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El orden económico liberal sufre una transformación profunda. La desglobalización avanza, como muestra la guerra de los chips entre Estados Unidos y China; la autonomía estratégica está de moda, comenzando por la Unión Europea, y el proteccionismo enamora hasta a los Gobiernos antes más liberales, como el británico. El resultado ha sido las horas más bajas para el multilateralismo, mientras los Estados priorizan sus intereses nacionales. Pocas instituciones han sufrido tanto por estos cambios como la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La organización, fruto del consenso neoliberal de los años noventa, se fundó para regular el comercio global y promover la cooperación entre Estados. Sin embargo, hoy en día está paralizada y cada vez más condenada a la irrelevancia. Apenas hay nuevos acuerdos para bajar aranceles, las normas no se siguen a rajatabla y Estados Unidos bloquea desde 2018 su principal órgano judicial. En el fondo, Washington ha dejado de creer en el sistema liberal y multilateral que fundó y lideró por décadas. La OMC debe adaptarse a los nuevos tiempos si quiere recuperar su prestigio.
OMC: de éxito multilateral a organización zombi
Fundada en 1994, la OMC encapsuló el espíritu de una época. El mundo post-Guerra Fría se ilusionaba con la globalización, el multilateralismo y la interdependencia económica. En ese contexto, la organización surgió del GATT, un foro sobre aranceles y comercio dominado por potencias occidentales y centrado en avanzar la liberalización económica. La OMC se basó desde entonces en los acuerdos universales por consenso. Sus primeras décadas fueron un éxito: redujo los aranceles a la mitad, armonizó la regulación comercial de más de 160 países y cubrió el 98% del comercio global.
Sin embargo, treinta años después el prestigio y la relevancia de la organización están en entredicho. Las consecuencias políticas y económicas de la crisis financiera mundial, la pandemia o la guerra de Ucrania han dado paso a los intereses nacionales sobre el multilateralismo. Al mismo tiempo, la OMC ha perdido poder normativo, pues no ha sabido adaptarse a una economía global cada vez más digitalizada, basada en los servicios y con una mayor presencia de empresas estatales, a las cuales no regula.
Gran parte del problema es la falta de colaboración y la incapacidad para llegar a acuerdos. A medida que la OMC aumentaba sus miembros, para las potencias occidentales ha sido cada vez más difícil imponerse en las negociaciones. Los países emergentes se niegan a firmar acuerdos que ignoren sus intereses, y otros no reportan cambios regulatorios o violan las normas de la organización por falta de voluntad o recursos. Por su parte, los países desarrollados no ceden en sectores sensibles para ellos, como la agricultura. Por esto la última ronda de negociaciones ha fracasado: empezó hace más de veinte años y lleva ocho en pausa.
Pero si la OMC atraviesa una crisis profunda es por los ataques que recibe de Estados Unidos. En 2018, el entonces presidente Donald Trump vetó la renovación de los miembros del Órgano de Apelación, máxima instancia judicial de la organización, enfurecido por las críticas a sus aranceles al aluminio y al acero. Desde entonces, las sentencias de la OMC no pueden entrar en vigor siempre y cuando se apelen a este órgano incapaz de operar, dejando impunes el uso de políticas comerciales abusivas.
El reflejo de un orden liberal en crisis
Estados Unidos ya no ve con buenos ojos el multilateralismo de la OMC. En especial porque la organización coarta su políticas comerciales diseñadas para defenderse de una China que se ha beneficiado mucho más de su presencia en la organización, al darle acceso a nuevos socios comerciales. Por esta razón la situación no ha terminado con la llegada de Joe Biden: pese a su tono menos confrontacional, no ha levantado el veto a la renovación del Órgano de Apelación, ni se espera que lo haga. En los últimos años, a Estados Unidos se le acumulan las denuncias y sentencias contra sus políticas proteccionistas, como la Inflation Reduction Act o la prohibición a la exportación de semiconductores a China.
Ante una derrota probable para Washington, levantar el bloqueo reactivaría el proceso judicial y podría desembocar en represalias multimillonarias por parte de sus socios. Más allá de lo económico, lo que está en juego es la jurisprudencia de la OMC: ceder ante ella significaría aceptar su legitimidad para intervenir en competencias nacionales. En el centro de la discordia está el abuso de la cláusula de seguridad nacional. Estados Unidos ha intentado amparar sus medidas proteccionistas con esta excepción, pero la OMC sólo la contempla en tiempos de “guerra o emergencia en las relaciones internacionales”. Washington, por su parte, cree que el propio Gobierno estadounidense es quien debe interpretar qué afecta o no a su seguridad nacional. Incluso ha llegado a acusar a la OMC de “activismo judicial”.
El bloqueo de Estados Unidos a la OMC es un reflejo más de los cambios que sufre el orden liberal internacional. Quien fuera líder de este orden económico y promotor de la globalización sin barreras ha dejado de defender un modelo del que ya no se beneficia tanto como sus rivales. Ahora prioriza los intereses estratégicos sobre los compromisos internacionales y la seguridad nacional sobre la eficiencia de los mercados. Esa postura estadounidense ha generado un efecto dominó, incrementando el apetito de las economías liberales por medidas proteccionistas, el intervencionismo y las alianzas estratégicas. A su vez, esto ha tenido consecuencias letales para la OMC: tanto países industrializados como emergentes prefieren ahora firmar acuerdos bilaterales o regionales, con un tono más geopolítico que los multilaterales.
¿Está la OMC destinada a desaparecer?
Aunque en la OMC reina el recelo y la discrepancia, sus miembros están de acuerdo en que necesita reformarse. Varios países han presentado propuestas, aunque de momento no hay una dirección clara. La organización tendrá que integrar las demandas de las potencias económicas y de los países emergentes y en desarrollo. Estados Unidos reclama que se regulen las empresas estatales para contrarrestar a China, mientras pide más margen de maniobra para intervenir su propia economía en defensa de sus intereses. La Unión Europea añade a la lista mejorar los estándares laborales y medioambientales. Los países emergentes, entre ellos China, piden prioridad para sus intereses, ignorados en rondas anteriores.
Más allá de las demandas concretas de sus miembros, la OMC tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos. Y no será tarea fácil. En un mundo cada vez más multipolar y marcado por la competencia entre China y Estados Unidos, el multilateralismo del que se nutre la organización vive sus horas más bajas. Si se adapta a este nuevo paradigma, la OMC se alejará del propósito para el que nació: exprimir los beneficios de la globalización. De no hacerlo, se verá abocada a la irrelevancia.
