Las reclamaciones sobre el mapa de la Antártida

Cuando el noruego Roald Amundsen llegó a la Antártida y alcanzó por primera vez el polo sur en 1911, probablemente no pensó en el engranaje legal y geopolítico que se organizaría en torno a su descubrimiento. Desde ese momento, diversos países comenzaron a reclamar porciones del mapa de la Antártida, a menudo no por razones de necesidad práctica, sino más bien por prestigio y cuestiones estratégicas.

La Antártida, cuyo nombre proviene del griego antártikos, que significa «lo opuesto al Ártico», es el cuarto continente más grande del planeta, superando en superficie a Europa y Oceanía. Sin embargo, el 98% de su superficie está cubierta de hielo y resulta inhabitable. La población humana se concentra en estaciones y bases científicas en la costa, especialmente en la más templada península antártica, en el extremo norte del continente, y en un puñado de bases sobre el casquete de hielo.

A mediados del siglo XIX, exploradores como James Clark Ross realizaron importantes incursiones en la región antártica. En su expedición, Ross izó la bandera del Reino Unido en la zona en representación de la reina Victoria, lo que marcó el inicio de la presencia británica sobre el mapa de la Antártida. Este acto simbólico sentó las bases de futuras demandas sobre la soberanía del territorio.

Así, en 1904. Argentina fue el primer país en hacer una reclamación sobre la Antártida, proponiendo un vasto territorio que resultaba de proyectar sus fronteras desde Tierra del Fuego, las Islas Malvinas y las islas Georgias y Sándwich del Sur. Sin embargo, parte de estas islas estaban bajo control efectivo del Reino Unido, que en 1908 presentó su propia reclamación, superponiéndose a la argentina.

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La reclamación argentina obviaba por su parte los territorios chilenos al sur de Tierra de Fuego. Así, cuando Chile hizo su propia reclamación en 1940, se superpuso también a la argentina y a la británica. Este triple solapamiento llevó a conflictos, como el incidente de la bahía Esperanza, y a una carrera natalicia que supuso el nacimiento de bebés de familias argentinas y chilenas en suelo helado, para así fortalecer sus reclamaciones. 

En 1923, el Reino Unido formalizó su reclamación sobre grandes porciones del continente, estableciendo la administración de ese área bajo el gobierno de Nueva Zelanda. Lo significativo de esta reclamación fue que, a pesar de que Nueva Zelanda obtuvo su independencia del Reino Unido en 1947, la reclamación británica se mantuvo activa a través de su vínculo con su antigua colonia, reflejando el interés estratégico y geopolítico del Imperio británico en asegurar el control de la región.

El mapa de las reclamaciones de Argentina

La reclamación australiana tiene la misma historia que la neozelandesa, pero se realizó diez años más tarde, en 1933, y en mitad de ella quedaba la antigua reclamación francesa de la Tierra de Adelia, cuya costa fue descubierta por el científico y navegante Dumont D’Urville en 1840. En 1938, se llegó a un acuerdo para delimitar la frontera entre el territorio australiano y el francés.

Mientras tanto, Noruega, a través de las exploraciones de Roald Amundsen a comienzos del siglo XX, también reclamó su porción del nuevo continente. La tierra de Marie Byrd, una inmensa porción sobre el mapa de la Antártida, quedó sin reclamaciones, convirtiéndose en el mayor terra nullius del mundo.

Para poner fin a la creciente carrera territorial y evitar un posible conflicto bélico, en 1959 se firmó el Tratado Antártico. Este acuerdo internacional estipulaba que la Antártida debería ser utilizada exclusivamente para fines científicos, excluyendo cualquier tipo de actividad militar o de pruebas nucleares. Además, se prohibió la expansión o la creación de nuevas reclamaciones territoriales, así como cualquier acción que pudiera fundamentar o negar las reclamaciones existentes. En este sentido, el Tratado Antártico no eliminó las reclamaciones previas, sino que las «congeló» en el estado en que se encontraban al momento de la firma del acuerdo.

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El Tratado Antártico, por lo tanto, ha sido crucial para mantener la paz y la cooperación en la región más pacífica del mundo, que cuenta con un sistema de gobernanza único de colaboración entre naciones a través de mecanismos como la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) y el Comité para la Protección del Medio Ambiente. Estas instituciones se encargan de gestionar la investigación científica, así como la conservación del entorno, garantizando que cualquier actividad humana se realice de forma sostenible y respetuosa con el ecosistema.