100 millones
de turistas

Por primera vez en su historia, España va camino de superar los cien millones de turistas este 2026. Es un hito que consagra la marca nacional: el país está de moda y el mundo quiere conocerlo. En las calles, sin embargo, los cien millones de turistas se perciben como una losa.

Sin músculo industrial ni grandes recursos estratégicos, España se ha aferrado a su clima privilegiado, la seguridad de su entorno y la mano de obra migrante para hacer del turismo su motor económico, hasta el punto de que el sol y playa ya aporta el 13% del PIB. A cambio, el turismo ha masificado las costas, desfigurado los centros históricos y desatado una crisis de convivencia.

En el país que vendió su verano, donde los hoteles acogen a más turistas extranjeros que residentes desde 2024, uno de cada tres hogares no puede permitirse unas vacaciones y muchos ciudadanos se ven ahora expulsados de sus propios barrios.

Pero por muy voraz que sea la industria, España se ha enganchado al monocultivo turístico y ha atado su destino al de los millones de británicos, franceses o alemanes que la visitan cada año. El turismo, para bien o para mal, es para España lo que el petróleo para Arabia Saudí o la tecnología para Estados Unidos: un recurso sobre el que goza de una ventaja competitiva inherente y que ha convertido en su principal activo.

Y es, además, insustituible.

El turismo precariza el mercado laboral y tensiona el acceso a la vivienda, pero también es el gran generador de puestos de trabajo del país —emplea a tres millones de trabajadores, el 13,4% del total— y el responsable de hasta el 27% del crecimiento del PIB desde 2021. El turismo es, en otras palabras, el combustible de la locomotora española, la economía avanzada que más crece de toda la OCDE.

La gran pregunta es si España será capaz de digerir esos cien millones de turistas sin morir de éxito. La temporada alta veraniega empieza a desbordarse y a saturar el resto del año, mientras la masificación continúa arrasando los cascos históricos de las principales ciudades, transformados en parques temáticos salpicados de cafés de especialidad, supermercados exprés y tapas bar.

El rodillo de la turistificación vacía de identidad los barrios, los precios de la vivienda encadenan cinco trimestres de crecimiento a dos dígitos y el salario más frecuente sigue por debajo de los 1.400 euros brutos al mes. Y sin embargo, por mucho que el discurso del decrecimiento turístico y el rechazo social cobren fuerza, la realidad es que cada vez más turistas eligen España para sus vacaciones.

Entre enero y mayo de este año, el país recibió 36,8 millones de turistas, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. Es un nuevo récord que enlaza con el conflicto en Oriente Próximo y la creciente desestacionalización de las llegadas. Como consecuencia, Oxford Economics, una de las principales consultoras del sector, ya apunta a que España alcanzará los 109 millones de turistas a cierre de 2026.

Cuenta la leyenda que en 1953 el alcalde de Benidorm viajó en Vespa al Pardo para convencer a Franco de que permitiera el uso del bikini en las playas del municipio. El viaje no está documentado, pero lo que sí es seguro es que Pedro Zaragoza pasó a la historia como el inventor del sol y playa.

Él fue quien ideó un destino vertical y hotelero, el “Manhattan de Europa”, para las clases medias de los países europeos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los incipientes estados de bienestar al norte de los Pirineos bendijeron con vacaciones pagadas a sus trabajadores, y España, deseosa de divisas extranjeras, levantó toda una industria para dar respuesta a esa demanda. Benidorm fue la pionera y su alcalde, un visionario.

Esa España, con playas vírgenes y un litoral prácticamente intacto, poco tiene que ver con la actual. El modelo turístico, sin embargo, sigue siendo el mismo: una máquina extractivista que tiene como materia prima el verano y la costa española. Y aunque al sector le ha costado décadas darse cuenta de que ese recurso no es inagotable, cambio climático y masificación mediante, la industria sigue sin conocer límites.

La ventaja competitiva turística de España reside en el clima mediterráneo, con una gran cantidad de días soleados al año y una humedad relativa baja; la calidad de sus playas —es el país con más banderas azules del mundo—; su conectividad aérea; y su seguridad, especialmente en comparación con el sur del Mediterráneo, donde Egipto, Túnez o Marruecos rivalizan con el modelo de sol y playa. También en una inmensa bolsa de trabajadores dispuestos a aceptar trabajos precarios y temporales, ya sea porque están desempleados o porque son migrantes sin estudios.

