El Ministerio de Defensa de Israel declaró a finales de octubre que seis importantes organizaciones palestinas defensoras de los derechos humanos eran terroristas, sin aportar pruebas. El Gobierno las acusa de apoyar y financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina, un partido de izquierdas también considerado terrorista. En un comunicado conjunto, organizaciones palestinas e israelíes se han solidarizado con sus compañeros y han condenado la medida, que tildan “propia de un régimen autoritario y represivo”.
Un mes después, representantes de cinco países europeos declararon que el expediente clasificado que el servicio de inteligencia israelí les había enviado no contenía evidencias concretas para sustentar las acusaciones. Con todo, Israel consiguió desviar la atención mediática de la licitación aprobada en octubre para construir 1.335 viviendas en asentamientos en Cisjordania, la Palestina ocupada, que se añade a las 2.000 anunciadas en agosto, y del retraso del juicio a la cooperante española Juana Ruiz, quien lleva meses en la cárcel acusada de pertenencia a una organización ilegal.
El Gobierno de Israel domina a la perfección el arte para dictar la agenda mediática y persuadir a la opinión pública. Incluso existe una palabra hebrea para ello, hasbará (‘explicación’), que describe los esfuerzos para promover una narrativa favorable al Estado de Israel, lo que a menudo implica hacer un retrato negativo de la sociedad palestina. Algunos lo ven como un ejercicio de diplomacia pública. Otros aseguran que es un eufemismo para la propaganda. Desde la declaración de independencia en 1948, el Estado judío ha llevado a cabo uno de los esfuerzos de propaganda estatal más extendidos y ambiciosos dirigido a la comunidad internacional. Además, anima a sus ciudadanos a involucrarse en él.
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