“Para enfrentar esas emergencias: en seguridad, en salud, en educación, en empleo y en tantas otras, Chile necesita un Gobierno de emergencia”, dijo José Antonio Kast al asumir la presidencia el pasado 11 de marzo. No era un eslogan, advirtió, sino “la realidad que vamos a vivir”. El prometido Plan Desafío 90 tenía tres pilares: seguridad, economía y control migratorio. Ese mismo día, firmó seis decretos e instrucciones que fijaron las prioridades: una Política Nacional de Cierre Fronterizo, el Plan Escudo Fronterizo bajo el liderazgo del Ejército, una auditoría interna del Estado y destrabar 51 recursos de reclamación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Para sacar todo adelante, el Gobierno de Kast se autodefinió en excepción permanente y, en sus primeras semanas, sumó la desinformación de un “Estado en quiebra”. A noventa días cumplidos, la promesa resultó en una expectativa irreal, e incluso se tradujo en el primer Gobierno desde la vuelta a la democracia en tener un cambio de gabinete antes de la cuenta pública anual del 1 de junio. Pero lo interesante no es el resultado, sino el diagnóstico que vuelve aceptable la “emergencia” y de dónde viene este manual.
Tres espejos, una misma gramática
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