los Acuerdos de Artemisa, que pretenden fomentar el comportamiento responsable de los Estados en el espacio y reconocer la capacidad de los actores privados de beneficiarse de las nuevas oportunidades económicas. Aunque Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Japón, Luxemburgo y el Reino Unido ya han firmado no parece que los otros grandes actores espaciales, China, India o Rusia, vayan a hacerlo.
Sin un nuevo acuerdo internacional, la privatización del espacio es una realidad difícil de parar. Con cada vez más países involucrados, y ahora que las empresas privadas también han entrado en la carrera, el espacio continuará siendo el lugar más extenso menos regulado. Los avances tecnológicos y las oportunidades comerciales redefinirán el reparto de soberanía espacial, con el potencial de generar conflictos que podrían trasladarse a la Tierra.