Todo ello convierte al turismo en un recurso fácil de explotar y rentabilizar. El valor añadido de la industria turística es mínimo y su gestión es asequible, especialmente en comparación con otros sectores como el tecnológico o el de la manufactura. Aquí no hay rastro del modelo just in time al estilo Amazon o Zara ni largas cadenas de suministro. Basta con desarrollar alojamientos —un requerimiento que en el país del ladrillo es un mundo de oportunidades— y asegurar un flujo continuado de turistas.

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Eso tiene dos traducciones políticas que ayudan a explicar la adicción española al turismo. La primera es que incentiva el cortoplacismo de presidentes y alcaldes, que pueden ver durante su mandato los efectos de una promoción en el extranjero o la rehabilitación de una atracción turística, como la creación de puestos de trabajo o restaurantes llenos. La segunda es el caos institucional: al estar las competencias transferidas a comunidades y ayuntamientos, el país se convierte en un mapa de normativas inconexas y duplicidades constantes donde cada administración hace la guerra por su cuenta.

A diferencia de Francia, donde la gestión turística está centralizada, en España las regiones compiten entre sí, lo que hace casi imposible implementar sinergias o prioridades de país. ¿Por qué iba Marbella a renunciar a la celebración del Starlite, el “festival boutique de mayor duración del mundo”, para que sus turistas descubran en su lugar el patrimonio de Jaén o Córdoba? El hito de los cien millones de turistas es en realidad la suma de muchos hitos individuales, a veces con contradicciones evidentes.

En Andalucía, por ejemplo, mientras el Ayuntamiento de Sevilla se plantea cobrar por entrar a la plaza de España o corta el agua a pisos turísticos irregulares, la comunidad autónoma es la entidad que más gasta en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el evento más importante del sector celebrado cada año en Madrid. En Barcelona, apenas dos meses después de que el alcalde Jaume Collboni anunciara su plan de prohibir todos los pisos turísticos, en agosto de 2024 se celebró la Copa del América de vela, un evento dirigido a atraer a turistas de alto poder adquisitivo promovido por el Gobierno de España, la Generalitat y el propio Ayuntamiento.

Basta con darse una vuelta por los centros históricos de las principales ciudades españolas o pisar las playas del Levante en verano para ver que al sector turístico la situación se le ha ido de las manos. Gestos tan cotidianos como tomarse algo en una terraza o clavar una sombrilla en la arena se han convertido en una carrera de obstáculos, cuando no directamente en un lujo.

La proclama tourists go home corrió como la pólvora por las calles españolas en las históricas manifestaciones de 2024 y 2025. Bajo lemas como “Canarias tiene un límite”, “menys turisme, més vida” o “Málaga para vivir, no para sobrevivir”, la sociedad española pidió a gritos un decrecimiento turístico. Incluso el presidente de Melià, la principal hotelera española, rechazó el año pasado en Fitur la meta de los cien millones de turistas: “Soy extremadamente beligerante, no es sostenible seguir aspirando a crecimientos tan importantes. Hay que poner límites”.

Sin embargo, los meses pasan mientras las llegadas de visitantes internacionales siguen pulverizando récords y el turismo profundiza sus raíces en la economía española. ¿Acaso no hay un plan B?

El desafío más evidente es reubicar a esos tres millones de trabajadores en otros sectores. Y es que el turismo lo absorbe todo: desde camareros o recepcionistas hasta socorristas o camareras de piso, se trata de una industria muy intensiva en mano de obra. Y sigue sin tocar techo: desde 2020, el turismo ha creado uno de cada cuatro nuevos empleos en España, según datos de la patronal Exceltur.

El turismo, además, es la puerta de entrada al mercado laboral para muchos jóvenes y sobre todo para la población migrante. El 41% de los empleados en hostelería son extranjeros o tienen la doble nacionalidad, y en los últimos años los migrantes vienen ocupando en torno al 75% de los nuevos puestos de trabajo del turismo, según el think tank Funcas. Son, eso sí, empleos poco cualificados, a menudo temporales y mal pagados: el sueldo medio en hostelería es el más precario de todas las actividades, con un 40% de desfase con respecto al sueldo medio nacional.

Hoy por hoy, la realidad es que España está lejos de desarrollar una industria capaz de absorber ese ejército de trabajadores de salario mínimo. Una vez asumido que el turismo es imposible de sustituir, la alternativa más realista sería diluir su peso en la economía y apostar por otros caballos ganadores industriales. Es decir, congelar las llegadas de turistas internacionales para que otros sectores tiren de la locomotora española.

