Durante las últimas semanas, numerosas protestas organizadas por el mundo agrario han inundado algunas de las ciudades más importantes de la Unión Europea. El impacto de las manifestaciones, que ya han provocado cambios normativos en el seno de la Comisión Europea, demuestra la fuerza de un sector esencial para la seguridad alimentaria del bloque pero que solo supone un 1,4% del PIB comunitario y un 4,5% del empleo.
Con apenas 9,3 millones de trabajadores —la mayoría hombres con una edad media de 40 años—, y que además no están distribuidos de forma homogénea por el territorio de la Unión Europea, en el sector agrario conviven distintas realidades. Entre ellas, la del empleo temporal, que en muchos casos no entra en las estadísticas pero que en determinados momentos puede llegar a duplicar la fuerza laboral del sector.
Otro vector para entender la situación laboral del campo son los niveles de productividad, que en muchos casos permite generar un mercado más dinámico con menos trabajadores. De esta forma, en grandes potencias agrícolas de la región como Francia, Alemania e Italia, el peso del empleo agrario en la mayoría de sus territorios es muy reducido: rara vez alcanza un 6% del empleo total y en contadas ocasiones llega al 10%, teniendo en cuenta incluso los trabajos que generan la pesca y la silvicultura.
La situación es distinta en España, cuarto productor comunitario. Un país en el que el sector agrícola tiene mayor peso en el PIB —2,6%— y donde hay grandes contrastes territoriales. En Almería y Huelva, más de un 14% de los trabajadores se dedican al sector agrario, mientras que en las provincias más urbanas, como Madrid, la cifra no alcanza el 2%.
Frente a esto, sólo tres regiones de Francia superan el 10% de empleados en el sector agrario, una reducida fuerza laboral que sin embargo le basta para liderar la producción europea con el 18% del total. Mientras, España, el líder europeo en el cultivo de frutales y hortalizas, emplea más gente que el país vecino en agricultura pero tiene una productividad bastante menor.
Por su parte, los países del este de la UE, donde la productividad ha mejorado mucho en los últimos años pero aún no alcanzan los niveles de las potencias comunitarias, son los que cuentan con un mayor porcentaje de empleados en el sector agrario —cerca de una quinta parte de la mano de obra en la mayoría de las regiones—. En Rumanía, Bulgaria o Grecia la agricultura supone casi un 4% de su PIB.
El malestar en el campo y las manifestaciones de las últimas semanas se explican por varios factores, entre los que destacan la caída de los precios agrícolas y la subida del coste de la energía por la guerra en Ucrania, la fuerte regulación europea sobre fertilizantes y los tratados de libre comercio con Marruecos o Turquía. Si bien estos últimos estarían destinados a garantizar la seguridad alimentaria europea, son percibidos por los agricultores como competencia desleal, ya que sus productos están sometidos a una regulación mucho más laxa.
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Estas protestas, que no van a detenerse aquí, van sin duda a influir en la agenda política de cara a las elecciones europeas de la próxima primavera. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha aceptado frenar la normativa de reducción de pesticidas.
Sin embargo, las concesiones no van a solucionar un problema que es estructural. Uno de los principales obstáculos a los precios justos que se reclaman reside en la transformación del campo europeo, en el que grandes compañías agroalimentarias concentran la propiedad de la tierra, desplazando a los campesinos autónomos.
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De hecho, entre los años 2000 y 2012, casi cinco millones de empleos agrícolas, el 93% de ellos autónomos, se perdieron en la UE. Los gigantes alimentarios, como Carrefour, controlan la mayoría del mercado europeo, lo que les permite ejercer presión sobre los pequeños productores y abastecerse a precios mínimos.
