Desarmar a Hezbolá: el objetivo histórico que marcará el futuro de Líbano

En un pequeño café de uno de los cruces más agitados de la ciudad de Tiro, Hasán, taxista de la zona, estalla: “La gente del sur tenemos dignidad, no se trata de Hezbolá ni de ningún partido. No podemos estar callados cuando nos matan a diario”. Hace un año que en Líbano entró en vigor un alto al fuego después de trece meses de guerra desigual entre la milicia e Israel, que se cobró la vida de 4.000 personas del lado libanés y 120 del israelí. Sin embargo, desde Naciones Unidas se han registrado cerca de 10.000 violaciones al alto al fuego por parte de Israel y 127 civiles asesinados, trece de ellos niños. Aunque Hezbolá, muy debilitada, ya no lanza cohetes en respuesta, la presión internacional crece para su desarme definitivo. El Gobierno libanés debe llevar a cabo esta misión, pero con un Ejército esquelético hace equilibrios entre la impaciencia de Estados Unidos e Israel y el orgullo de Hezbolá y sus seguidores. 

A comienzos de noviembre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, avisaba de que iban a “actuar como fuera necesario” si Líbano no evitaba convertirse de nuevo en un frente de batalla. Israel ahora apela a la defensa propia ya no como respuesta a ataques contra sus poblaciones en el norte, sino como un acto preventivo contra el reagrupamiento y rearme del que acusa a Hezbolá. Estados Unidos, que junto con Francia debían supervisar el alto al fuego, apoya a su socio: “Si Beirut continúa dudando, Israel puede actuar de manera unilateral y las consecuencias serán graves”, advertía el enviado especial Tom Barrack. Tras semanas de ataques cada vez más intensos en el sur de Líbano, Tel Aviv materializó su amenaza de escalada a finales del mes con una operación contra nuevos jefes de la milicia en Dahiya, zona del sur de Beirut donde el grupo chií cuenta con mayor apoyo y tiene sus oficinas. Cada ataque es un mensaje para Hezbolá, pero también para el Gobierno libanés, que durante la guerra tuvo un papel apenas testimonial. 

El Gobierno de Líbano, entre Israel y Hezbolá

Israel no ha publicado evidencias del rearme de Hezbolá y el Ejército libanés ha lamentado que no se haya presentado ninguna prueba al comité mediador del alto al fuego. La Fuerza Interina de Naciones Unidas, encargada de supervisar la frontera, también ha negado la existencia de nueva infraestructura de Hezbolá. Sin embargo, desde la prensa israelí y estadounidense refuerzan la tesis de que Hezbolá estaría fabricando o recibiendo de contrabando por mar o a través de Siria misiles antitanque, artillería y cohetes. Según estas publicaciones, esto pondría en peligro la tregua y generaría la justificación para un nuevo conflicto. 

Este discurso obvia que, pese a lo acordado, el sur de Líbano no ha vivido un día de paz. Además del zumbido constante de los drones, los ataques israelíes son prácticamente diarios. Muchos van dirigidos a miembros de Hezbolá en operaciones selectivas contra coches y motos, pero en Líbano ya se habla de una guerra contra los esfuerzos de reconstrucción. Son comunes los ataques de Israel a fábricas de cemento, gasolineras, excavadoras para remover escombros, casas prefabricadas…, elementos necesarios para que la vida regrese a un sur devastado. Por tanto, más que un posible nuevo conflicto, es un modus operandi similar al que Israel ha llevado a cabo en Cisjordania y al que proyecta para dividir la Franja de Gaza.

