Como parte de las revueltas árabes, en febrero de 2011 tuvieron lugar en Libia fuertes protestas contra el régimen de Muamar el Gadafi. Su respuesta represiva agravó un conflicto que derivó en una rebelión apoyada por la OTAN y en el asesinato del dictador. Ese apoyo de la Alianza Atlántica a las fuerzas opositoras estaba amparado por las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, por las cuales se justificaba la intervención para garantizar la protección de civiles durante los enfrentamientos.
Cuando la capital, Trípoli, cayó en agosto de 2011 en manos de los rebeldes del Consejo Nacional de Transición (CNT) y del Ejército de Liberación Nacional Libio, Gadafi y su familia huyeron. Se le intentó disuadir para renunciar y abandonar el país, pero el jefe de Estado se negó y permaneció en su ciudad natal, Sirte, hasta que esta también cayó.
Operación conjunta
El 20 de octubre, Gadafi junto con uno de sus hijos, su jefe militar —y antiguo ministro de Defensa, Abu Bakar Yunis Jabar—, un encargado de seguridad y otros fieles, trató de huir de Sirte en un convoy de 75 vehículos. Gracias a una llamada del dictador interceptada por la OTAN, un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea británica pudo sobrevolar e identificar los vehículos. Entonces, un dron estadounidense inició un bombardeó que continuaron varios jets franceses. El ataque detuvo la marcha del convoy y acabó con la vida de decenas de soldados de Gadafi, que salió ileso del asalto y se escondió en una alcantarilla con algunos guardaespaldas. Sin embargo, un grupo de rebeldes del CNT lo encontró y le disparó, hiriéndolo en la espalda y una pierna. Gadafi falleció poco después a los 69 años.
Según el Gobierno provisional rebelde de Libia, el dictador murió por heridas de bala durante el tiroteo. Sin embargo, imágenes captadas con teléfonos móviles demostraron que, ya herido, Gadafi había sido linchado por rebeldes del CNT. Tanto el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la ONG Amnistía Internacional solicitaron al nuevo Gobierno libio una investigación independiente sobre las circunstancias que habían rodeado su muerte. Asimismo, Amnistía Internacional afirmó que, de haber sido una ejecución arbitraria y en cautividad, su asesinato constituiría un crimen de guerra.
El papel de la Alianza Atlántica en la caída y muerte de Gadafi suscitó polémica, pues su mandato era proteger civiles y no cambiar el régimen político del país. China y Rusia, además de académicos y voces independientes, consideraron que se había utilizado el principio de responsabilidad de proteger como pretexto para interferir en los asuntos internos de Libia, yendo en contra del derecho internacional. Por su parte, la OTAN alegó que ignoraba la presencia de Gadafi en el convoy y que su intención era proteger a la población frente al paso de vehículos armados.
Libia continúa sumida en el caos
Cinco días después del ataque, el CNT enterró en el desierto los cuerpos del líder libio, su hijo Moatassem y Yunis Jabar, sin desvelar su ubicación para evitar peregrinaciones. El asesinato de Gadafi fue el final de su régimen y de la guerra de Libia de 2011, y el CNT asumió el mando del país de manera provisional.
La caída del régimen, instigada por las potencias occidentales, fue seguida de meses de ofensiva militar y esperanzas de un futuro democrático. Sin embargo, en el país aumentaron la conflictividad y la inestabilidad. La muerte de Gadafi evidenció la ausencia de estructuras estatales sólidas, y la comunidad internacional ha sido incapaz de contribuir a la construcción de una democracia. El Gobierno del CNT estuvo marcado por divisiones internas, y la elección de un Congreso General Nacional, con mayoría del grupo islamista Hermanos Musulmanes, no solucionó la crisis de poder. Tras pretender los islamistas perpetuarse, el general Jalifa Haftar ordenó en 2014 disolver el Congreso. Este hecho, sumado a la división entre islamistas y liberales, desencadenó una guerra civil que ha partido el país en dos.
Libia ha pasado en las últimas décadas de ser uno de los Estados con mayor calidad de vida en África —en parte gracias a sus yacimientos petrolíferos—, al desplome económico y la pérdida de servicios y derechos básicos. En ese contexto continúa el conflicto entre milicias leales al Gobierno, respaldadas por la ONU, y las fuerzas del general Haftar, que controlan la mitad oriental del país, así como la presencia de milicias tuareg y de grupos terroristas como Dáesh. Todo ello mantiene el caos institucional y el desastre humanitario en el país una década después de la muerte de Gadafi. Sin embargo, en marzo de 2021 y aún en mitad del conflicto, se estableció un nuevo Gobierno interino de unidad nacional, liderado por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibé, hasta las elecciones convocadas para el 24 de diciembre.
