España es un país agrícola. Con más de 23 millones de hectáreas de superficie agraria —casi la mitad de su territorio— y una contribución al PIB nacional de 2,3%, la producción española de frutas, verduras y hortalizas es la segunda más importante de la Unión Europea. Ese liderazgo viene de la mano del regadío, que supone el 23% de la superficie cultivada y aporta hasta el 65% de la cosecha total, aunque a cambio compromete la sostenibilidad de la agricultura en España y lo hace vulnerable a las sequías que asolan con cada vez más frecuencia y virulencia la península ibérica.
La falta de lluvias ya segó el 14% de la producción agrícola española en 2022, el triple que la media europea, y está por ver aún el peaje definitivo que se cobró en 2023, el año más caluroso de la historia desde que hay registros. Son precisamente los efectos de la crisis climática, junto con el aumento generalizado de los costes —electricidad, carburantes o fertilizantes—, la brecha competitiva con los mercados extracomunitarios y la entramada burocracia de las ayudas europeas al campo —que absorben un tercio del presupuesto de la UE—, los que han motivado la huelga de la agricultura convocada en multitud de países de la Unión Europea, incluida España.
Son problemas que afectan de forma transversal a todo el sector agrícola, que también arrastra sus propios fantasmas internos: la sobrexplotación y contaminación de las reservas de agua —y que incluyen prácticas fraudulentas como los pozos ilegales— son la otra cara de la moneda de la profunda crisis del modelo agrícola extensivo, donde destaca ante todo la voracidad hídrica de unos regadíos que se han multiplicado por tres en los últimos 50 años.
Pese a esto, España sigue presentando un mapa de la agricultura heterogéneo, con importantes diferencias regionales y mucho más variado que en el resto de Europa. La tierra arable de secano —cereales en su mayoría— representa más de la mitad de los cultivos, aunque se concentra en las Castillas y Aragón, según los datos de 2018 del proyecto europeo CORINE Land Cover. Los olivares, por su parte, suponen el 12% de la superficie agraria española y destacan como el segundo tipo de cultivo más importante en España por detrás de la agricultura de secano, pero aumentan su presencia y dibujan una mancha verde predominante en Andalucía.
Algo similar ocurre en el Levante con los frutales, que a nivel nacional ocupan el 6% de los cultivos pero tiñen la Comunidad Valenciana o Murcia de tonos naranjas y amarillos gracias a las numerosas plantaciones de cítricos; o en Castilla-La Mancha con los viñedos, donde la industria del vino rivaliza con las plantaciones de secano a pesar de que en el conjunto del país suponen también solo el 6%.
Al margen de todas esas dinámicas está Galicia, donde la compartimentación de la tierra se traduce en un mosaico de cultivos en el que los datos de CORINE Land Cover no alcanzan a distinguir un tipo de explotación predominante.
A pesar de esa variedad, el campo español se está viendo afectada por una serie de problemas comunes que están limitando la rentabilidad de los cultivos, especialmente de los más pequeños. Prueba de ello es que el número de explotaciones agrarias se redujo en un 8% en el país mediterráneo entre 2009 y 2020, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Mientras, las instalaciones más grandes, aquellas que ocupan más de cien hectáreas y por lo tanto las más beneficiadas por la Política Agraria Común de la Unión Europea, crecieron un 9%. Es decir, una concentración de la producción agrícola en cada vez menos manos que además acaparan gran parte de los subsidios.
