Tras meses de aumento descontrolado, preocupación e impotencia, la Unión Europea consiguió cerrar 2021 con el desempleo de los menores de 25 años por debajo del 15% —14,9%, concretamente—, tal y como muestran los datos publicados recientemente por Eurostat. Es un registro que mejora incluso la situación prepandemia, pues en marzo de 2020 el porcentaje de jóvenes sin trabajo se situaba en el 15,4% —en agosto se disparó hasta el 19,1%—.
Pero por mucho que la situación invite al optimismo, lo cierto es que la comparación con la tasa de desempleo general, del 6,4%, evidencia que los menores europeos de 25 años siguen teniendo muchas más dificultades para ingresar en el mercado laboral que el resto de la población. Claro que la situación no es la misma en todos los países de la Unión Europea. De hecho, existe una brecha muy pronunciada entre los veintisiete Estados miembros: los países del sur comunitario, como España (30,6%), Grecia (30,5%), Italia (26,8%) o Portugal (21,1%), presentan cifras más elevadas que sus vecinos del centro y el norte europeo, con datos mucho más moderados o incluso rozando el pleno empleo, como Alemania (6,1%).
Esas diferencias reflejan a su vez desequilibrios en los sistemas educativo, productivo e incluso político. Desde el plano de la educación, un elevado porcentaje de jóvenes que quieren pero no pueden trabajar apunta a graves carencias formativas en el sistema escolar y universitario. Sin embargo, también puede señalar al problema contrario: aunque una mejor formación esté relacionada con unos mayores ingresos, se puede dar el fenómeno de la sobrecualificación, esto es, que los jóvenes tengan una formación superior a la que se exige en el mercado de trabajo, por lo que muchos de ellos renuncian a trabajar esperando poder encontrar un empleo acorde a sus estudios.
Si observamos los datos desde la perspectiva económica, una cifra reducida de desempleo juvenil permite una mayor recaudación de impuestos y que la fuerza laboral de menos edad gane experiencia laboral. En el lado opuesto, una elevada tasa de desempleo juvenil da muestras de que la estructura productiva ha hecho tope en su demanda laboral y que es incapaz de expandirse más, por lo que no crea más puestos de trabajo, o al menos no aquellos acorde a la formación y experiencia de los jóvenes.
Incluso puede fomentar el fenómeno de los ninis: jóvenes que no trabajan porque no encuentran empleo o porque han perdido la esperanza de hacerlo, y que tampoco estudian porque han alcanzado un alto nivel formativo o porque consideran que mayor formación no les va a garantizar el trabajo que buscan.
Con todo, las cifras actuales están lejos de su máximo en lo que va de siglo, especialmente en los países con economías más frágiles. Así, el récord en desempleo juvenil lo encontramos en Grecia, con un 61,6% en mayo del año 2013, mientras que España tuvo su pico en julio de ese mismo año, con un 55,9% de jóvenes que buscaban un trabajo pero no lo encontraban. Ambas cifras duplicaban la media comunitaria de aquella época, ya que en febrero de aquel año 2013 el paro de la juventud europea rozaba el 25% en el conjunto de los países comunitarios.
En todos ellos, la pandemia truncó la mejoría que se venía registrando en el desempleo juvenil durante los últimos años. En el caso de España, el país que actualmente lidera la Unión Europea en desempleo juvenil, la tasa pasó del 30,5% al 41% en apenas un año, fruto del fuerte impacto de la crisis sanitaria en sectores como el turismo o la hostelería, de gran peso en la economía española tanto en términos de PIB como de empleo.
Las consecuencias de estas disparidades son claras y especialmente graves en los países más afectados. Una juventud que no puede incorporarse al mercado de trabajo implica que un segmento de la población no está adquiriendo experiencia laboral, o lo hace de forma muy irregular considerando las constantes entradas y salidas mediante becas o contratos temporales.
Esto deriva en una considerable precariedad laboral y económica, con inestabilidad en sus empleos y bajo poder adquisitivo. Y también puede fomentar la llamada ‘fuga de cerebros’: profesionales con alta cualificación que, cansados de las malas condiciones de su país natal, deciden emigrar a otros donde las oportunidades laborales y económicas son mucho mejores. Los países que sufren este fenómeno quedan muy debilitados, especialmente en el mundo científico, al perder profesionales de gran valor.
Esta situación también tiene impacto en el largo plazo, especialmente en aquellos sistemas de pensiones fundamentados en la solidaridad intergeneracional: si los jóvenes de hoy no pueden incorporarse de manera normal al mercado laboral, las pensiones del futuro cercano estarán en una posición de mayor vulnerabilidad al depender de las rentas y el trabajo de estos jóvenes.
