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¿Cómo sostener los sistemas de pensiones?

¿Cómo sostener los sistemas de pensiones?
Jubilados mirando al mar. Fuente: Franck Michel (Flickr)

Los pensionistas tienen razones de sobra para estar preocupados. El envejecimiento demográfico y el descenso de la natalidad amenazan la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en todo el mundo, y los Gobiernos parecen no haber comprendido aún la gravedad de la situación. En este contexto de incertidumbre, los jubilados verán reducido su nivel adquisitivo y las cotizaciones a la Seguridad Social no serán suficientes para sostener la estructura. La gran pregunta es quién pagará el creciente coste extra.

“Queremos pensiones dignas”. Entre guerras comerciales, brexit, incendios y extremismos, las protestas de los jubilados casi pasaron desapercibidas, pero 2019 ha sido el año en el que las pensiones se situaron en el centro del debate social en buena parte del planeta. Un fantasma cuya sombra cada vez es más alargada y que amenaza con hacer tambalear el equilibrio de las sociedades modernas.

Miles de jubilados se manifestaron en Madrid en octubre de 2019 para exigir que sus retribuciones fueran revalorizadas; el nuevo Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, ya las ha subido un 0,9%. En noviembre, Chile salió a la calle para clamar contra la desigualdad y la injusticia social, y el presidente, Sebastián Piñera, ya ha anunciado “una reforma estructural” del sistema de pensiones. En diciembre, Francia vivió el mayor paro de las últimas décadas tras el anuncio del Ejecutivo de Emmanuel Macron de un nuevo esquema de pensiones que contemplaba el incremento de la edad de jubilación. Tras 46 días de huelga, el Gobierno francés ha aprobado finalmente el proyecto, aunque a costa de un gran desgaste político.

La proporción de personas dependientes aumentará en todo el mundo en las próximas décadas, aunque Latinoamérica y el Caribe será la región que experimente un mayor aumento.

Los ejemplos de España, Chile y Francia dan muestras de la forma enérgica y unánime en la que los jubilados han respondido a los intentos de sus Gobiernos para reducir el peso de las pensiones públicas. La gran mayoría de países han optado por repartir la carga sobre la espalda de sus mayores recortando su jubilación o incentivando los planes de pensiones privados, despertando así su indignación. Sin embargo, la realidad es que estas reformas son insuficientes: el estancamiento demográfico ha echado por tierra la sostenibilidad de los sistemas de pensiones que hemos conocido hasta ahora.

Para ampliar: “El mapa del envejecimiento mundial”, El Orden Mundial, 2018

El invierno demográfico y la más que probable congelación de las pensiones

La población mundial envejece a un ritmo vertiginoso. Solo entre 2015 y 2050, la cantidad de personas con más de 60 años pasará de 900 millones a 2000 millones, esto es, del 12% al 22% del total de la población. Francia tuvo ciento cincuenta años para adaptarse a un salto del 10% al 20%, pero Brasil, China o India apenas tendrán veinte. En Europa la situación es aún más extrema: si en la actualidad hay poco más de 100 millones de personas con 65 años o más en la Unión Europea, una quinta parte de la población, en tres décadas este grupo ya alcanzará los 150 millones, muy cerca del tercio de la población.

La caída de la tasa de fertilidad y el aumento de la esperanza de vida, así como el descenso de la mortalidad infantil, están detrás de este cambio demográfico. La creciente proporción de mayores, considerada un éxito del Estado del bienestar, acarreará una serie de desafíos económicos a los que los Gobiernos deberán dar respuesta más pronto que tarde: presión a la baja sobre el crecimiento económico, reducción de la oferta laboral o costes sociales más elevados. En ese contexto, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones queda en entredicho. Cada vez habrá más pensionistas y menos trabajadores entre los que repartir el peso.

En todos los países de la Unión Europea, donde el sistema de reparto o solidaridad intergeneracional es el más común, los trabajadores afrontarán una carga cada vez más pesada.

