Israel no es sólo un Estado. Tampoco es sólo un Estado en guerra permanente que ocupa Cisjordania y comete un genocidio en la Franja de Gaza. Es, además, un modelo político-tecnológico para la ultraderecha internacional: Israel es una referencia de cómo blindar las fronteras, de un régimen de opresión continuo, de transformar la seguridad y el territorio en una arquitectura de poder, y de normalizar la violación de los derechos humanos y del derecho inteernacional. Lo miran con interés líderes como Narendra Modi, Víktor Orbán o Donald Trump; lo imita Frontex en Europa; lo estudian empresas tecnológicas como una fuente de datos, productos y narrativas, y lo admiran en partidos o grupos de ultraderecha.
Dicho de otra manera, Israel es una distopía viable, normalizada y vendible. Distopía no por fantasiosa, sino por lo contrario: porque funciona, encaja con los intereses de élites políticas y económicas, y se despliega envuelta en un discurso de eficacia que desactiva el escrutinio moral. Este argumento articula la idea de Israel como un gran laboratorio: los territorios palestinos ocupados, y su población, como banco de pruebas donde diseña, testea y legitima tecnologías y doctrinas de control que luego exporta al mundo.
Ese laboratorio produce tres efectos convergentes: primero, un imaginario político en el que la homogeneidad étnica y el autoritarismo del Estado son virtudes supremas; segundo, una industria tecnológica orientada a la hipervigilancia, al control de la movilidad y al asesinato en masa; tercero, una racionalidad que ofrece salidas autoritarias ante la crisis climática. La exportación de ese paquete explica la fascinación de la ultraderecha global, pero también la pasividad de tantas democracias ante lo que ocurre sobre el terreno: el modelo les resulta útil y rentable.
El atractivo del etnonacionalismo: el sueño de la ultraderecha es Israel
El Estado de Israel se ha levantado sobre una lógica colonialista y etnonacionalista: una comunidad preferente, la judía, en un territorio arrebatado a otra población, la palestina. Desde 1948, y más intensamente tras la guerra de los Seis Días en 1967, la política de asentamientos en territorios palestinos, anexiones de facto y regímenes legales diferenciados para judíos y árabes ha configurado un mapa donde no existe la igualdad ante la ley y prima la jerarquía etnica definida por la élite israelí. La arquitectura constitucional, articulada en leyes fundamentales, enmarca y refuerza esta dinámica. Por ejemplo, la Ley del Estado-nación de 2018 establece que sólo el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación en Israel y el hebreo como único idioma oficial, y ratifica los símbolos nacionales vinculados al judaísmo.
Este diseño confronta a Israel con su trilema célebre: no puede ser un Estado judío, una democracia y conrolar toda Palestina. Pero el proyecto etnonacionalista ya ha resuelto este trilema hace tiempo: pese a su relato como “única democracia en Oriente Próximo”, a Israel le sobra la democracia. Su proyecto es el de la ultraderecha occidental: un Estado autoritario para una sola etnia. Así lo demuestran las ciudadanías estratificadas en Israel o los distintos regímenes jurídicos y las restricciones de movimiento y represión en Cisjordania. La población palestina vive bajo un entramado de permisos, checkpoints, zonas militares y procedimientos que los despojan de la libertad de movimiento. Asimismo, la minoría árabe en Israel ha experimentado distintos grados de discriminación institucional. Hay un núcleo duro: la “democracia”, limitada a las elecciones, se subordina a un principio etnocrático.
Este núcleo fascina a la ultraderecha. La paradoja es conocida, pero no por ello menos significativa: partidos de ultraderecha europea, tradicionalmente antisemita, como el Agrupación Nacional en Francia, Vox en España o Alternativa para Alemania, ahora expresan simpatía por Israel no por filosemitismo, sino por su capacidad de control étnico y territorial. La alt-right trumpista también combina teorías de la conspiración antisemitas con la defensa del sionismo en clave geopolítica. Se admira la “firmeza” ante un enemigo construido como eterno, la “claridad” del relato civilizacional, la “determinación” para anteponer la seguridad y salvaguarda de una etnia a cualquier otro valor. Aunque esta paradoja no es tal; la ultraderecha sigue siendo antisemita y el proyecto de Israel cuadra en sus marcos: los judios no deben de estar en Europa o en Estados Unidos, sino en su propio país o proyecto político que representa el sionismo.
Ya hay varios espejos. En la India de Modi, el nacionalismo hindú ha propiciado leyes de ciudadanía y registros poblacionales que dejan a las minorías musulmanas en una precariedad cívica calculada. Esa redefinición del Estado se alinea con el etnonacionalismo de Israel: un “pueblo elegido” mayoritario rodeado de “amenazas internas” y una democracia subordinada a esa etnia. Por su parte, Orbán considera Hungría como un “caldo de cultivo para el iliberalismo” donde la homogeneidad cultural es un bien a proteger frente a la migración que se ve como un peligro civilizacional. En ambos casos, Israel aparece como fantasma deseado y precedente útil: un Estado que se legitima como “frontera de Occidente”, que convierte la “seguridad” en principio organizador de toda la vida pública y que puede invocar una historia de persecución para blindar políticas de segregación, exclusión e incluso limpieza ética.
