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“El sabor del tomate español es imbatible”. Es la respuesta de Pedro Sánchez a la exministra francesa Ségolène Royal, que aseguró que el tomate español es “incomible”. Las acusaciones de Royal incluso han sido condenadas por el Gobierno francés, que las tachó de “demagogia”, pero son un buen reflejo de la tensión que vive el campo europeo. Al mismo tiempo, Cataluña atraviesa su peor sequía jamás registrada. Son dos caras de la misma crisis del sector agrícola en Europa, una política, otra medioambiental.
Columnas y columnas de tractores han cortado carreteras en España y Europa en las últimas semanas. El descontento de los agricultores no es nuevo, pero ha vuelto a explotar entre críticas a la caída de precios, la competencia de otros países y las medidas de la UE. La crisis del campo promete marcar la agenda política de cara a las elecciones europeas de junio y más allá, porque la emergencia climática no cesa. Y sin agua, como sucede en Cataluña, no hay tomates, no hay agricultores ni tampoco futuro.
Francia, Alemania o Polonia: el campo europeo en pie
Uno de los primeros países en recuperar las tractoradas fue Alemania. Allí las tensiones comenzaron cuando el Gobierno tuvo que acordar un recorte en sus presupuestos federales que incluía reducir los subsidios al combustible agrícola y la exención del impuesto de circulación para los vehículos agrícolas. Este detonante llevó a miles de agricultores a manifestarse y bloquear vías de comunicación ya en diciembre y enero.
Francia ha sido otro de los importantes focos de protestas. La regulación europea en materia medioambiental, el hundimiento de los precios y tratados de libre comercio como los que se negocian o se han firmado ya con Mercosur, Marruecos y Nueva Zelanda han sido objeto de las quejas de agricultores y ganaderos galos. Las tractoradas se han extendido también a países como Rumanía o Grecia, donde las principales reclamaciones se deben a la escasez de ayudas y el precio de la energía, pero también Portugal o Bélgica.
Los países del Este fronterizos con Ucrania, con Polonia, Hungría y Eslovaquia a la cabeza, comparten otra preocupación: las importaciones ucranianas. Ucrania exporta toneladas de cereal a bajo coste, que entran al mercado europeo libre de aranceles para apoyar su economía en guerra. Pero esto desató en 2023 la furia de los agricultores europeos que, incapaces de competir en igualdad de condiciones con el “granero de Europa”, presionaron a sus Gobiernos para imponer restricciones al cereal ucraniano. Esta ha sido una de las razones del distanciamiento entre Varsovia y Kiev. La producción agrícola ucraniana ya es uno de los temas más espinosos de cara a la futura entrada de Ucrania en la Unión Europea.
Un sector en crisis perpetua
El campo europeo no atraviesa su momento más dulce. La agricultura, que consume cerca del 70% del agua dulce del mundo, es especialmente vulnerable a las cada vez más frecuentes sequías, inundaciones e incendios que asolan Europa. A esto cabe añadir que la regulación medioambiental, en ocasiones, choca con los intereses económicos. Así sucedió en Países Bajos cuando los intentos de limitar las emisiones de nitrógeno, entre ellas las procedentes de explotaciones ganaderas, se toparon con la resistencia de los granjeros.
Las protestas en Países Bajos cristalizaron en la creación del partido populista agrario Movimiento Campesino-Ciudadano (BoerBurgerBeweging, o BBB, en neerlandés) que en las últimas elecciones provinciales, en marzo de 2023, fue la fuerza más votada, un aviso de las protestas que recorrerían el campo europeo un año después. BBB también subió en escaños en las elecciones generales de noviembre y ahora negocia su entrada en el Gobierno, desde el que podría influir en la regulación agrícola.
Otro factor importante es la guerra de Ucrania y la crisis energética derivada. Tras la invasión rusa, el precio de los fertilizantes —de los que Rusia es el principal exportador— se incrementó de forma considerable y el coste de la energía en el sector agrícola lo hizo en un 86% con respecto a 2020. La subida de otros insumos como los productos fitosanitarios y el consecuente aumento de los costes de producción han reducido los márgenes de beneficios de los agricultores.
Todo ello ha provocado que la Unión Europea cerrara 2023 con un incremento del 2% en el precio de los productos agrícolas. No obstante, este aumento no va al productor, sino que son las grandes cadenas de distribución y las corporaciones agroalimentarias quienes se reparten el pastel. De ahí que una de las demandas recurrentes de los agricultores sea una garantía de “precios justos”.
Las protestas han puesto de manifiesto, por un lado, la crisis del modelo agrícola intensivo y la incapacidad de la Política Agraria Común (PAC). La PAC, que data de 1962 y cuyo presupuesto representa un 31% del total comunitario, no ha logrado hacer frente a problemas estructurales como la falta de relevo generacional, el éxodo rural o la transición ecológica. Mientras buena parte de las ayudas de la PAC se concentra en las manos de los grandes productores, los tratados de libre comercio y otras medidas destinadas a alcanzar mayor competitividad en los mercados globales han dejado a la agricultura familiar tradicional herida de muerte.
La ultraderecha recoge los frutos
Algunas quejas de los agricultores, como el precio de los carburantes o la creciente brecha entre el campo y la ciudad, recuerdan a los chalecos amarillos, el movimiento que puso contra las cuerdas al Gobierno francés en 2018. Pero las similitudes acaban ahí. Las protestas agrícolas carecen de la transversalidad de los gilets jaunes: son un movimiento “mucho más estructurado”, que cuenta con sus propios sindicatos y es eminentemente rural. Esto no quiere decir que los agricultores sean un colectivo homogéneo. Existen grandes diferencias en función del tamaño de la tierra, la propiedad o el tipo de explotación.
En cambio, los agricultores sí comparten un sentimiento de abandono y exclusión. Un caldo de cultivo perfecto para la ultraderecha europea y española, que han visto en las protestas una oportunidad magnífica para criticar a sus Gobiernos y difundir su agenda de cara a las europeas de junio. Las protestas de los agricultores apuntan a la contradicción de impulsar políticas verdes y al mismo tiempo permitir la importación de productos que incumplen las normativas, o al desigual reparto de ayudas de la PAC. Ante esto, la ultraderecha ondea la bandera del negacionismo climático y agita el odio contra los burócratas de Bruselas, discursos populistas que enmarañan las legítimas reclamaciones del campo.
Desde las redes sociales a las tractoradas espontáneas, pasando por las barricadas en las carreteras, las ultraderechas en Europa han tratado de capitalizar el descontento rural. En este contexto, para la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) el viento sopla de cola; las encuestas la sitúan como segunda fuerza política y podrían ganar en los tres länder que celebran elecciones este año. Lo mismo sucede con la Agrupación Nacional francesa, el partido de Marine Le Pen, quien tiene muchas posibilidades de alcanzar la presidencia en las elecciones de 2027.
La presión de los tractores ya ha logrado su primera victoria. La Comisión Europea ha hecho varias concesiones a los agricultores para aplacar el descontento. Entre ellas destacan la reducción de las cargas administrativas y la paralización de la regulación de los pesticidas. Así, se suma a las medidas anunciadas por los Gobiernos nacionales, que incluyen reducir los impuestos al combustible agrícola, aumentar ayudas o la oposición de Francia al tratado con Mercosur.
Las protestas ya han puesto al campo en el centro del debate. Si, además, se traducen en un aumento de voto a las ultraderechas a cinco meses de las europeas, se abre la puerta a un pacto entre los principales grupos de derecha en Bruselas que cambie el equilibrio de poder en Europa para los próximos cinco años.
