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La reforma judicial de Israel que el Gobierno de Benjamín Netanyahu planteó el pasado enero y que empezó a aprobar el pasado 24 de julio consiste en limitar el poder de la Corte Suprema y aumentar el del Parlamento. El proyecto ha polarizado a la sociedad israelí y miles de personas han salido a protestar desde principios de año. Junto con las protestas, aún activas, pueden definir el rumbo de la política y la sociedad israelí. Tras semanas de manifestaciones, el Gobierno suavizó en marzo una parte de la reforma judicial y pospuso otra, aunque con la reciente aprobación la oposición sigue rechazándola.
Netanyahu contra la Corte Suprema
Netanyahu había gobernado Israel en dos oportunidades y volvió al poder en 2022. Su partido, Likud, se alió para gobernar con tres formaciones ultranacionalistas —el Partido Sionista Religioso, Noam y Poder Judío— y dos ultraortodoxas —Judaísmo Unido por la Torá y Shas— en el Ejecutivo más derechista de la historia del país. Esta coalición cuenta con 64 escaños de 120 en la Knéset, el Parlamento unicameral.
El regreso de Netanyahu al poder y su nuevo gobierno han estado marcados por la relación con la Corte Suprema. La Corte le permitió presentarse a las elecciones siendo investigado por corrupción, y después le ordenó suspender a un ministro por fraude fiscal. Para el Gobierno, el Tribunal es una institución politizada que le entorpece anteponiendo los derechos de las minorías. Por ello ha planteado una reforma judicial argumentando reequilibar la balanza de poder en favor de la Knéset y reforzar la democracia.
La reforma judicial de Israel consiste en tres frentes. Primero, crear una cláusula de anulación para que la Knéset pueda promulgar leyes impugnadas por la Corte Suprema. En la práctica, la Knéset aprobó el pasado 24 de julio retirarle al Tribunal la facultad para anular decisiones del Gobierno que considere irrazonables. Además, la reforma también busca que la Corte tampoco pueda invalidar las leyes “fundamentales”, normas básicas a falta de una constitución nacional, y que necesite doce de quince jueces para invalidar las regulares si atentan contra las anteriores.
En segundo lugar, el Gobierno pretende ampliar el comité de selección de jueces de nueve miembros repartidos entre el Gobierno, la Knéset, la Corte Suprema y el colegio de abogados, a once con mayoría de siete para el Ejecutivo. El Gobierno redujo en marzo este punto a una mayoría de seis y a poder imponer dos jueces por legislatura. Finalmente, la Corte Suprema tampoco podría inhabilitar ministros ni juzgar o debatir mociones para declarar no apto al primer ministro.
La reforma judicial divide a Israel
El Gobierno de Netanyahu argumenta que la Corte Suprema tiene un poder excesivo y que el reajuste hacia la Knéset es de responsabilidad democrática. Quienes apoyan la reforma judicial de Israel defienden sus derechos sobre los de las minorías porque creen que Israel es el hogar del pueblo judío. La Corte Suprema ha frenado proyectos de nuevos asentamientos en Cisjordania, leyes anti-LGTB o leyes que discriminan a la población árabe. Por su parte, la oposición liderada por el ex primer ministro Yair Lapid ha descrito el plan como un paso hacia el autoritarismo. Acusó a Netanyahu de emprender un golpe constitucional y de que es una estrategia para no ir a la cárcel por corrupción, pues la Corte no podría pedirle explicaciones.
La presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, ha defendido la protección de las minorías y la obligación del Tribunal con toda la sociedad. También aseguró que Netanyahu pretende aplastar el poder judicial y dañar la democracia. La Fiscalía teme que la reforma le dé poder ilimitado al Gobierno. Entretanto, la oposición propuso crear una constitución para evitar la reforma judicial y asentar las normas básicas, e intentó conseguir un pacto antes de la votación. El presidente de Israel, Isaac Herzog, propuso un plan de consenso llamado “Directrices del Pueblo”, pero Netanyahu lo rechazó, y antes de la votación intentó buscar un nuevo consenso. Incluso en el Gobierno ha habido fisuras: Netanyahu cesó en marzo al ministro de Defensa, Yoav Gallant, luego de que se opusiera a la reforma, aunque después lo restituyó.
La reforma judicial de Israel ha provocado una crisis sin precedentes y críticas internacionales. Además de las calles, la crisis se nota en el sector tecnológico, que teme que huyan la inversión y el talento, en la caída del séquel israelí, en el malestar de los reservistas o en el descontento de la élite intelectual y profesional secular y prodemocrática. La reforma judicial también inquieta a Estados Unidos, aliado principal de Israel. El presidente Joe Biden le mostró en marzo su “preocupación” a Netanyahu, y tras la aprobación reciente el Gobierno estadounidense manifestó que era “lamentable” que se hubiera dado con la mayoría mínima.