La relación con las políticas antiinmigración es directa. El etnonacionalismo necesita un discurso de “defensa de la civilización” que justifique la violencia estructural que suponen fronteras fortificadas. La Unión Europea, primer socio comercial de Israel, lo ha interiorizado en su arquitectura de fronteras, más aún con el impulso de la ultraderecha. Frontex fue creada como una pequeña agencia que se coordinaba con los Estados miembros para externalizar el control de las fronteras en el Mediterráneo. Hoy en día supera los mil millones de euros de presupuesto y contrata principalmente aparatos de vigilancia y tecnología israelí. Como están hechos para controlar a una población a la que se quiere marginada, el uso de esta tecnología en el Mediterráneo no sirve para salvar la vida de migrantes, sino todo lo contrario.
La industria del control: vigilancia, ‘apartheid’ y exportación tecnológica
Israel también ha instaurado un apartheid tecnológico. La población palestina, sometida a diferentes regímenes de movimiento, fichada en bases de datos masivas, vigilada por sensores y cámaras, y administrada por una constelación de autoridades militares y civiles israelíes, es el campo de pruebas de tecnologías y doctrinas que se comercializan como “probadas en combate”, es decir, sobre personas. Lo que se aprende en Hebrón, lo que se calibra en Gaza, se empaca en ferias internacionales tecnológicas y armamentísticas, en catálogos para clientes públicos y privados de todo el mundo.
Israel es conocido por ser un “Estado tecnoempresa”, como una startup de Silicon Valley cuyo mayor prestigio es la tecnología de las ciberarmas y la vigilancia. La empresa semipública israelí, NSO Group, popularizó Pegasus, un software de vigilancia capaz de penetrar teléfonos sin interacción de los usuarios. La coartada de Israel para inventarlo fue la del “antiterrorismo”, pero los usos documentados revelan otra realidad: el mayor uso, tanto por parte de Israel como de sus Estados clientes (India, Marruecos o México) ha sido para espiar a periodistas, opositores, abogados y defensores de derechos humanos.
No es sólo el ciberespacio. En el terreno, Cisjordania se ha convertido en un conglomerado de sensores. Cámaras inteligentes, reconocimiento facial, herramientas de perfilado por inteligencia artificial que integran bases de datos, archivos de seguridad y registros civiles alimentan algoritmos que clasifican a personas y lugares. Son sistemas que puntúan o etiquetan, que deciden qué vehículo se detiene, qué permiso se concede, quién puede cruzar y quién queda atrapado entre los checkpoints. Esta tecnología y algoritmos están diseñados bajo la lógica etnonacionalista: por lo tanto, a quienes impiden moverse, a quienes califican de mayor riesgo potencial, siempre es a los palestinos. Lo que en Israel es un sistema usado contra los palestinos, en Europa puede ser usado contra las personas migrantes.
Este paquete tecnológico cruza fronteras con facilidad. Hungría, Polonia, India, Marruecos, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos han adquirido herramientas de vigilancia, como Pegasus, que perfeccionan la capacidad estatal de escrutar y eliminar disidencias. El espionaje en la Unión Europea a los ciudadanos también incluye a Chequia, Eslovaquia, Bulgaria o Rumanía. Asimismo, Frontex ha integrado tecnologías de detección remota, visores térmicos, análisis de patrones de movimiento y plataformas de intercambio de datos que convierten el Mediterráneo y los Balcanes en laboratorios de apartheid tecnológico.
Estados Unidos también ha aprovechado su histórica alianza con Israel. Mediante distintos contratos ha incorporado tecnología antiinmigratoria de proveedores israelíes para militarizar la frontera sur: torres de vigilancia, sensores y analítica para seguir pasos, huellas y calor corporal. A ello se suman los programas de intercambio policial y militar donde se enseñan doctrinas de contrainsurgencia urbana y control de multitudes usadas contra palestinos: métodos, tácticas, jerarquías de fuerza, reglas de enfrentamiento que se transponen a contextos civiles y herramientas para el racismo estructural estadounidense y la violencia desproporcionada. Por ejemplo, la técnica de inmovilización de una persona con la rodilla en el cuello que ahogó al afroamericano George Floyd fue aprendida por la policía estadounidense de la policía israelí.
La dimensión del apartheid no es retórica. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de julio de 2024, consideró que la política israelí en los territorios ocupados constituye un régimen de apartheid y es contraria al derecho internacional. La combinación de muros visibles (vallas, checkpoints, zonas militares) y muros invisibles (bases de datos, scoring, algoritmos de sospecha) produce una separación sistémica que se normaliza en manuales y contratos. Quien compra el paquete adquiere no sólo aparatos, sino también procedimientos, marcos y doctrinas: cómo delimitar áreas, degradar capacidades de protesta y disolver asambleas, o cómo mantener sometida a una población hostil sin declararla enemiga.