A pesar de ello, la Comisión Europea prevé que el gasto de los Estados miembros de la Unión Europea en pensiones públicas no sufra grandes variaciones. De hecho, el porcentaje del PIB que se destinará de media a sufragar las retribuciones a personas jubiladas, viudas o incapacitadas descenderá un 0,2% entre 2013 y 2060, del 11,3% al 11,1%. El resultado de la ecuación es claro. Si el número de pensionistas aumenta, el de trabajadores no sufre apenas variaciones y los países no incrementan la inversión pública, la pérdida de nivel adquisitivo de los pensionistas se antoja inevitable. Prueba de ello es que ningún país va a ser capaz de sostener sus tasas de sustitución actuales. En este sentido, España será el país que experimente un descenso más pronunciado, concretamente del 30,4%.

La tasa de sustitución mide la forma en la que un sistema de pensiones es capaz de mantener el nivel adquisitivo de un jubilado, ya que compara la cuantía de su pensión con la del último sueldo cobrado. La tendencia en los países europeos es a que esta tasa disminuya.

El caso español es especialmente delicado. Aunque la edad mínima de jubilación se sitúa en los 65 años, la edad real con la que los españoles se retiran es de 62 para hombres y 61 para mujeres. Por otro lado, España goza de la tercera esperanza de vida más elevada del mundo, por detrás de Japón y Suiza. Ambos factores combinados provocan que los hombres y mujeres españoles reciban retribuciones públicas durante una media de 18 y 25 años, respectivamente. Se trata del periodo más prolongado en ellos y el segundo más largo en ellas, por detrás de las francesas, y aumenta notablemente la cuantía total de pensión que habrán de recibir. Todo este sistema público descansa completamente sobre las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, una estructura que arrastra dificultades para insertar a los jóvenes en el mercado laboral y presenta claros síntomas de debilitamiento.

Según los pronósticos de la Comisión Europea, Italia y Austria acompañarán a España en los tres primeros puestos de países con mayor tasa de sustitución en la UE en 2060. Sin embargo, si bien estos países también presentarán un balance negativo, las caídas no serán tan graves como en España. Su fórmula pasa por aumentar la presión fiscal sobre las empresas para financiar de una forma más sostenible las pensiones: los austriacos alimentan su pensión con aportaciones de las empresas a las cuentas de ahorro de sus trabajadores, un sistema bautizado como la “mochila austriaca”. Por su parte, Italia ha fijado las cotizaciones sociales en el 33%, cinco puntos porcentuales más que en España.

La tasa de beneficio, a diferencia de la tasa de sustitución, expresa la adecuación económica de una pensión como el porcentaje que esta supone sobre el salario medio de un país. También aquí la tendencia es descendente.

Para ampliar: “Los países con mayor y menor esperanza de vida”, El Orden Mundial, 2020

Un fenómeno global

Las pensiones preocupan en todo el mundo. Los países desarrollados son los que cuentan con los sistemas más asentados, pero no son los únicos que deben lidiar con el envejecimiento poblacional y el descenso de la natalidad. En este sentido, el Melbourne Mercer Global Pension Index realiza una comparación de hasta 34 sistemas de pensiones distintos a través de un análisis de sus beneficios y su sostenibilidad. Así, los datos de 2019 muestran que los países europeos son los mejores posicionados en cuanto a la cuantía de sus retribuciones, pero la sostenibilidad de sus pensiones queda puesta en duda. Por un lado, Italia, Austria y España reciben calificaciones muy bajas por la fragilidad de sus sistemas, mientras que los países nórdicos, acompañados de Países Bajos y Australia, se erigen como los países que han logrado alcanzar un mayor equilibrio entre sostenibilidad y adecuación, definida como la capacidad de las pensiones para mantener los ingresos de los jubilados.

Países Bajos y Dinamarca tienen los sistemas de pensiones que otorgan más beneficios manteniéndose estables. En el extremo opuesto del gráfico, Turquía, Tailandia o Argentina tienen sistemas poco sostenibles que ofrecen beneficios reducidos.