Por parte de Hezbolá, el no al desarme en el liderazgo de la milicia deja entrever algunas grietas. El alto al fuego alcanzado en noviembre de 2024 establecía como uno de los puntos principales la desmilitarización del grupo islamista en el sur del país, que debía ser reemplazado por las Fuerzas Armadas libanesas. Frente a la negativa en la milicia, Nayib Berri, portavoz del Parlamento y representante de las fuerzas chiíes en el Gobierno, ha repetido en numerosas ocasiones que “la Resistencia se atendrá a los términos del acuerdo de alto al fuego”. Y entre Hezbolá y la presión externa, como entre la espada y la pared, se encuentra el Gobierno libanés. El Ejecutivo es el encargado de hacer efectivo el desarme a través del Ejército. Sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos consideran que los pasos están siendo lentos e insuficientes.

Terminada —al menos oficialmente— la guerra con Israel, el entonces nuevo Gobierno libanés se marcó como objetivo “hacer de 2025 el año en el que el Estado tiene el monopolio de las armas”, según palabras del presidente, Joseph Aoun. En agosto, el Gobierno solicitó al Ejército un plan de desarme que fue aprobado por el Parlamento en septiembre. En cinco fases, este plan divide el país en zonas abarcando la desmilitarización de todo tipo de milicias, incluyendo Hezbolá y las facciones palestinas. Sin embargo, los detalles del plan han permanecido secretos y no especifica fechas límites para cada periodo. Por lo pronto, a lo largo de este año ha habido anuncios de que el Ejército libanés ha tomado la mayor parte de las posiciones de Hezbolá en la región sur, así como de incautaciones de armas y cierre de túneles usados por la milicia. Con todo, Gobierno y Ejército se han quejado de que los ataques y la presencia de cinco bases militares israelíes en Líbano dificulta la viabilidad del desarme y su despliegue en el territorio.

Una oportunidad histórica

El solo hecho de que se debata el desarme de Hezbolá es histórico y no se entiende sin la última guerra, que supuso un duro golpe contra la milicia: descabezó su cúpula y puso al descubierto un alto grado de infiltración. Las armas de la otrora “milicia más poderosa del mundo” han perdido su poder de disuasión contra Israel. En Líbano, esa caída se empezó a notar en acciones gubernamentales. La primera fue la propia elección del Gobierno en enero de este año con el apoyo de Estados Unidos, que hizo presidente a Joseph Aoun, una figura vetada durante años por el partido chií. Además, desde la entrada del primer ministro Nawaf Salam se ha reanudado la investigación sobre la explosión en el puerto de Beirut en 2020, la detonación no nuclear más grande de la historia, que mató al menos a 218 personas. Cargos de Hezbolá han sido señalados en investigaciones y artículos de prensa por presionar y amenazar a los jueces del caso.

El principal reto para el Gobierno libanés no es sólo atender la falta de recursos y la crisis endémica en el Ejército: es desarmar a Hezbolá sin provocar una oleada de violencia interna. Décadas de guerra e injerencia extranjera han hecho de Líbano un Estado débil con una población dividida en confesiones religiosas gobernadas casi como feudos, por lo que existe el miedo a que Hezbolá use sus armas para reafirmar su poder. Ya en 2008 hubo disturbios en Beirut entre seguidores de la milicia y grupos suníes. Los primeros eran partidarios de mantener la influencia siria en Líbano y los segundos no. Las armas que hasta entonces habían sido justificadas para proteger el país contra un enemigo externo fueron usadas, por primera vez, contra otros compatriotas. Este evento quedó marcado en la memoria colectiva del país.

La violencia de 2008 reconfiguró la política libanesa en favor de Hezbolá. Desde entonces, documentos ministeriales empezaron a mencionar el tripartito “Ejército, Pueblo y Resistencia”, una fórmula que consideraba a Hezbolá como parte del aparato de seguridad contra la amenaza de Israel, a la misma altura que el Ejército. Este paraguas ha dado manga ancha durante casi dos décadas a la milicia, legitimada por el Estado pero sin la rendición de cuentas que le exige a otras instituciones. “Ese eslogan está ahora obsoleto”, sostenía en marzo el primer ministro. “El capítulo de las armas de Hezbolá está ya cerrado”. 