El capitalismo distópico: cambio climático, seguridad y negocio
La distopía de Israel también está presente en clave medioambiental. En un mundo atravesado por crisis ecológica, escasez de agua y posibles desplazamientos masivos, Israel ha sido un Estado pionero en gestionar recursos limitados con tecnología: desalación de agua de mar a gran escala, reutilización de aguas residuales, agricultura de precisión o microrredes energéticas. Estas innovaciones, sin embargo, funcionan bajo una lógica de exclusión. Israel gestiona los recursos hídricos, de tierra y energía subordinando al pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, y a los árabes dentro de sus propias fronteras.
Esa lógica de exclusión es un modelo para la ultraderecha no negacionista del cambio climático. El discurso de la “seguridad climática” propone una salida autoritaria a la emergencia: ante el aumento del nivel del mar, las sequías y las olas de calor, la respuesta no sería transformar las estructuras económicas y energéticas, sino fortificar territorios, segmentar accesos, automatizar decisiones y excluir a grandes cantidades de personas de recursos básicos. La promesa que se exporta es simple: resiliencia para unos, contención para otros. Quien puede pagar, compra infraestructuras como desaladoras, sensores de incendios o refugios inteligentes; quien no puede, se convierte en alguien a quien gestionarle ese acceso.
El modelo israelí también ofrece una solución para Estados preocupados por la inmigración, la conflictividad social y las consecuencias de la crisis climática. Ofrece un urbanismo de la seguridad, con barrios cerrados, perímetros activos, control de accesos con biometría y una ingeniería hídrica que puede desconectarse socialmente. Islas de abundancia rodeadas de cinturones de precariedad, como los asentamientos israelíes con agua y electricidad frente a aldeas palestinas con racionamiento, o el plan de Donald Trump para convertir la Franja de Gaza en la “Riviera de Oriente Próximo”. La crisis climática se vuelve oportunidad de negocio y, de paso, coartada moral: todo se hace en nombre de la supervivencia, una lógica que inspira proyectos como Masdar City en Emiratos o The Line en Arabia Saudí.
Es un capitalismo distópico. Donde hay inseguridad, emerge un mercado de la seguridad; donde hay incertidumbre hídrica, florece un mercado de la resiliencia; donde hay desplazados, se instala un mercado de la contención. Israel, combinando saber técnico, prácticas de control y reputación de eficacia, funciona como marca de confianza para compradores que buscan resultados. Al fin y al cabo, la opresión del pueblo palestino aporta el plus comercial definitivo: datos reales, entornos reales, población real sometida a “estrategias de gestión” que luego se exportan con manual. No es casual que Gobiernos distintos como el de India, que usó Pegasus contra opositores, México, que lo empleó contra periodistas y defensores de derechos humanos, o Arabia Saudí, vinculado al espionaje del entorno del periodista asesinado Jamal Khashoggi, hayan buscado en Israel tecnologías y doctrinas para gestionar sus problemas.
Distopía para exportar hacia el crecimiento ultra
Con la ultraderecha creciendo y condicionando agendas a nivel internacional, Israel deja de ser un Estado lejano para convertirse en un referente operativo: una caja de herramientas que estandariza el control, institucionaliza la exclusión y consolida la vigilancia como columna vertebral. Ese atractivo opera a tres niveles. En primer lugar, en el plano ideológico, ofrece un relato épico, de frontera y de amenaza permanente a una civilización que está en jaque, que legitima medidas excepcionales como si fueran sentido común. Es decir, el relato fundacional de Israel se entrevé con el relato de la ultraderecha global: Occidente está en peligro ante una amenaza permanente y urgen medidas excepcionales.
En segundo lugar, en el plano tecnológico-empresarial, Israel provee soluciones probadas y listas para integrarse en aparatos estatales que exigen resultados. La tecnología y armamento que a otros países le cuestan años de desarrollo, Israel la puede tener en meses debido a su estado de guerra permanente y a la vigilancia masiva a la que somete a la población palestina. En tercer lugar, en el plano geopolítico, Israel genera alianzas sostenidas en seguridad, energía y tecnología que blindan su impunidad. No sólo con Estados Unidos o Europa; también regímenes árabes y otros Gobiernos no democráticos cooperan con Israel. En ese sentido, la normalización de relaciones diplomáticas en Oriente Próximo están pactadas con lazos de inteligencia, contratos energéticos y de defensa para que haya silencios ante la violencia israelí.
Este triángulo ayuda a explicar la inacción o la complicidad internacional frente al genocidio en Gaza. Si el laboratorio que ha montado Israel en Palestina provee herramientas, doctrinas y relatos útiles para controlar, disuadir y ganar elecciones con promesas de orden, ¿por qué denunciarlo con fuerza? De ese modo, la coherencia moral cede ante intereses políticos y económicos. En ese marco, Israel no es sólo un Estado basado en un proyecto etnonacionalista, sino una distopía modelo que está enmarcada en las grandes disputas políticas de esta época: si el siglo XXI va a decidirse entre control y democracia, apartheid tecnológico o derechos universales, la ley del más fuerte o el derecho internacional.
Mucho sesgo ideológico en el artículo. Lo bueno es la aclaración final; es parte de SUMAR.