América Latina es, como de costumbre, una región que presenta muchas desigualdades en el ámbito de las pensiones. El modelo instaurado en Chile por José Piñera, hermano del actual presidente, en 1981, durante la dictadura de Pinochet, sirvió de inspiración para varios países vecinos. Este sistema se basó en lo que se conoce como “capitalización individual”, el ahorro de los trabajadores a través de fondos de pensiones que son alimentados por las cotizaciones individuales y que normalmente son invertidos para obtener mayor rentabilidad, con el riesgo que ello supone. Con el tiempo, la mayoría de países de la región, incluido Chile, fueron incluyendo mecanismos para que las cotizaciones de los trabajadores actuales financien las pensiones de los retirados, tal y como es común en Europa. México, El Salvador, República Dominicana y Bolivia son los únicos países latinoamericanos que aún mantienen el sistema inaugurado en Chile en exclusiva. El problema de las pensiones basadas en la solidaridad intergeneracional en Latinoamérica es su escaso nivel de beneficios. La excepción es Brasil, aunque en su caso la insostenibilidad y la pobreza de sus recursos fiscales constituyen el principal obstáculo.

Una alta tasa de sustitución no tiene por qué indicar pensiones elevadas si el último sueldo cobrado por un trabajador fue muy bajo, como ocurre en India o Bulgaria.

Si en América Latina el futuro de las pensiones no es muy esperanzador, en Asia la situación no es mejor. En Japón y Corea del Sur, las dos democracias más asentadas de la región, las pensiones tampoco alcanzan para llevar una vida cómoda tras la jubilación, en parte por el envejecimiento de la población y la caída en la natalidad. El Gobierno japonés se niega a subir impuestos tras la publicación de un informe en el que se advertía de que el sistema no es sostenible y que los jubilados tendrán que aportar 164.000 euros de su bolsillo para completar sus pensiones en el futuro. Por su parte, Corea del Sur es el país con menor tasa de fertilidad del mundo, un reto al que Seúl está intentando poner remedio sin demasiado éxito. Además, el Gobierno se enfrenta al problema de que su sistema de cotización para la jubilación no fue de obligatorio cumplimiento hasta 1999, por lo que no asegura siquiera retribuciones para sus mayores en un país donde más del 45% de los ancianos viven en una pobreza relativa.

Para ampliar: “El número de hijos por mujer en el mundo”, El Orden Mundial, 2019

La difícil vía intermedia entre subir impuestos y recortar las retribuciones

Ante el panorama de incertidumbre que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, dos son las posibles salidas que se han planteado a esta encrucijada: subir los impuestos, o recortar reduciendo las pensiones o extendiendo la edad de jubilación, ligándola a la esperanza de vida, por ejemplo. Hasta la fecha, la primera opción aún no ha sido implementada de forma firme, mientras que la segunda se ha topado con el rechazo frontal de la sociedad civil.

El camino a seguir en el futuro viene marcado por los éxitos de Países Bajos, Dinamarca, Australia o Finlandia, que apuestan por la vía intermedia entre impuestos y recortes: modelos mixtos en los que se combina una pensión pública mínima con planes de ahorro personal. Aquí la gran pregunta es quién debe asumir ese ahorro particular: los empleadores o los empleados. En Dinamarca, por ejemplo, existe una pensión universal no contributiva cuya cuantía no depende de las cotizaciones aportadas, sino de otros criterios como el lugar de residencia, y que se financia a través de la recaudación de impuestos; esta pensión se combina con planes de ahorro privados en los que los empleadores aportan dos tercios del total y los trabajadores el resto.

Sea como fuere, en 2019 se ha visto cómo los pensionistas pueden hacer tambalear el equilibrio político de las sociedades donde se manifiestan. Hacer sostenible la financiación de los sistemas de retribuciones públicas va a ocupar un lugar preferencial en los debates de los años venideros. A la espera de reformas que ya están llegando tarde, algunos países parecen haber dado con la tecla para asegurar un retiro digno a sus mayores, pero estos siguen siendo la excepción. Al igual que el cambio climático, el cambio demográfico es irreversible, a menos a corto y medio plazo, pero sus consecuencias pueden ser controladas si se actúa de forma urgente.

Para ampliar: “El coste del envejecimiento poblacional”, Gemma Roquet en El Orden Mundial, 2018