La asimilación de Hezbolá como un actor político más y no como un híbrido entre partido y milicia abriría la puerta a una regeneración democrática en Líbano. Las armas de la organización no son el único obstáculo para construir un Estado funcional, pero borrarlas supondría uno de los pasos más grandes en esa dirección. El ejemplo más estridente es la última guerra con Israel, una decisión tomada por los líderes de la milicia basada en cálculos de sus alianzas con Irán y el Eje de la Resistencia. La guerra dejó más de 4.000 muertos y daños de más de 11.000 millones de dólares en un país que lleva años en bancarrota.

En materia económica, Líbano está empezando a aprobar reformas exigidas por sus prestamistas tras el corralito y la debacle del sector bancario de 2019, como el levantamiento del secreto bancario. Estas medidas son relevantes para generar confianza y conseguir créditos que ayuden a reconstruir el país. La nueva legislación ya ha permitido un préstamo del Banco Mundial para hacer frente, entre otras, a las áreas más afectadas por la guerra. Esto significa que las zonas controladas por Hezbolá o donde tiene más apoyo, que son las más castigadas por las bombas israelíes, se beneficiarían del cambio de rumbo político.

Es difícil imaginar a Hezbolá sin armas 

Hezbolá nació en los años ochenta frente a la ocupación israelí en el sur del Líbano, que duró dieciocho años. Las armas son su razón de ser. Con el tiempo, el partido-milicia creció hasta convertirse en un Estado paralelo, otorgando educación, sanidad o empleo a miles de personas. Esa red clientelar alimenta el reclutamiento de milicianos o sus votos en el Parlamento. Parte de los ingresos de Hezbolá provienen de sus actividades en Líbano, aunque otra fracción importante proviene de Irán. Sin embargo, el desarme de la milicia podría cortar ese apoyo. Como reflexiona Nicholas Blanford, experto en política libanesa, en el Atlantic Council: “Si una Hezbolá desarmada ya no cumple una función útil para Irán, no hay razón para que Teherán siga apoyando al partido con financiación, armamento y logística. Pero si Irán deja de brindar su apoyo financiero, ¿cómo continuaría Hezbolá financiando su vasto aparato de bienestar social?”.

Para mucha gente en el sur, el problema no es Hezbolá. “Estuvimos sometidos a ocupación e invasión en 1978 y 1982, y no existía Hezbolá”, explica Hasán. En inglés con acento africano, como muchos que tuvieron que irse a trabajar al continente vecino tratando de esquivar las guerras, recuerda que la historia del sur de Líbano es una de repetición: en 1948, cuando se proclamó el Estado de Israel, la amenaza fue el Ejército libanés, después la Organización para la Liberación de Palestina y a partir de los noventa Hezbolá

Hezbolá sigue siendo el partido político más poderoso de Líbano y conserva el apoyo en sus zonas de control, como demostró en las elecciones locales de mayo en la región sur. Dejar las armas no tendría que perjudicar su hegemonía entre la comunidad chií, al menos en el corto plazo. Sin embargo, todavía en voz baja, también se empiezan a escuchar críticas a una guerra que se justificó en apoyo a Gaza, pero que ha destruido la vida a muchos y que no ha ralentizado o mitigado el genocidio israelí contra los palestinos. 

La población del sur de Líbano se siente desprotegida y abandonada por un Gobierno que no ha logrado frenar los misiles israelíes que llueven prácticamente a diario. Lo que un año de alto al fuego ha demostrado es que, con o sin ataques de Hezbolá, el sur libanés sigue siendo zona de guerra. También que ni el Gobierno tiene los mecanismos ni Estados Unidos y Francia como mediadores tienen la voluntad para frenar o exigir responsabilidades a Israel, pese a los asesinatos y las constantes violaciones al alto al fuego. Lo que pregunta la gente, sobre todo si Hezbolá se desarma, es qué garantías existen para que armas israelíes —y estadounidenses— dejen de matar a sus familias.