“Hay que empezar por contener, reducir llegadas y dejar de ampliar aeropuertos para ir hacia un modelo turístico planificado”, explica Asunción Blanco, doctora en Geografía y profesora en la Universitat Autònoma de Barcelona. “Lo que no se puede hacer es decrecer a golpe de sorpresa, recortes y austeridad, porque nos va a estallar en la cara y siempre pagan los mismos. Tiene que haber un plan de reconversión”, argumenta Blanco, que también es presidenta de la Asociación Española de Geografía.

La opción más prometedora de esa reconversión es la transición energética, en la que España es pionera. El problema es que se trata de un sector intensivo en capital y no en mano de obra. Por ejemplo, la planta solar Francisco Pizarro, situada en la provincia de Cáceres y la más grande de Europa, requirió de unos 1.500 trabajadores durante su construcción, pero ahora apenas necesita 430.

Más que en su generación, la gran oportunidad se esconde en la cadena de valor de esa energía. Es lo que se conoce como reindustrialización verde: fabricar en suelo español componentes como baterías, placas solares o aerogeneradores y al mismo tiempo traducir el despliegue masivo de renovables en electricidad barata, lo que atraería a industrias electrointensivas como la metalurgia, la siderurgia o la química.

El sector del coche eléctrico es un buen ejemplo. España ya es el segundo productor de automóviles de Europa y el octavo del mundo, y la industria aporta alrededor del 10% del PIB y el 9% de la mano de obra. Lo hace además con la tasa de productividad más alta de toda la Unión Europea: 15,5 vehículos por trabajador, frente a los 7,4 de la media europea.

Esa eficiencia, sumada a la penetración de las renovables en España —aportaron el 56% del mix eléctrico en 2025—, la agresividad de sus ayudas públicas para mantener a flote el sector y su potente red de puertos, ha llamado la atención de los gigantes automovilísticos chinos, que están invirtiendo con fuerza en la península para esquivar los aranceles europeos.

¿Podría entonces España sustituir turistas por coches eléctricos, paneles fotovoltaicos y electrolizadores? Hay dos peros. El primero es que el turismo ejerce de amortiguador social al absorber mano de obra que otros sectores rechazan, mientras que la reindustrialización verde demanda trabajadores cualificados de los que el país adolece. El segundo es que esa nueva industria busca suelo barato y despoblado, lejos del masificado e insostenible Mediterráneo español, donde el suelo es un activo financiero en sí mismo. Allí el turismo se ha enquistado sin alternativas a la vista: en las islas, Cataluña y la Comunidad Valencia su aportación al PIB supera el 20%.

Además, España ya ha desaprovechado sus dos grandes oportunidades para repensar el modelo turístico y diversificar su economía. Ni la pandemia, que hizo añicos la economía española, ni los fondos de recuperación europeos, la mayor inyección de dinero público de la historia de la Unión Europea, han reducido la adicción al sol y playa. Al contrario: el turismo en España está más fuerte que nunca y suma millones a una velocidad nunca vista.

Para la mayoría de la sociedad, los cien millones de turistas no se traducen en beneficios ni ingresos palpables. Pese a suponer el 13% del PIB, para muchos son vecinos pasajeros ruidosos que perpetúan una industria precarizada y depredadora.

Parte de esa sensación es justificada: la industria turística española ha sufrido un fuerte envite por parte del capital de riesgo en los últimos años, hasta el punto de que el fondo buitre estadounidense Blackstone es ya el mayor propietario de hoteles en España. Son inversores que buscan hoteles a precio de saldo para reformarlos, subir las tarifas y conseguir retornos muy rápidos, sin prestar mucha atención a la comunidad local o la sostenibilidad del sistema.

A ello se suma el creciente protagonismo de las plataformas digitales como Airbnb, Booking, Expedia o Tripadvisor, todas con sede en Estados Unidos, que han aumentado un 80% sus reservas en España entre 2018 y 2024, según Eurostat. Además de cobrar una comisión de cerca del 20% a los hoteles o los huéspedes, estos intermediarios se hacen con el control de las reservas y los datos de los clientes.

Ambos fenómenos, el de los fondos de inversión y el de las plataformas digitales, explican la desconexión entre el modelo turístico español y el territorio. Por eso, si el país quiere mejorar el modelo de convivencia e incrementar la aportación del turismo a la economía local, dos posibles soluciones serían controlar la proliferación de los apartamentos turísticos y gravar el turismo.

