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El pasado 1 de abril el Ejército de Israel anunció el final del asedio del hospital Al Shifa, el más grande de la Franja de Gaza. El complejo quedó inoperativo: la mayoría de sus edificios fueron dañados o destruidos, y el material médico resultó inservible. Serán necesarios grandes esfuerzos de limpieza, búsqueda y desactivación de explosivos para que pueda volver a funcionar. Asimismo, el 25 de abril, 392 cadáveres aparecieron en fosas comunes en el Complejo Médico Nasser en Jan Yunis. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo que estaba “horrorizado” y exigió una investigación internacional.
Estos ataques no son hechos aislados. Desde el 7 de octubre la OMS ha documentado 219 ataques violentos con armamento que han afectado a instalaciones sanitarias en Palestina. Pero ¿no están los hospitales protegidos por el derecho que regula los conflictos armados? Y de ser así, ¿son estos actos crímenes de guerra? La respuesta a estas preguntas no es sencilla. El derecho internacional admite excepciones a la protección de la que gozan los hospitales, e Israel las usa para justificar la legalidad de sus acciones.
Las guerras también tienen leyes
Los conflictos armados están regulados por el derecho internacional humanitario, que determina qué armamento se puede usar, qué objetivos atacar o qué personas proteger. Sus normas más conocidas son los Convenios de Ginebra de 1949. Cuatro convenios y más de 420 artículos regulan el cuidado de los combatientes heridos, la protección de las instalaciones médicas o el estatus de los prisioneros de guerra, entre otros asuntos.
Sin embargo, sólo un artículo se aplica en los conflictos armados no internacionales, aquellos en los que se enfrenta un Estado con uno o varios grupos armados organizados, como las guerras civiles o los conflictos contra grupos terroristas. El resto de las disposiciones son para los conflictos entre Estados y cuando un Estado ocupa territorio de otro. Sí existe un tratado dedicado a esta última clase de conflictos, el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, pero muchos países no lo han ratificado, incluido Israel.
La guerra en Gaza es un conflicto armado no internacional ya que enfrenta a un Estado, Israel, con grupos armados, principalmente Hamás. Por lo tanto, la ley aplicable no será un tratado sino la costumbre internacional humanitaria, salvo que consideremos que existe una ocupación militar en Gaza. Sobre esto último no hay consenso, ya que además de la presencia de tropas debe considerarse el ejercicio de la autoridad de la potencia ocupante. Desde que Israel se retiró de la Franja en 2005, el territorio lo gobierna y administra Hamás, aunque Israel mantuvo el control sobre el espacio aéreo, marítimo y de muchos suministros. Pero el consenso puede llegar si Israel decide mantener una presencia permanente en Gaza.
Los hospitales, casi siempre protegidos
La costumbre internacional, creada a partir de la práctica habitual de los Estados de ciertas conductas por su creencia de ser jurídicamente vinculante, tiene el mismo peso jurídico que los convenios. Esta costumbre determina cuál es la protección de los hospitales en un conflicto no internacional, como el de Gaza: los hospitales destinados a tareas sanitarias serán respetados y protegidos en todas las circunstancias. Sin embargo, perderán su protección si se usan para cometer actos perjudiciales para el enemigo, tales como su uso como refugio para miembros de grupos armados en buen estado de salud, como depósito de armas, como puestos de observación o como escudos para protegerse de operaciones militares.
Con todo, antes de atacar un hospital que está siendo usado de manera indebida se debe dar un aviso. Un aviso con tiempo suficiente para permitir que cese este acto perjudicial o, en el peor de los casos, para evacuar del hospital de manera segura a las personas que no son responsables de lo que está ocurriendo. Sólo entonces se podría atacar, y siempre respetando el principio de proporcionalidad. En ese caso, los daños en el hospital o el número de víctimas civiles nunca pueden ser comparativamente mayores a la ventaja militar obtenida por el ataque.
No existe un baremo fijo de qué se considera proporcional. Depende de cada situación, pero los Estados suelen fijar ciertos parámetros en sus reglas de enfrentamiento. Pese a que estas cifras suelen ser secretas, se sabe que Estados Unidos se mueve en el rango de entre cero víctimas civiles por objetivos normales hasta de quince para los objetivos de alto valor militar. En Gaza, distintas investigaciones periodísticas han señalado que Israel habría autorizado ataques contra objetivos de Hamás en los que esperaba más de cien víctimas civiles.
Sin consecuencias inmediatas, Israel no se detendrá
Israel ha justificado sus ataques a los hospitales en Gaza alegando que Hamás los usa de forma indebida. Desde noviembre, el Ejército israelí ha publicado vídeos que muestran un complejo de túneles bajo el hospital Al Shifa, el mayor de la Franja, así como armas y explosivos almacenados en su interior. Además, durante estos meses Israel ha realizado avisos previos a los ataques contra los hospitales. Sin embargo, la OMS denunció al inicio del conflicto que muchos de estos avisos se daban sin tiempo suficiente para evacuar a pacientes críticos, en cuidados permanentes o con problemas de movilidad.
Los hospitales no son los únicos edificios protegidos que han sufrido ataques en Gaza. Aquellos que se usan para el socorro humanitario, los monumentos históricos, colegios, universidades o centros religiosos gozan de una protección similar. Sin embargo, 72 mezquitas y dos iglesias fueron atacadas durante los primeros meses del conflicto, y las doce universidades que había en la Franja han sufrido ataques de Israel.
Afirmar que se está incumpliendo el derecho internacional humanitario y que por tanto se están cometiendo crímenes de guerra requiere de una investigación detallada de cada incidente con todas las garantías judiciales. Sin embargo, es una percepción que no para de crecer. Estados Unidos, el gran aliado de Israel, concluyó a principios de mayo tras una investigación que hay indicios razonables de que Israel ha violado el derecho internacional humanitario usando armas que la proporcionado. El pasado viernes, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener “inmediatamente” su ofensiva sobre Rafah. Es la tercera ronda de medidas cautelares que impone al Estado hebreo en la guerra de Gaza.
Además, la Corte Penal Internacional, que tiene competencia sobre los hechos que ocurren en Palestina desde 2014, está investigando los posibles crímenes de individuos relacionados con Israel y con Hamás en Gaza. Su fiscal ha solicitado el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, del ministro de Defensa y de tres dirigentes de Hamás. De momento la solicitud no incluye cargos relacionados con ataques a edificios protegidos, pero es probable que en el futuro la investigación incluya estos casos.
No obstante, hasta que ese momento llegue no hay muchas más formas de obligar a Israel a respetar el derecho internacional humanitario. La falta de mecanismos legales y de voluntad política internacional le permiten ignorar incluso resoluciones vinculantes, como las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia o las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin consecuencias inmediatas contra los posibles crímenes de guerra, Israel no detendrá su ofensiva en Gaza.
