La cobertura de los seguros ante los desastres climáticos en la Unión Europea

Desde 1980, solo un 15% de los bienes afectados por catástrofes naturales en la UE estaba asegurado, aunque hay mucha diferencia entre países
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En los últimos años, las pérdidas económicas provocadas por los desastres climáticos se han convertido en uno de los grandes problemas para las aseguradoras. Ya en 2023, las pérdidas que sí estaban aseguradas ante estas catástrofes supusieron 280.000 millones de dólares en todo el mundo. Sólo en la Unión Europea, las compañías de seguros han asumido cerca 140.000 millones de euros en costes desde 1980.

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Pese a estas cifras, la protección económica ante estos fenómenos naturales esta lejos de ser universal. Si en Estados Unidos la cobertura ante catástrofes naturales alcanza el 60% de los bienes, en la Unión Europea, donde existe una importante brecha de cobertura y el recorrido de los seguros no está tan implantado como en Norteamérica, apenas un 15% de los bienes que se han visto afectados por los desastres climáticos desde 1980 estaban asegurados.

Además, la cobertura de los seguros privados ante los desastres climáticos y el alcance de los mismos es muy desigual a lo largo y ancho de la Unión Europea. En Dinamarca, el 62% de las pérdidas causadas por desastres naturales desde 1980 estaban aseguradas, datos que contrastan con los de países del este, como Rumanía, Eslovenia o Bulgaria, con un porcentaje de bienes asegurados por debajo del 3%.

Estos países con elevada desprotección no son sin embargo ajenos a los desastres naturales. De hecho, Eslovenia por ejemplo es el país de la UE con las pérdidas per cápita más elevadas causadas por los desastres naturales: 8.693 euros le han costado a cada esloveno estas catástrofes entre 1980 y 2023.

Los desastres naturales son ya un elemento cotidiano en el contexto de la crisis climática: así lo demuestran los datos registrados por la EEA, la Agencia Europea del Medio Ambiente, que confirma que este tipo de desastres se han vuelto más frecuentes y dañinos. Con este incremento, también los costes han ido a la alza. De hecho, la misma agencia confirma que tres de los cuatro años con más déficit desde que hay registros se concentran en el periodo 2020-2023.

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Además, no todos los desastres naturales causan el mismo nivel de daño ni tienen el mismo coste. Las olas de calor, a pesar de ser las que más vidas se cobran, generan menos pérdidas económicas que otros eventos extremos como las inundaciones o los desprendimientos de tierra, que exigen mucho esfuerzo posterior de rehabilitación de los lugares afectados.

De hecho, las inundaciones son el tipo de desastre que más preocupa en Europa, continente que escapa a otros eventos climáticos muy dañinos como los tifones o huracanes. Las inundaciones en las últimas tres décadas han afectado a 5,5 millones de personas, se han cobrado la vida de 3.000 personas y también han supuesto daños económicos de más 170.000 millones de euros.

El último desastre de este tipo, la gota fría (o dana) que arrasó el Levante español el pasado octubre de 2024, se cobró la vida de 227 personas y ya es el más importante de la historia del país a nivel de pérdidas económicas, tal y como indica la Unespa, la patronal de los seguros.

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Entre 1980 y 2023, en España solo el 5% de los bienes perdidos por fenómenos climáticos extremos estaban asegurados. Aunque la Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor tasa de cobertura, las pérdidas económicas también serán muy elevadas, de unos 3.500 millones de euros.

El ejemplo de Valencia sirve para ejemplificar el drama de los seguros: equiparar rentabilidad con cobertura. En este contexto, las zonas más afectadas por catástrofes tienden a beneficiar a las aseguradoras, pues se contratan más primas, pero fenómenos graves pueden llevarlas a la quiebra, lo que las obliga excepcionalmente a recurrir al apoyo del Estado.

En Estados Unidos, dónde el apoyo del sector público es menor, las aseguradoras están invirtiendo en tecnologías avanzadas para evaluar los riesgos climáticos, pero también optan por encarecer las primas o excluir las coberturas, especialmente en áreas propensas a huracanes y tornados. Por el contrario, en la UE se promueve un modelo público-privado, donde el Estado actúa excepcionalmente para cubrir las brechas.

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En España, por ejemplo, es el Consorcio de Compensación de Seguros —un organismo público pero financiado con dinero privado— quien asume estos riesgos, complementando las pólizas de seguros privadas. La tendencia europea, tal y como propone el Banco Central Europeo en su agenda climática, es implicar al sector privado y al público a escala nacional y europea.

Además, el fondo europeo destinado a los desastres complementaría este enfoque. Ya con la dana en Valencia se activó el Fondo de Solidaridad de la UE como medida extraordinaria, y de hecho las inundaciones han sido el motivo más repetido por el que se ha inyectado dinero de este fondo en el espacio comunitario. España lo ha recibido hasta en siete ocasiones, por diversos motivos.

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