Los pisos turísticos, sin regulación, se adueñan de los barrios y carcomen su tejido social desde dentro: los turistas ya no veranean en el resort todo incluido de la playa, sino que ahora también se alojan en el piso del cuarto, tapean en el bar de la esquina y aumentan la presión sobre un parque de viviendas ya de por sí muy tensionado. La situación es tan extrema que en varias calles del centro de Málaga los Airbnb suponen una cuarta parte del parque total de viviendas. La forma de devolver la vida a los barrios es regular e inspeccionar ese entramado de pisos turísticos.

Otra es incrementar la tasación del turismo. El IVA de los alojamientos turísticos y la restauración es reducido, del 10%, o nulo en el caso de los Airbnb, por lo que buscar formas alternativas de redistribuir los ingresos turísticos es una forma de compensar su impacto. El caso de Barcelona, que cobra entre siete y doce euros por noche a los turistas según el tipo de alojamiento, es un buen ejemplo: está utilizando esa recaudación para climatizar sus escuelas.

El gran peligro de esas medidas es la elitización del turismo. Limitar el número de camas, darle más poder a los hoteles para fijar precios o aumentar los impuestos eleva el peaje económico para visitar España y expulsa a los propios turistas nacionales. El gasto medio de un viajero internacional es de 214 euros al día, frente a los 81 de uno que reside en España. Como consecuencia, los españoles cada vez viajan menos por su país y reservan más en el extranjero: una semana con todo incluido en la República Dominicana sale hoy más barato que veranear en Denia o Fuengirola.

“Es un decrecimiento fake”, sentencia Macià Blázquez-Salom, catedrático de Geografía en la Universitat de les Illes Balears: “Pensamos en el turismo como en una ola de calor, con medidas de mitigación y adaptación, cuando lo que tendríamos que hacer es reducir nuestra dependencia y mejorar las condiciones laborales”. En la misma línea se sitúa Ernest Cañada, doctor en Geografía también en la Universitat de les Illes Balears y coordinador de Alba Sud, un think tank que analiza el turismo desde perspectivas críticas: “Es una salida con un sesgo de clase muy claro. Y no hay ricos para todos”.

A nivel político sí que ha habido un cambio de discurso. El Ministerio de Industria y Turismo ha dejado de hablar de millones de turistas para poner el foco en el gasto, que crece a un ritmo superior al de las llegadas. “Nos interesa muchísimo más el valor añadido que genera la actividad turística, porque eso es lo que permite redistribuir mejor los beneficios, generar mejores salarios y mejorar la equidad”, afirmó a la prensa el ministro Jordi Hereu a principios de julio. A su modo de ver, los cien millones de turistas son la “consecuencia” de esa “apuesta cualitativa”, no una meta.

Al mismo tiempo, el Gobierno de España ha forzado a todos los pisos turísticos a solicitar una licencia y ha obligado a Airbnb a eliminar 65.000 anuncios ilegales, mientras inyecta fondos europeos de recuperación en la infraestructura turística de la España interior y se propone subir el IVA de los pisos turísticos al 21%. El plan es que los turistas elijan ir a ver aves a Extremadura o hacer cicloturismo en Asturias en primavera u otoño, en lugar de masificar Málaga o Ibiza en verano.

Sin embargo, hasta el momento las llegadas se están expandiendo por el resto de la península y el año sin descender antes ni en la costa ni en la época estival. La mancha de aceite de la saturación turística se está extendiendo en lugar de diluirse.

En el país que vendió su verano, el decrecimiento turístico sigue siendo una utopía. España importa muchos más turistas de los que puede asumir, y el gran riesgo ahora es morir de éxito. Si los turistas se encuentran una sociedad hostil, precios desorbitados y playas abarrotadas, acabarán haciendo las maletas. Para ellos, España es una desconexión del trabajo, un solárium en el Mediterráneo o un imán en la nevera. Para España, los turistas son una necesidad. Y no hay alternativa.

Metodología

Todos los datos relativos al turismo —llegadas, gasto, salarios, etc.— proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para calcular su aportación al PIB, también se han utilizado cifras de Exceltur para 2025.

Las llegadas de turistas internacionales contabilizan únicamente a aquellos viajeros que pernoctan al menos una noche en España, y excluye por tanto a los turistas de un solo día (excursionistas). Hasta 1993, el INE incluía tanto a turistas como a excursionistas dentro de la categoría “visitantes”.

Sobre la mayor presencia de turistas extranjeros que residentes en los hoteles españoles, la afirmación se basa en la encuesta de ocupación hotelera, que recoge viajes a hoteles, apartamentos turísticos, campings, casas rurales y albergues.